jueves, 21 de marzo de 2013

La Facultad de Trabajo Social y diversos colectivos suscriben un manifiesto reivindicando la Renta Básica

El martes, 19 de marzo, a las 17:30 h., en el Salón de Actos de la Facultad de Trabajo Social (Edificio Melchor Cano del Campus Universitario de Cuenca), colectivos y organizaciones sociales presentaron un documento en el que se da a conocer la precaria situación de las Rentas Mínimas de Inserción en Castilla La Mancha, con un nivel de cobertura muy inferior al resto de Comunidades Autónomas (a partir de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad), y se reivindica el derecho a una Renta Básica que iguale a todas las personas en el derecho a vivir dignamente.


El texto se hizo público el día 19 de Marzo, en el marco de las actividades que esta Facultad desarrollará con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo Social.

Los colectivos que suscriben este manifiesto son:

Facultad de Trabajo Social de la UCLM

Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha

Zambra Cuenca/Baladre, Iniciativas para la acción social

ATTAC-CLM

Confederación General de Trabajadores-CGT Cuenca

Intersindical Castilla-La Mancha I-CLM

Izquierda Unida de Cuenca

Asociación AKV Familias

Ciudadanos por la República de Cuenca

Ecologistas en Acción-Cuenca

Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca

Asamblea Intercentros de Cuenca


MANIFIESTO SOBRE LAS PRESTACIONES DIRIGIDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN CASTILLA-LA MANCHA

Las organizaciones que suscriben este documento pretenden que la sociedad castellano manchega conozca la precaria situación en la que se hallan las prestaciones sociales establecidas por derecho como la última red de protección económica para las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión, además de tomar conciencia del grado de desigualdad a la que se ha llegado respecto al resto de comunidades autónomas.

Así mismo, se dirigen a la Comunidad Autónoma, competente en la materia, para que realice un importante esfuerzo en ampliar la capacidad protectora y los presupuestos destinados a proteger a las personas y familias más perjudicadas por la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, en un contexto que es incapaz de generar pleno empleo y que genera beneficios económicos para unos pocos a partir del sufrimiento y la explotación de una gran parte de la población.

Estas son algunas cifras relativas a la situación en la que se encuentran muchas familias de Castilla-La Mancha

• La tasa de paro en 2012 fue del 30,02%. Es decir, afectaba a 296.500 castellano manchegos, y la cifra sigue creciendo en 2013.

• En el 16 % de hogares (más de 115.000 hogares), todos sus miembros están en paro.

• 120 mil personas no disponen de ningún ingreso a fin de mes.

• Más de 100.000 personas llevan dos años buscando empleo en nuestra región.

• Uno de cada tres niños se encuentra en situación de pobreza (más de 127.000 niños). Se están observando casos de desnutrición infantil y una gran dificultad de las familias para afrontar gastos escolares diversos.

• Cada día, un promedio de 17 familias de la región pierden su vivienda como consecuencia de un desahucio hipotecario.

• Una de cada treinta familias (63.460 familias) están sufriendo privación material severa.

El artículo 38 de la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha establece que debe estar garantizada una Renta Básica, que define como una prestación de carácter periódico destinada a hacer efectivo el derecho a la protección social en situación de necesidad social y carencia de recursos económicos, posibilitando a las personas la cobertura de sus necesidades básicas […]. Sin embargo, la realidad es que estamos lejos de garantizar una auténtica Renta Básica entendida como un derecho individual, universal, incondicional y sin contraprestación alguna, en la que a cada persona le corresponda una cantidad económica periódica y suficiente para cubrir sus necesidades básicas materiales.

Frente a este derecho, la Administración Autonómica, a través de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales está gestionando de hecho dos prestaciones económicas para hacer frente a las necesidades básicas: el Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de Emergencia Social.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad, regulado por el Decreto 179/2002 y la Orden de 1 de junio de 2012 [2012/8711] es subvención de carácter económico, que se puede recibir en un periodo situado entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, y que oscila entre los 372 y los 536 euros al mes en función de los miembros de la familia. Es una ayuda destinada a unidades familiares que carecen de ingresos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de la vida.

Con datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes al año 2011 , sabemos que el Ingreso Mínimo de Solidaridad se halla muy por debajo respecto al nivel de cobertura e intensidad protectora que se presta en el resto de España, así como de las necesidades actuales de la región:

• Llegó a 1.973 familias de Castilla-La Mancha. Entre el titular de la ayuda y el resto de miembros de la familia, fueron 7.353 personas (tan solo un 1,32% respecto a todas las personas que en España recibieron este tipo de prestaciones).

