Paranoico (Black Sabbath)

He terminado con mi mujer

porque no podía ayudarme con mis ideas.

La gente piensa que estoy loco

porque siempre miro a todos mal.

Todo el día pienso en cosas

pero nada parece satisfacerme.

Creo que perderé mi cabeza

sino encuentro algo que me apacigüe.

¿Puedes ayudarme a ocupar mi mente?

Necesito alguien que me enseñe

las cosas que no puedo encontrar.

No puedo ver las cosas que dan la verdadera felicidad.

Debo estar ciego.

Gasta una broma y suspiraré,

y tu reirás. Yo lloraré.

La felicidad no la puedo sentir

y el amor para mí es muy irreal.

Y así como oyes estas palabras

que te hablan de mi estado

te digo que disfrutes de la vida.

Ojalá pudiera, pero es demasiado tarde.

Uno de cada cinco jubilados está en riesgo de pobreza relativa

Informa EAPN de Castilla-La Mancha, 25/01/2011

España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de pensionistas en riesgo de pobreza relativa, un 19,3%, sólo por detrás de siete de los otros 26 Estados que componen la UE -Letonia, Chipre, Estonia, Bulgaria, Lituania, Reino Unido y Finlandia-, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) hecho público con motivo de la reforma del sistema de pensiones.

Sin embargo, se da la circunstancia de que los jubilados del Reino Unido y Finlandia cobran mayores pensiones que los españoles. Así, la pensión contributiva media española representa el 63% de la pensión media de la UE-15, frente al 92 y 93% de los jubilados británicos y finlandeses, respectivamente.Además, los Técnicos recuerdan que las pensiones en nuestro país son "reducidas", hasta el punto de que un 77% de los pensionistas españoles no llega siquiera a ser 'mileurista', a lo que hay que añadir una pérdida de poder adquisitivo superior a la de la mayoría de países europeos más desarrollados.

En este sentido, Gestha señala que la relación de ingresos de los jubilados españoles respecto a los de aquellos menores de 65 años se encuentra por debajo de la media europea. Concretamente, la pensión de un jubilado español representa el 49% de los ingresos medios que cobran los españoles de entre 50 y 59 años.

Menor gasto en pensiones que la media europea

Por otro lado, los Técnicos de Hacienda recuerdan que el gasto en pensiones de España en proporción a su Producto Interior Bruto (PIB) es de los menores de la UE-15. Concretamente, este gasto se situó en el 8,9% durante el ejercicio 2010, frente al 10,2% de media en la UE-27.

Además, y según las estimaciones publicadas por la Comisión Europea la pasada semana, el gasto español en pensiones continuará en niveles inferiores a los de la Europa de los 27 durante al menos dos décadas más.

Mejoras en materia de pensiones

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda valoran positivamente el esfuerzo que los diversos gobiernos españoles vienen realizando en estos últimos años para aumentar la pensión media de jubilación, así como para mejorar al resto de pensiones contributivas.

A lo largo de los diez últimos años, la pensión contributiva media se elevó en casi un 60%, hasta alcanzar los 785,83 euros mensuales, con un repunte especialmente pronunciado en el caso de las prestaciones a favor de familiares (+76%), viudedad (+65%) y jubilación (+58%).Sin embargo, el colectivo considera que la negociación y aprobación de la próxima reforma de las pensiones debe realizarse "sin prisas" y respetando la concertación social y el pacto de Estado que existe acualmente en torno a esta materia. "La necesidad de quitar incertidumbre a los inversores de los mercados financieros y reducir el diferencial de la prima de riesgo de la deuda pública no justifica lo contrario", subrayan desde Gestha.

Alternativas para garantizar la viabilidad de las pensiones.

Los Técnicos de Hacienda proponen diversas alternativas para mantener la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones, entre las que destacan la creación de un sistema mixto de financiación, la mejora de la eficiencia en la recaudación tributaria a través de la lucha contra las grandes bolsas de fraude o el desarrollo de incentivos para alargar voluntariamente la edad de jubilación.

En primer lugar, Gestha recomienda introducir una parte de la recaudación de impuestos en el sistema de pensiones, además de las cotizaciones sociales. A su juicio, esta medida permitiría financiar con impuestos casi 5.400 millones de costes administrativos de gestión anual de la Seguridad Social.

