domingo, 26 de febrero de 2017

XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Castilla-La Mancha "aprobada (casi notable)" con un 6.8"

El 10 de febrero de 2017 se hizo público el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. El documento, de 51 páginas, analiza la situación actual  de esta ley y su aplicación y proporciona datos de gran interés. A continuación presentamos algunas de las EVIDENCIAS que recoge el informe.

Cada día fallecen 90 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.

1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,6% de la población). De ellas 865.564 están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 348.309 (29%) están en lista de espera.


El gráfico anterior muestra cómo la lista inicial de “limbo” de la Dependencia pasó de 157.000 personas a principios de 2015 a los actuales 348.000.

La distribución actual de las personas dependientes por grados es la siguiente: 1.213.873 personas dependientes que precisan de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD), o de otros apoyos para su autonomía personal…

La Administración General del Estado solo aporta el 18% del gasto público del Sistema, y las CCAA el 82% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%. El recorte acumulado del Gobierno de España desde 2012 asciende a 3.672,2 millones de euros que han dejado de recibir las Comunidades.

En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos.

2016 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los Dependientes Moderados (julio de 2015). Pero a pesar del incremento en 69.455 beneficiarios del Sistema en 2016 (+8,7%), a este ritmo se tardaría 5 años solo para atender a la actual lista de espera. Más de 150.000 personas han fallecido en los últimos 5 años sin recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos.

Resulta especialmente preocupante que más de una tercera parte de las personas desatendidas (35%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 122.000 personas.


De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.

El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 21% del gasto público y las comunidades autónomas el 79% restante. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 3.672,2 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

El Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.


Una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley –aunque esto pueda sonar escandaloso- atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera.

Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica. Nueve Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Aplicación de la Escala.  Solo dos comunidades obtienen el notable: Castilla y León y La Rioja; recuperan el aprobado Galicia, Murcia y Extremadura y consiguen valoraciones positivas en algunos indicadores de manera significativa Baleares y la Comunidad Valenciana.

El resultado de la aplicación de la Escala de Valoración a fecha de principios de 2017:

  • 2 Comunidades destacan con calificaciones notablesCastilla y León (8,9) y La Rioja (7,9)


  • 7 Comunidades entre el aprobado y el notableAndalucía (6,8) Castilla-La Mancha (6,8) Madrid (6,1) Galicia (6,1) Murcia (6,1), País Vasco (5,4) y Extremadura (5)
  • 9 Comunidades que suspendenAsturias (4,6), Cataluña (3,9), Baleares (3,6), Cantabria (3,6), Comunidad Valenciana  Valencia (3,2), Navarra (2,9), Aragón (2.5) y Canarias (1,8).  
  • En Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el IMSERSO, el resultado es también un suspenso (4,3).

CASTILLA LA MANCHA







































PACTO POR LA DEPENDENCIA
El 14 de diciembre de 2016, coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley, los representantes de la mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados (con la sola excepción del PP y del PNV) suscribieron un pacto por la reversión, para los PGE de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la LOFCA.

Los partidos políticos firmantes, en coherencia con sus compromisos con el electorado, en el décimo aniversario de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se comprometen a:

  1. Revertir en los Presupuestos de 2017 los recortes producidos por los RD-Ley 20/2012:
  2. Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
  3. Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para establecer un modelo estable de financiación del Sistema
  4. Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006, se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento
  5. Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia


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Aplicación de la escala de valoración en el territorio
Dictamen completo
Todas las CCAA

sábado, 18 de febrero de 2017

DESHEREDADOS. Los niños con menos recursos se han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos

DESHEREDADOS

LOS NIÑOS CON MENOS RECURSOS SE HAN EMPOBRECIDO CINCO VECES MÁS DURANTE LA CRISIS QUE LOS MÁS RICOS

“Desheredados”, publicado por Save the Children este mes de febrero, ha sido elaborado con base en una serie de lecturas y entrevistas a personas expertas y, para la Parte II, a partir del análisis exhaustivo de datos oficiales y bibliografía dirigido por Lucas Gortázar y Carmen de Paz de la empresa KSNET - Knowledge Sharing Network S.L., con la colaboración de David Martinez de Lafuente y Loredana Stan. Además, se han incorporado a este informe el discurso, las demandas y los argumentos de los más de 130 niños y niñas que han participado en dinámicas de investigación acción participativa en las que han reflexionado sobre la desigualdad y la pobreza. Ellos y ellas, participantes en nuestros programas de acción social, no han sido meros objetos de investigación sino investigadores de Save the Children


España es uno de los países de la UE con más desigualdad: el 20% más rico por sus ingresos gana siete veces más que el 20% más pobre, mientras que la media comunitaria es de 5,2 veces. 
En la Unión Europea, solo Lituania, Rumanía, Bulgaria, Letonia y Estonia tienen índices de desigualdad superiores a España. 
Los menores de edad son el colectivo más golpeado por la desigualdad, según ha puesto de manifiesto la ONG Save the Children, en el informe "Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España y que ha sido presentado este martes día 14 de febrero.

El documento desgrana, en cifras, cómo se ha intensificado la desigualdad infantil de 2008 a 2015. Mientras que en los peores años de la crisis la renta de la infancia que contaba con más recursos se redujo en un 6,5%, la de los niños y niñas del 20% más pobre de la población lo hizo en un 32,1%. Esto significa que los menores con menos recursos se han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los niños más ricos.

