martes, 21 de abril de 2015

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN. Castilla-La Mancha a la cola en Equidad Educativa, según el informe de Save the Children "Iluminando el futuro. Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil"


ILUMINANDO EL FUTURO
INVERTIR EN EDUCACIÓN ES LUCHAR CONTRA LA POBREZA INFANTIL
Publicado en Marzo de 2015 por

 
Aprovechando la campaña "Semana de Acción Mundial por la Educación*", promovida por la "Coalición de la Campaña Mundial por la Educación", queremos dar a conocer el informe realizado por Save the Children sobre la relación entre la educación en la infancia y su repercusión en el futuro de los niños en materia de exclusión y pobreza infantil, arroja datos interesantes sobre la importancia que tiene la inversión en políticas educativas. 
El informe analiza los factores escolares, familiares y sociales que influyen en el acceso a la educación de las niñas y niños en España. En base a todos ellos muestra los datos concretos de cada comunidad autónoma a través de un índice de equidad educativa. Este dato permite saber a las comunidades autónomas en qué punto están y qué camino les falta por recorrer para asegurar la igualdad de oportunidades en educación.

              
El documento parte de la  base de una educación igualitaria, de alta calidad, que promueva el desarrollo emocional, social, cognitivo y físico. Se centra en las Comunidades Autónomas de España, fijando su mirada en la educación y en las políticas educativas de cada una, así como la actuación del gobierno central para garantizar la equidad para quien se encuentra en una situación de exclusión social. 

Para ello el informe se centra en dos ejes, uno en los vínculos entre el derecho a la educación y la equidad social en el contexto de pobreza en España, y otro en la equidad educativa entre las diferentes Comunidades Autónomas, para crear más tarde un Índice de Equidad Educativa.



El primer capítulo, SIN EDUCACIÓN NO HAY EQUIDAD, nos habla de las variables que obstaculizan el proceso de aprendizaje de los niños, donde se podría hablar de pobreza educativa como sinónimo de pobreza y exclusión social. Se vulnera el principio de igualdad de oportunidades y de educación gratuita cuando las familias no pueden asumir los gastos de los libros o del material, concluyendo que la situación socio-económica de las familias no debería afectar a la educación de los niños.

"Entre los nuevos retos de los sistemas educativos se encuentra garantizar que, en las sociedades donde se incrementa la desigualdad, la educación no acentúe estas diferencias sino que sirva de instrumento para compensarlas. De este modo, la palabra equidad se asocia a valores de igualdad y de justicia y el término ‘equidad educativa’ se refiere a un sistema educativo que permita que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación. No se trata de que el sistema educativo sea igualitario sino que sea justo, inclusivo y de calidad para todos los que se benefician de él. Por tanto, las políticas de equidad son aquellas que en su diseño contemplan la necesidad de compensar las cada vez más amplias brechas sociales al tiempo que dan respuesta a los problemas que hacen que determinados sectores de la población no puedan acceder a los servicios por su situación social" (p. 12).

El segundo capítulo, EL INDICE DE EQUIDAD EDUCATIVA EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, comienza el análisis de las políticas que se desarrollan en las diferentes Comunidades Autónomas, utilizando el Índice de Equidad Educativa que desarrollan. Este índice muestra quÉ áreas geográficas están alineadas con las políticas de equidad educativa que sirve para compensar la desigualdad de oportunidades entre las Comunidades Autónomas.

El fin y el desarrollo de este informe es poner de manifiesto que la promoción de las políticas de equidad educativa es la inversión social más rentable, ya que garantiza el derecho inalienable de la educación y evita que en el futuro cercano se mantengan los ciclos de desventaja social relacionados con la pobreza y la exclusión social. 

hay datos muy preocupantes que advierten de las situaciones de pobreza educativa entre
las niñas y los niños (datos desde el 2013 el 16 de febrero del 2015):

  • 35% de los niños de 15 años repiten una vez
  • 23,5% es la tasa de abandono escolar en España
  • El 22,5% de los jóvenes entre 15 y 19 años ni estudian ni trabajan
  • El 51,8% de los jóvenes menores de 25 años no trabaja
  • El 32,6% de los niños están en situación de riesgo o exclusión.
  • La pobreza se concentra en menores con edades comprendidas entre los 12-17 años, con el 37,6% y entre los 6 y los 11 años con el 32,7%.
El informe nos muestra también datos comparativos y progresivos de la pobreza en España por edades desde el 2005 al 2013 comparando datos de la Unión Europea y España. En el gráfico siguiente se puede el lugar que ocupa España en cuanto a población en riesgo de pobreza o exclusión social.