En segundo lugar, los Técnicos abogan por mejorar la eficiencia del gasto público y la reducción de la economía sumergida, especialmente en la lucha contra el fraude laboral, con el fin de atajar el endeudamiento de las Administraciones Públicas y aliviar las tensiones en el coste de la deuda pública.

Para Gestha, el Ministerio de Economía y Hacienda "debería convertir la lucha contra la economía sumergida en una prioridad, en lugar de exigir sacrificios a los trabajadores y pensionistas", puesto que "el verdadero lastre de las cuentas públicas es la evasión fiscal de más de 88.000 millones de euros cada año ".

Convergencia de la edad legal y real de jubilación

Entre los años 1991 y 2008, la tasa de supervivencia de los españoles mayores de 65 años se incrementó en 2,4 años, situación que, a juicio de los Técnicos, "no justifica por sí misma la necesidad de aumentar la edad real de jubilación hasta los 67 años".En su lugar, el colectivo aboga por acomodar en esos dos años la edad real de 63,27 años a la edad legal de jubilación.

Para lograrlo, Gestha propone articular incentivos para el alargamiento voluntario la edad de jubilación, limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios y disminuir los coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

Los dependientes moderados aún esperarán meses por sus ayudas

El Gobierno no ha aprobado el decreto con las prestaciones que la ley preveía para enero - Las comunidades tendrán hasta julio para eludir la retroactividad

Publicado por Carmen Morán en El País de 26/01/2011

Los dependientes moderados que solicitaron sus ayudas hace más de seis meses deberían haber empezado a recibirlas el 1 de enero. No ha sido así, ni lo será inmediatamente. Las previsiones más optimistas de los responsables autonómicos de esta ley indican que muchos no recibirán sus ayudas hasta el verano. El calendario de la Ley de Dependencia establece que los dependientes leves entran en el sistema el 1 de enero de 2010. Y así lo ha repetido el Gobierno innumerables veces. "No renunciamos a la ley, los dependientes moderados recibirán sus ayudas a partir de enero", dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, en octubre tras la reunión con los consejeros y en otras ocasiones.

Pero no va a ser así. Para empezar, porque el Gobierno aún no ha aprobado el decreto en el que se detallan las ayudas que estas personas pueden percibir, aunque ya se conocen, porque se acordaron en octubre. El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará ese decreto, pero después las comunidades tendrán que adaptar sus normativas. El calendario seguirá corriendo.

En una de las reuniones con el ministerio, las comunidades preguntaron qué plazo tenían para resolver estos expedientes y el Gobierno contestó que sus servicios jurídicos indicaban que seis meses a partir del 1 de enero. Como ocurre en otros procedimientos administrativos y como está determinado para el resto de los dependientes, los severos y los graves. Pero muchos de los más de 130.000 dependientes reconocidos están ya valorados como moderados desde hace meses o años, por tanto, su solicitud se cursó hace tiempo y, supuestamente, el 1 de enero tendrían que haber hecho "efectivo el derecho a las prestaciones", como indica la ley. Sin embargo, pasarán a engrosar la ya abultada lista de espera durante algún tiempo.

En plena crisis, contar con estos seis meses supone un alivio económico para las comunidades y para el Gobierno, pero de nuevo una frustración para aquellos a los que tantas veces se les repitió que en enero adquirían su derecho. Si las comunidades sobrepasan esos seis meses, aquellos a los que se les conceda una ayuda económica tendrían que cobrar atrasos a partir de junio.

"Esto supone un aplazamiento administrativo para dar tiempo a que nos organicemos y también por la disponibilidad de recursos", opina un dirigente de una comunidad. "No creo que hasta junio entren en el sistema, sinceramente", reconoce.

Otras comunidades consultadas se quejan, sin embargo, de que el decreto que debe aprobarse aún no haya salido, porque dilatar ese trámite, dicen, llevará al atasco meses más tarde.
Ni siquiera está habilitado el sistema informático para ir introduciendo los datos de estos nuevos beneficiarios, más allá de su valoración.

