martes, 14 de febrero de 2012

MANIFIESTO PARA APOYAR A LAS ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Las personas que participamos en el 4º curso de Grado adaptado para Diplomados/as Universitarios/as en Trabajo Social de la Facultad de Cuenca estamos muy preocupadas por las medidas que se están tomando con las organizaciones que prestan servicios sociales a las personas más vulnerables de Castilla-La Mancha.

La gestión de dichas organizaciones queda comprometida por la falta de financiación pública y se ve afectada en todas sus dimensiones. La planificación –que es el proceso básico sobre el que se sustentan- se ha visto alterada hasta el punto de que los objetivos de cada proyecto o servicio son ahora inalcanzables o de imposible ejecución. El debilitamiento y la extinción de los proyectos de intervención social está afectando a personas que hasta ahora mantenían una calidad de vida digna y unas relaciones de convivencia adecuadas a su entorno, como es el caso de personas mayores o con discapacidades en situación de dependencia, de las personas con problemas de salud mental, de las que han venido de otras partes del mundo a vivir con nosotros, de las mujeres que intentar vivir su vida lejos de maltratadores o de los niños y jóvenes receptores de innumerables presiones… entre otros grupos de personas vulnerables.

Las repercusiones sobre las condiciones de vida de estas personas también recaerán sobre el resto, sobre el conjunto de la sociedad, y exigirán de una mayor inversión de dinero público, pero no para prevenir el sufrimiento, sino para mantenerlo a raya: incremento de demandas en el sistema sanitario-farmacéutico, inseguridad en las calles, aumento de la conflictividad en las relaciones personales, negligencia y maltrato en el seno de las familias o de los centros residenciales.

Por otra parte, las restricciones presupuestarias, los reajustes laborales, así como la supresión de proyectos y servicios se están realizando sin una evaluación responsable, lo que ha dejado en estado de shock a miles de trabajadores de las organizaciones de servicios sociales que vienen desarrollando sus funciones con vocación, compromiso y humanidad, a la par que vienen percibiendo salarios que nada tienen que ver con los sectores sociales que han propiciado la crisis actual. Prescindir de personal cualificado y con experiencia es una sangría para las organizaciones que prestan servicios de proximidad y una pérdida de referentes para las personas que utilizan esos servicios.

Las emprendedoras sociales –aquellas personas que pusieron en marcha empresas o asociaciones para prestar servicios sociales y que han creado puestos de trabajo- afrontan en solitario el endeudamiento de su patrimonio, las denuncias de sus trabajadores, la presión de los proveedores y las carencias materiales para atender a los usuarios, ante la indiferencia de los responsables públicos que son los que tiene la obligación de prestar esos servicios sociales.

Las zonas rurales forman parte de los más perjudicados por la falta de financiación de los servicios sociales, en la medida que ocupan amplios territorios de la región con elevadas tasas de envejecimiento y baja densidad de población. Allí es más difícil para sus habitantes hacer uso de algunos de los derechos sociales que les amparan, pues la renta per capita es más baja, mientras que la accesibilidad y las comunicaciones requieren un sobresfuerzo. Las dificultades para fijar a la población en los pueblos se agrava sin las oportunidades de empleo que generan los servicios sociales.

Los procesos de interlocución entre responsables públicos y los diferentes sectores afectados por los ajustes están resultando muy opacos, lo que revierte en todo el sistema de servicios sociales en forma de miedo, desconfianza e insolidaridad, cuando uno de sus objetivos esenciales siempre ha sido el de promover la participación social.

Por todas estas consideraciones, pedimos un trato digno y recursos suficientes para todas las organizaciones y personas que trabajan o utilizan los servicios sociales, aplicando las normas jurídicas estatales y autonómicas que regulan nuestra convivencia y configuran un sistema público de servicios sociales.

Nos adherimos también al Manifiesto de la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y apoyamos las exigencias que plantea el Manifiesto por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha.



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