Prácticamente 2,5 millones de niños y niñas viven en España por debajo del umbral de la pobreza. De ellos, 1.388.474 vivían en pobreza severa en 2015, según datos oficiales. Además, entre 2008 y 2015, el número de menores en situación de pobreza severa aumentó en 424.000.
             
El informe plasma también que la desigualdad en España recae más en los menores que en los adultos. Tomando como referencia el índice Gini, donde 0 es una situación de perfecta igualdad y 100 el máximo de desigualdad, la población total española se sitúa en un índice de 34,6 puntos, mientras que el índice Gini para la infancia es de 37,1 puntos. Por otro lado, mientras que la tasa de pobreza severa entre la población total en España es del 11,2%, entre los niños y niñas es del 16,7%.
La pobreza se hereda en una sociedad desigual
Save the Children puntualiza que la herencia económica y social de los padres condiciona el éxito de los niños en una sociedad desigual. "En España, un niño que nace en un hogar pobre está condenado de por vida a serlo. El Estado pone zancadillas a los que peor están. Ni las políticas públicas de protección social ni el sistema fiscal están diseñados para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza", denuncia Andrés Conde, director general de esta organización.
La riqueza y la pobreza se heredan, hoy en día, aún más, y las expectativas para los niños y niñas que se encuentran en peores condiciones no son nada halagüeñas: el informe estima que el 80% de los niños y niñas que están hoy en situación de pobreza pueden convertirse en adultos empobrecidos.
Por otra parte, el documento de Save the Children resalta que el sistema fiscal en España "no es suficientemente progresivo" para redistribuir la riqueza, ya que el 20% más pobre de la población dedica un 28,21% de sus ingresos a impuestos, solo el 10% más rico paga más, mientras que el resto de la población pagan proporcionalmente menos.
Cinco factores ligados a la desigualdad infantil
Esta organización vincula directamente la desigualdad en la infancia con cinco dimensiones: empleo, protección social, vivienda, educación y salud.
En el primero de los casos, el empleo de los progenitores juega un papel fundamental en el desarrollo de niñas y niños, ya que es la principal fuente de ingresos, sobre todo en familias con rentas bajas, vulnerables además al desempleo y la precarización. Según Save the Children, el porcentaje de menores que vive en hogares con todos sus miembros en paro ha aumentado desde 2008 hasta alcanzar el 11,8% (800.000 niños y niñas) en 2015. La mitad de los niños más pobres viven en hogares que destinan más del 40% de sus recursos a los gastos del hogar.

-En segundo lugar, el estudio resalta que la protección a la infancia en España "no está muy desarrollada y no redistribuye la riqueza entre la infancia con más recursos y la empobrecida". Entre otros motivos, destaca la poca inversión destinada a la protección social, así como la poca cobertura de las prestaciones.

En este sentido, Save the Children denuncia que el sistema español de prestaciones familiares deja fuera a 1,6 millones de niños y niñas que viven por debajo del umbral de la pobreza y que no tienen acceso a la prestación por hijo a cargo. Además, en el caso de los menores que sí reciben prestaciones, "la cuantía es tan baja que casi ningún niño o niña sale de la pobreza". Por ejemplo, una familia con dos hijos y receptora de la prestación por hijo a cargo recibe en España 582 euros anuales (25 euros por hijo al mes), mientras que en Italia, con una renta media similar a la española, serían 3.099,96 euros.

El coste de la vivienda también es un factor ligado la desigualdad infantil. En España, la mitad de los niños más pobres viven en hogares que destinan más del 40% de sus recursos a los gastos del hogar, una situación denominada "sobrecarga de la vivienda". Dicha sobrecarga se da en un 14,2% de los hogares españoles frente al 10,7% de los hogares en Europa y ha aumentado significativamente para los más pobres, especialmente en aquellos hogares con menores a cargo, que han pasado de un 46% a un 52% entre 2006 y 2014. Esta coyuntura puede derivar en una cadena de impagos, cortes de suministro y desahucios, alertan desde Save the Children, que generan situaciones de estrés y ansiedad en las familias con hijos a cargo
Una educación en igualdad de condiciones permitiría reducir muchos otros condicionantes que dificultan la movilidad social. Sin embargo, el sistema educativo español no parece estar capacitado para compensar las desigualdades con las que niños y niñas llegan a la escuela y que siguen marcando su trayectoria educativa y vital. Entre aquellos que abandonan la escuela de forma prematura, prevalecen las y los jóvenes de familias más pobres.

Otro ámbito en el que la desigualdad tiene consecuencias en los niños es el de la salud. Las condiciones y hábitos de vida son peores en los menores más pobres. Por ejemplo, el 33% sufre obesidad infantil, frente al 23% de los niños más ricos. Esta enfermedad, así calificada por la Organización Mundial de la Salud, está directamente relacionada con el sedentarismo y la mala alimentación, factores más habituales en un niño con menos recursos.

Ante esta realidad, Save the Children pide a las administraciones públicas la puesta en marcha de políticas específicas dirigidas a la reducción de la desigualdad infantil. En este sentido, reclaman que se aumente la oferta de alquileres asequibles, así como el presupuesto en políticas de prevención y promoción de la salud infantil o que se proteja a los menores que viven en hogares con todos sus miembros en paro a través de una prestación por maternidad no contributiva.



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