Para colmo, las elecciones municipales y autonómicas se cruzarán en el camino esta primavera. Las consultas electorales nunca han ayudado al desarrollo de la Ley de Dependencia. Esta vez ocurrirá parecido. Eso, unido a la crisis, parece haber provocado un aplazamiento encubierto de la ley, o al menos, los plazos previstos parecen contar con la complacencia de muchos de los dirigentes que han de implantarla. Las comunidades preguntaron y el Gobierno respondió: el plazo son seis meses a partir de enero. En ese periodo no hay que pagar atrasos. Si se tiene en cuenta el número de moderados que ya están reconocidos y las prestaciones económicas, que recibirían alrededor de un 60% de ellos, el ahorro puede ser de unos 88 millones de euros. Cada beneficiario habrá perdido unos 1.000 euros si estos meses pasan en blanco.

El Gobierno niega que la ley esté aplazada. "No hay nada parado, el decreto se aprobará el viernes, después de haber pasado por el Consejo de Estado. A partir de ahí cada comunidad tendrá su velocidad y actuará según su criterio. No es más que un retraso administrativo como cualquier otro", dijo ayer la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez.
Otros entienden todo lo contrario: "Es un aplazamiento encubierto de la ley, a costa de un derecho subjetivo que tienen reconocido los dependientes. Hubiera sido más valiente aplazar la ley y punto", dijo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Lo indignante es que los nuevos titulares de derecho tengan que someterse a nuevas esperas", aseguró.

Los atrasos, en los tribunales

La semana pasada, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a una familia en contra de la Generalitat catalana. El Supremo dio por firme la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establecía el pago de los atrasos de las ayudas por dependencia desde el 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, a pesar de que los primeros decretos y normativas que la regulaban no llegaron hasta abril de aquel año. Si el criterio es el mismo, cabe esperar que los dependientes que quieran recurrir ahora a los tribunales podrían también cobrar sus atrasos desde el 1 de enero de 2011, que es cuando el calendario da entrada a los dependientes moderados. Pero para ello habrá que ir a los tribunales, un proceso costoso y largo que muchos afectados no pueden ni quieren emprender.

Por ahora, son los Ayuntamientos los que están afrontando las reclamaciones de los ciudadanos que esperaban sus ayudas este mes. No saben a qué atenerse. En realidad no pueden hacer nada hasta que no se aprueben los decretos. Cuando eso ocurra, las comunidades actuarán según su criterio, como han hecho siempre con esta ley: unas podrían pagar desde que el beneficiario cursó la solicitud (un extraño caso de generosidad), otras desde que se les resolvió el expediente y se les prescribió la ayuda, o desde el 1 de enero, y otras, nunca. Porque las reuniones entre los consejeros y el Gobierno, previstas para acordar y unificar procedimientos, no suelen alcanzar esos objetivos. O no se cumplen.

Las ayudas para el grado I, nivel II

Los dependientes moderados (grado I, nivel II) entran en el sistema el 1 de enero de 2011. Las ayudas que pueden percibir son las siguientes, según el acuerdo del Consejo Territorial (Gobierno y comunidades) de 28 de octubre:

- Económicas. Si se trata de una ayuda para pagar un servicio pueden recibir 300 euros mensuales. Si es para el cuidador familiar, 180.

- Servicios. La ayuda a domicilio se extenderá entre 21 y 30 horas mensuales y 25 horas semanales si se trata de un centro de día.

- Autonomía. La promoción de la autonomía personal también tiene regulada la intensidad del servicio. Se dedicará a ello entre 20 y 30 horas mensuales o un mínimo de seis horas para la atención temprana. Los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional contarán con un mínimo de 15 horas mensuales.

Un ejemplo de la realidad madrileña, en el blog "No es Madrid para viejos"

Para seguir los desafueros que está causando la deficiente aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid existe un blog interesante y comprometido, que se llama "No es Madrid para viejos":
http://noesmadridparaviejos.blogspot.com/

En una de sus entradas, nos encontramos con el siguiente testimonio, aparecido en una Carta al Director del diario Público

Problemas en la aplicación de la Ley de Dependencia

Mi padre sufre alzhéimer desde hace cinco años y actualmente se encuentra en una residencia privada. Hemos solicitado la ayuda a la dependencia de la Comunidad de Madrid, cumplido los innumerables trámites (solicitud, informes, valoración, etc.) y por fin, después de más de 12 meses, nos han dado la resolución. Como mi padre tiene grado 3, ya que no se puede valer por sí mismo para realizar tareas cotidianas, el recurso asignado es una residencia.