En relación a los datos extraídos de las diferentes Comunidades Autónomas a través del INE, podemos destacar el hecho de que la pobreza ha aumentado en Castilla-La Mancha un 8,1% desde el 2009 al 2013, siendo la segunda comunidad autónoma con mayor aumento de pobreza infantil siendo solo superada por Ceuta con un 9,7% y seguida de Cantabria con un 8,0%. 

Además Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma con más población de 0 a 17 años en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.







ÍNDICE DE EQUIDAD EDUCATIVA 

Este índice lo conforman 14 INDICADORES, referidos tanto en el ámbito educativo como fuera de este:





La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ocupa el lugar 14, sólo por delante de Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias y Melilla, según puede observarse en el siguiente gráfico:

Finalmente los datos que muestran este índice CONCLUYEN en que: 

1. La educación es pieza clave para romper la intergeneracionalidad de la pobreza y alcanzar la cohesión social.

2. La inversión en el sistema educativo en todos sus niveles, incluyendo la formación y la investigación, se presenta como un factor esencial para el futuro de la sociedad y sus miembros.

3. El derecho de educación como oportunidad para alcanzar el máximo desarrollo personal del niño es algo más que una plaza escolar.

4. La gratuidad de la educación en España no garantiza el ejercicio real del derecho de los niños y niñas en situación de exclusión social.

5. Las estadísticas oficiales no prestan la debida atención a la infancia y sus especificidades.

El informe finaliza realizando varias propuestas para mejorar esta situación. Algunas de las propuestas son: 

Garantizar la accesibilidad al servicio de comedor de todos los menores, garantizar centros confortables y adaptarlos para las necesidades de todos, asegurar una educación de calidad para todos los alumnos y alumnas, promocionar dentro de los centros educativos la escolarización para tratar de evitar el abandono escolar, establecer programas o actuaciones dirigidas a garantizar una Educación Infantil de calidad, tanto en la etapa 0–3 años como en la de 4 a 6, integración y acceso de los grupos minoritarios al proceso educativo.

Accede al informe completo:


http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/791/Pobreza-Equidad-Educativa-Espana_Iluminando-el-futuro.pdf




















La Semana de Acción Mundial por la Educación está promovida por la "Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación". Esta nació para que este compromiso internacional, valioso y necesario, no pasara desapercibido. Por eso, su objetivo es movilizar a la ciudadanía para que exijan a sus gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan sus promesas y se responsabilicen del destino de millones de personas a los que se excluye del derecho a la educación. La Coalición está formada por Ayuda en Acción, Educo y Entreculturas, quien asume la coordinación de la misma. Su página web: http://www.cme-espana.org/ 



sábado, 11 de abril de 2015

El impacto de la crisis en los Derechos Fundamentales: el caso de España

El informe del Parlamento Europeo sobre “El impacto de la crisis en los derechos fundamentales: el caso de España” (130 páginas) presentado el pasado mes de marzo por la Eurocámara, constata que la protección de los derechos fundamentales en España “"se ha deteriorado severamente" con efectos negativos para "la igualdad" y "la justicia social" a raíz de las medidas de austeridad tomadas a raíz de la crisis económica.
El estudio lo ha realizado la consultora Milieu, dirigida por Harry Lowett, a petición de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Cámara y analiza el impacto de las medidas de austeridad (“los recortes”) sobre derechos básicos tales como Educación, Salud, Empleo, Pensiones, acceso a la Justicia, libertad de Expresión y Asociación y Vivienda. Las conclusiones sobre España fueron elaboradas por Júlia Lladós Vila, especialista en Derechos Fundamentales y doctora en Ciencias Políticas, y Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional de la UAB.
Algunas de las cuestiones más destacadas del informe:
FRACTURA SOCIAL. Para recapitalizar parte del sector financiero, España tuvo que tomar "algunas medidas de austeridad que han conducido a un preocupante aumento de la pobreza, lo que afecta de forma negativa al ejercicio de los derechos fundamentales". Se alerta de la "fractura social" inherente y recomienda medidas para combatir la desigualdad y la injusticia social.