• La tasa de cobertura fue de 0,93 perceptores titulares por cada mil habitantes. Castilla-La Mancha es una de las regiones con más alto nivel de personas bajo el umbral de pobreza (35,5%), pero se aleja mucho de la media de cobertura nacional: 4,75 personas titulares por cada mil.

• El gasto anual por perceptor fue de 1.652,31 euros, más de dos veces inferior a la media nacional (3.764,91 euros).

• Castilla-La Mancha gastó 3,2 millones de euros en este programa, muy por debajo de la inversión media que realizan las comunidades autónomas (49,5 millones) y de comunidades autónomas con similar o menor número de habitantes: Castilla y León (27,7 millones), Galicia (23,9 millones), Asturias (38 millones).

Durante el año 2012, la convocatoria de estas ayudas se realizó muy tarde (en el mes de junio), el abono a sus beneficiarios se hizo de forma irregular y con retrasos, además de agotarse el presupuesto antes de finalizar el verano. La convocatoria de 2013 se realiza el 13 de febrero, con un presupuesto de 3,4 millones de euros (un 05% más que en 2011), y se limita a las renovaciones de las ayudas concedidas y aquellas solicitadas antes del 1 de enero de 2013, lo que deja fuera a las nuevas situaciones de pobreza sobrevenidas en el presente año.

La Ayuda de Emergencia Social es otra modalidad de prestación económica destinada a cubrir gastos de alimentación, vivienda, ropa, electricidad/gas, en situaciones de urgente y grave necesidad. Estas ayudas se abonan en un pago único y el perceptor debe justificar el gasto realizado a la Administración autonómica.

En 2011, el número de perceptores fue de 3.399, que recibieron una cantidad media de 894 euros. Desconocemos el total de solicitudes que se presentaron durante el año 2012, así como el número de las aprobadas y de las denegadas. Pero lo que si se conoce es la progresiva caída del gasto en esta modalidad de ayuda, la última red para ayudar económicamente a los ciudadanos, así como que se intentó disuadir de presentar la solicitud a muchos ciudadanos.

En consecuencia, los firmantes de este documento, legitimados por la misión y las funciones de las organizaciones de las que forman parte, exigen a la sociedad castellano manchega y al gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha:

• Una regulación por Ley de una verdadera Renta Básica que responda a la realidad social de nuestra región y que iguale a todas las personas en derecho a vivir dignamente. Este tipo de prestaciones además debe estar garantizada como derecho subjetivo, exigible a la administración.

• El presupuesto destinado a Rentas Mínimas de Inserción y Ayudas de Emergencia Social debe aumentar de forma que atienda a todas las personas que lo están necesitando. En estos momentos, las familias de Castilla-La Mancha, cuando empobrecemos, sufrimos un trato discriminatorio e inequitativo respecto al resto de comunidades autónomas. Debe habilitarse una partida presupuestaria abierta y flexible, para adaptarse a las circunstancias sociales y económicas.

• La cuantía mensual para el Ingreso Mínimo de Solidaridad, o mucho mejor, para una auténtica Renta Básica no debería estar por debajo del umbral de pobreza o de otras comunidades autónomas (680 euros aproximadamente).

• La convocatoria de las ayudas debe estar abierta durante todo el año. Las solicitudes deben resolverse antes de un mes y los pagos a los perceptores deben realizarse teniendo en cuenta las situaciones de urgencia y precariedad en la que se encuentran las familias. En esta línea, es necesario ser especialmente ágil con las personas que van a perder su casa o que ya han sido desahuciados. En ningún caso, este tipo de ayudas pueden ser embargables.
• Que no se estigmatice a las personas que tienen que recurrir a este tipo de prestaciones. La mayoría de las personas no las desean, pero las necesitan. Quieren trabajar o cubrir sus necesidades básicas por sus propios medios, pero no encuentran un trabajo digno. De hecho, pagan el IVA de los productos básicos que compran, los impuestos municipales, las facturas de la luz o el gas, mientras les resulta humanamente posible. Los comedores sociales y las ayudas de las ONG´s no son suficientes ni garantizan la cobertura de las necesidades mínimas. Las Administraciones Públicas tienen que ayudar con más rotundidad a las familias, a los ciudadanos, a los niños, cuando lo están pasando mal por una situación que ellos no han generado, y que se alimenta de una injusta y creciente ineficiencia en la distribución de la riqueza.


Disponible también en
http://www.cuencaalternativa.net/2013/03/la-facultad-de-trabajo-social-y.html

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