Al cabo de otros tantos meses, puesto que este procedimiento es muy lento, nos llaman para concretar la residencia en la que tiene plaza mi padre. A la semana siguiente nos llama la trabajadora social de la residencia explicándonos que no es cierto que mi padre tenga plaza allí, que primero tienen que volver a valorar si lo que tiene es alzhéimer o no.

No sé si en la Dirección General de Dependencia saben realmente en qué consiste esta enfermedad y cómo afecta a los familiares.Mi madre está destrozada después de comprobar que lo que en un principio era una buena noticia se ha convertido en un disgusto más, en una angustia más, en una preocupación nueva al tener que trasladarle para que le vuelvan a valorar sin ni siquiera garantizarle la plaza.

Guadalupe Ayala Fragoso Las Rozas (Madrid)

Eve Ensler: Abraza a tu chica interna

"Pienso que todo el mundo ha sido criado para no ser una chica" [...] "De hecho, pienso que ser una chica es tan poderoso que hemos tenido que entrenar a todos para no ser eso"...

ANA LIMA NOMBRADA ASESORA DEL CONSEJO DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD.

El 14 de diciembre de 2010, Ana Lima -Presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de Trabajo Social- fue nombrada asesora del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, asistiendo el día 15 de diciembre al plenario celebrado en el Palacio de la Zarzuela, donde le dio la bienvenida Su Majestad la Reina.

El Consejo lo preside Su Majestad la Reina como Presidenta de Honor, la presidencia la ostenta la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y las vocalías están formadas por los Ministros y Ministras de Justicia, Economía y Hacienda, Fomento, Educación, Ciencia e Innovación y Trabajo e Inmigración; además de todos losPresidentes y presidentas de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Por otro lado lo conforma el secretario y director técnico del mismo y hasta un máximo de hasta diez portavoces de lascomisiones de expertos nombrados por periodos discrecionales desde los ámbitos municipales, de organizaciones representativas de personas con discapacidad y entidades científicas. En la actualidad existen dos asesores del Consejo del Real Patronato: Ana Isabel Lima Fernández y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El Real Patronato sobre Discapacidad es un Organismo Autónomo con personalidad jurídica plena y autonomía para obrar en función de lo establecido en su Estatuto. Entre los fines del Real patronato se encuentran:

• Promover la aplicación de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos al perfeccionamiento de las acciones públicas y privadas sobre discapacidad en los campos de:
o La prevención de deficiencias.
o Las disciplinas y especialidades relacionadas con el diagnóstico, rehabilitación y la inserción social.
o La equiparación de oportunidades.
o La asistencia y la tutela.

• Facilitar, dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el intercambio y la colaboración entre las distintas Administraciones públicas, así como entre éstas y el sector privado, tanto en el plano nacional como en el internacional.

• Prestar apoyos a organismos, entidades, especialistas y promotores en materia de estudios, investigación y desarrollo, información, documentación y formación.

• Emitir dictámenes técnicos y recomendaciones sobre las materias propias de su ámbito de actuación.

El Real Patronato cuenta con la colaboración de varios centros que desarrollan actuaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos del mismo, estas son:

• SIIS – Centro de documentación y Estudios (Boletín y página WEB CEDD)
• CESyA-Centro Español de Subtitulado y audiodescripción
• CENTAC- Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad
• Observatorio Estatal de la Discapacidad (WEB, boletín de OED.)

Por otro lado mantiene convenios de colaboración para la realización de actividades con diversas entidades de España e Iberoamérica, promueve la realización de estudios con el fin de cumplir la función de apoyo a la investigación de materias relacionadas con la discapacidad y otro tipo de actividades vinculadas al cumplimiento de sus fines, como el apoyo a la convocatoria del Premio Reina Sofía de promoción de la inserción laboral de Personas con Discapacidad.