POBREZA. Se hace hincapié en el alarmante grado de pobreza infantil, que, según UNICEF, ha aumentado un 28% entre 2008 y 2012. Esta realidad, remarcan los autores, "podría tener un impacto devastador a largo plazo en los niños y en el país". El estudio evidencia que la austeridad no solo ha fomentado el empobrecimiento de la población, sino que, en contra del argumento esgrimido por el Gobierno en múltiples ocasiones, "ha dejado de contribuir a la recuperación económica".
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DERECHO A LA SANIDAD. El derecho a la sanidad y a la educación, dos de los servicios públicos más recortados desde el inicio de la recesión, han sido vulnerados. 
La reducción de la inversión en educación por parte del Estado, que se ha traducido en un aumento del gasto medio por hogar en enseñanza del 30,3% en 2013 con respecto a 2006, "podría llevar a una reducción de la igualdad en el sistema educativo, así como de su calidad". Esto, unido al recorte de los salarios de los profesores y el incremento de horas lectivas, el aumento de la ratio profesor–alumno y la reducción del número de docentes, "podría afectar de forma negativa al desarrollo económico y social del país a largo plazo".


El informe recomienda a España aumentar el sistema de becas y ayudas para estudiantes y familias.
En lo que respecta a la salud, el informe pone de manifiesto que la restricción del gasto público, la reducción del número de personal sanitario y sus salarios, la puesta en marcha del copago farmacéutico, el aumento de las listas de espera, la merma del número de camas de hospital o el cierre de las urgencias en centros de salud son medidas que "suponen un riesgo para la vida de las personas".
Se hace especial hincapié en el Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular. Estos recortes, remarca el informe, "suponen graves riesgos para la población, especialmente para aquellos grupos con menores ingresos y en riesgo de exclusión".
En el documento se recomienda "revisar" las reformas para asegurar que se da acceso a la sanidad también a los inmigrantes, "sin mirar su estatus legal". Si bien como sabemos se ha revisado recientemente, la medida resultante no conlleva la recuperación de la tarjeta sanitaria.
Además, hace hincapié en las diferencias en prestación sanitaria entre comunidades autónomas, lo que "plantea cuestiones sobre la eficiencia y la igualdad de este servicio".
DERECHO AL TRABAJO Y PENSIONES. La reforma laboral diseñada por el Gobierno del Partido Popular en 2012, señalan los autores, redujo los costes del despido y "tuvo un impacto doloroso en los trabajadores y sus familias, en particular en los trabajadores peor pagados y con mayor riesgo de problemas económicos".
El informe alerta de la todavía devastadora tasa de desempleo en la que está sumido el país –23,7%–; "esta situación es especialmente preocupante, ya que refleja la fragilidad de la economía española".
Un 51,8% de los jóvenes de entre 16 y 24 años no tienen trabajo y se alerta de la situación que atraviesan los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año desempleados.
En el caso del derecho al trabajo, se recomienda mejorar el acceso al crédito para los emprendedores, mejorar las ayudas para encontrar empleo de los parados y establecer un "contrato único abierto" para prevenir el desempleo, especialmente entre los más jóvenes.
En cuanto a la reforma de las pensiones, el informe recoge que existe una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas del 0,35% en 2014, una tendencia que continuará a la baja debido al hecho de que las pensiones no aumentarán más del 0,25% hasta 2019 y al mismo tiempo se prevé un aumento de los precios.
ACCESO A LA JUSTICIA. El estudio resalta el descontento surgido a raíz del aumento de las tasas y que "limitan gravemente el derecho fundamental de acceso a la justicia".
El informe pide tener en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo que llaman a reducir las tasas a la hora de interponer demandas y querellas en la primera instancia administrativa y civil.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A REUNIÓN. Se critica la respuesta del Gobierno a la creciente ola de protestas ciudadanas surgidas a raíz del inicio de la crisis, que "ha sido en gran medida represiva, abusando de las sanciones administrativas contra los manifestantes y de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía". Aunque la Ley de Seguridad Ciudadana se suavizó en su segunda versión, no lo suficiente para que se siga calificando como “ley mordaza”.

MERCADO HIPOTECARIO. El informe recuerda que la regulación del mercado hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna y a otros derechos constitucionales relacionados con ella como "la dignidad de la persona y el derecho a una tutela judicial efectiva". Critican los autores que  la dación en pago siga sin permitirse y se hace eco del gran número de desahucios que ocurren cada día en España.

Accede al informe completo (versión original en inglés):