En el Plenario intervinieron Dña. Leire Pajin Ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Consejeras/os y Viceconsejeras/os representantes de las diferentes Comunidades Autónomas y representantes de diversas organizaciones como la FEMP, CERMI, ONCE…. En la sesión se desarrollo un análisis exhaustivo de las acciones puestas en marcha desde la administración publica en sus diferentes niveles y se debatió y reflexionó sobre las necesidades y propuestas realizadas desde todos los miembros de la comisión para la mejora de las mismas.

La intervención de Ana Lima se centró en la presentación pública como asesora y la exposición sobre la contribución del trabajo social al ámbito de las políticas sociales en general y en el ámbito de la discapacidad en particular.

Ana Lima expuso el apoyo absoluto a las personas con discapacidad y a sus familias para ello partió del compromiso adquirido desde losprincipios éticos de la actividad profesional en cuanto a la igualdad antológica de todas las personas, los principios políticos, como la ciudadanía democrática y la universalización de los derechos sociales y los principios económicos, como espacio para conseguir bienes y como inserción sociolaboral.

Es decir, el compromiso para contribuir a posibilitar la capacitación de las personas para la incorporación como ciudadanos, la mejora de su inserción social en el ámbito económico y el logro de una mejor distribución de los recursos disponibles, optimizando su rendimiento y mejorando su distribución.

Por otro lado se comprometió a llevar al Consejo del Real Patronato las consideraciones y propuestas de los más de 40.000 profesionales de la intervención social, trabajadores y trabajadoras sociales colegiados que trabajan en los distintos ámbitos de la intervención(salud, educación, servicios sociales, vivienda, penitenciarias…) en entidades de la administración pública, iniciativa social, empresas privadas etc. de los tres niveles de la organización territorial tanto local, como autonómica y estatal.

Con ello se favorece la validez del papel macrosocial de las estructuras colegiales como interlocutores válidos de las políticas sociales y se apoya al desempeño de la necesidad de supervisión del cumplimiento y desarrollo de las medidas que se aprueban y ponen en marcha destinadas al cumplimento de los fines del Real Patronato desde la visión microsocial del conocimiento cercano a las personas y próximo de la realidad que tienen en gran medida los profesionales del trabajo social.

Para más información:
http://www.cgtrabajosocial.es/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=1

¡Indígnese usted!

por Federico Mayor Zaragoza en su blog “La fuerza de la palabra”

Stéphane Hessel acaba de publicar un librito -excelente idea para la difusión de mensajes de gran calado- en el que nos invita a no resignarnos, a indignarnos.

Ya lo ven: la colección está dedicada a "los que caminan a contraviento", nombre que se dió a los Omahas, pueblo indio de Norteamérica cercano a los Sioux.

Stéphane Hessel, a los 93 años, en su "última etapa", reclama, volviendo a sus raíces, un compromiso público de resistencia, de defender la dignidad humana en todo momento, de no ser testigos impasibles y adormecidos.

"Necesitamos, hoy más que nunca, los principios y valores que nos guiaron y debemos velar juntos para que nuestra sociedad no abdique de los mismos". Y menciona el tratamiento a los inmigrantes, los logros de la seguridad social, el inmenso peligro de unos medios de comunicación en manos de los más acaudados...

Y sigue: es imprescindible "la instauración de una verdadera democracia social y económica, en la que los intereses particulares se subordinen al interés general”... y se asegure la “libertad de prensa, su labor de independencia en relación al Estado, los poderes económicos y las influencias extranjeras"...

Si hay una persona con autoridad moral para hacer estas reflexiones y ser escuchado es Stéphane Hessel, el único co-redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vive, lúcido, que nos llama, por el apremio de los años y las circunstancias actuales, a la "insurrección pacífica". ¿Fue él quizás quien en el 2º párrafo del preámbulo de la Declaración Universal escribió que los seres humanos pueden verse "compelidos" a la rebelión?"

"La indiferencia, advierte, es la peor de las actitudes". Debemos reaccionar.

Liberado a última hora de los campos de concentración de Duchenwald y Dora, Hessel nos da la lección suprema de su imparcialidad cuando confiesa que su "principal indignación la constituyen hoy Palestina, la Banda de Gaza, Cisjordania... donde el ejército israelí ha actuado de manera absolutamente condenable: 1.400 muertos del lado palestino frente a 50 heridos del israelí... Que los judíos perpetren crímenes de guerra es inadmisible", concluye.

Y añade: "Estoy convencido de que el porvenir pertenece a la no-violencia, a la conciliación entre culturas distintas".

“A quienes construirán el siglo XXI les digo con gran afecto: crear y resistir. Resistir es crear".

Al acabar de leer estos mensajes tan oportunos, he pensado en la sabiduría de mi madre, que me aconsejaba descansar lo justo y dormir lo imprescindible para aprovechar el misterio de la vida, cuando a finales de los años 40 (tenía yo 16) me recomendaba: "Si quieres ser feliz, no aceptes nunca lo que consideres inaceptable".

Sí: ¡indignémonos!

"No tengamos tanta paciencia", decía José Saramago.

Gracias, Stéphane Hessel: ojalá viva todavía cuando se inicie la insumisión pacífica que preconiza.

Aunque, esté donde esté entonces, sentirá la brisa de nuestra gratitud.

Visión global de la discapacidad con el “Informe Olivenza 2010”

El Informe Olivenza 2010 es un extenso documento, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, en el que se examina detenidamente la situación de las personas con discapacidad en España. El período de referencia del informe es el bienio 2008-2009, aunque también se incluyen, cuando ha sido posible, datos referidos a 2010, pues se ha querido actualizar al máximo la información incorporando las novedades que se han ido produciendo mientras se estaba elaborando el informe.

Este informe se estructura en cuatro capítulos monográficos, en los que se abordan a fondo cuatro aspectos clave de la realidad del sector de la discapacidad:

El primero capítulo recoge las estimaciones cuantitativas y el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad en España según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008). El capítulo comienza con una breve introducción, en la que se referencian las operaciones estadísticas que, en relación con la discapacidad, se han realizado en nuestro país, además de dar noticia de los estudios e informes que se han publicado basándose en esas fuentes. Un segundo apartado presenta el marco conceptual y metodológico de la encuesta. A continuación se recogen los principales resultados, referidos tanto a personas con discapacidad residentes en hogares familiares como a personas con discapacidad residentes en centros. Por último se incluye un índice de tablas y gráficos que facilita la consulta de los datos presentados.

En el segundo capítulo se aborda un análisis sobre la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese análisis se dedica especial atención a la regulación de los derechos de la personalidad jurídica y de la capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad, en relación con el modelo de asistencia o apoyos en la toma de decisiones que propugna el artículo 12 de la Convención.

El tercer capítulo versa sobre los retos y oportunidades en materia de empleo de las personas con discapacidad. Se analiza la Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, que refleja el compromiso compartido de mejorar la calidad en el empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, y los avances que se han producido como resultado de su aplicación. Entre estos avances destacan la aprobación de un plan extraordinario de mantenimiento y fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad que se instrumenta a través de una serie de subvenciones y ayudas, el incremento de la cuota de reserva en el acceso al empleo público, la aprobación de modificaciones impositivas que benefician a las personas con discapacidad tanto en los impuestos directos como en los indirectos, la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, la regulación de la jubilación anticipada para personas con discapacidad con determinadas patologías, y el mantenimiento y refuerzo de los incentivos a la estabilidad en la contratación de las personas con discapacidad en la reforma laboral llevada a cabo en 2010.

El cuarto capítulo aborda el desarrollo y aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Las diferentes valoraciones que, en los tres primeros años de implantación de la LAPAD, han realizado expertos, agencias públicas y organizaciones sociales han destacado como principal virtud de dicha ley el avance significativo que supone en la protección social española el consolidar derechos subjetivos y universalizar la cobertura, dando respuesta a las necesidades de atención que tienen las personas que requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos. Es la primera vez que desde el ámbito de los servicios sociales se garantiza un derecho de la misma forma en que se garantizan los servicios educativos, las prestaciones sanitarias, y las pensiones en nuestro país: los requisitos están definidos, los servicios y prestaciones a los que se tiene derecho están determinados, y existe un procedimiento formalizado de valoración y reconocimiento del derecho que termina en una resolución susceptible de ser recurrida. Sin embargo también se han señalado una serie de problemas de aplicación práctica que han surgido en el desarrollo de la LAPAD y en relación con los cuales se han formulado propuestas y recomendaciones para su adecuado desarrollo y efectiva aplicación. En este capítulo se reflejan esos análisis y propuestas, junto con los datos de implantación del SAAD, los acuerdos alcanzados por el Consejo Territorial del SAAD, órgano rector del sistema e instrumento que coordina las relaciones entre la Administración y las comunidades autónomas, así como la evolución de la normativa estatal y autonómica en este ámbito.

En la sección final del informe se recoge una crónica informativa de la discapacidad en los años 2008, 2009 y 2010, y una selección de indicadores sobre prevención de deficiencias, educación especial y alumnos con necesidades educativas especiales en enseñanzas no universitarias, prestaciones económicas para personas con discapacidad, Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y accesibilidad al transporte público y a los contenidos audiovisuales de la televisión en España.

Para acceder y descargar los contenidos del informe:

http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/productos/informe_bienal

Conferencia de Arcadi Oliveres, economista español y un reconocido activista por la justicia social y la paz

Comité de Ética de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha

La Orden de 22/12/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, crea el Comité de Ética de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha. [2010/21659]. Ha sido publicada en el DOCM del 4 de enero de 2011.

A pesar de la posible distancia entre la bioética clínica y algunos temas de ética en intervención social, existen numerosas cuestiones fronterizas que aconsejan su tratamiento integral, por cuanto comprometen valores, derechos, principios y actitudes comunes a la atención social y sanitaria. Tanto los profesionales y entidades que gestionan los servicios sanitarios, como los sociales, deben orientar su actividad de manera que se garantice especialmente la dignidad de las personas, su bienestar y el respeto a su autonomía e intimidad.

Por todo ello se considera conveniente crear un Comité de Ética de Salud y Bienestar Social, con la finalidad de dotar a las personas y a las organizaciones prestadoras de servicios sanitarios y sociales de un recurso para facilitar la toma de decisiones basadas en valores éticos, generar conocimiento y orientaciones para la asistencia e intervención, así como contribuir a generar buenas actitudes y buenas prácticas que sirvan de marco para orientar la actividad de los profesionales de los servicios sanitarios y sociales.

De este modo, el Comité de Ética de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha se configura como un órgano colegiado de carácter consultivo con funciones de asesoramiento y orientación, que incorpora a personas del ámbito de las ciencias humanas y sociales, de la salud, del derecho y de la filosofía, del campo de los consumidores y usuarios, así como a profesionales de la Administración sanitaria y social y a miembros de la sociedad civil destacados por su labor en defensa de iniciativas sociales.

Se pretende con ello dotar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de un órgano que, con una composición multidisciplinar, esté facultado para emitir informes, recomendaciones y realizar estudios sobre aquellas cuestiones éticas que tengan una especial repercusión en los ámbitos sanitario y social.

El Comité de Ética de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha tiene las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento, mediante la emisión de los correspondientes informes, a la Administración regional en la toma de decisiones ante problemas éticos en el ámbito sanitario y social.

b) Elaborar estudios, protocolos u otro tipo de documentos sobre aspectos éticos de la atención sanitaria y social.

c) Promover actitudes y buenas prácticas a través de la emisión de recomendaciones en garantía de los derechos y deberes de las personas en la esfera social y sanitaria.

d) Promover la formación, el debate y la inclusión de la ética como elemento de calidad en la práctica profesional de los servicios sanitarios y sociales. A tal efecto, el Comité podrá promover la organización de jornadas y encuentros, así como la difusión de publicaciones que avancen en los conocimientos de este campo.

e) Apoyar a los comités de ética asistencial de los servicios sanitarios y sociales cuando éstos precisen un criterio más elaborado y fundamentado en asuntos de alcance general o de especial trascendencia sobre los que estén trabajando.

f) Informar a los Colegios Profesionales relacionados con la salud o el bienestar social cuando lo soliciten.

g) Establecer relaciones de colaboración con órganos que realicen funciones análogas dependientes de otras Administraciones Públicas.

h) Elaborar una memoria anual de actividades que se elevará a la persona titular de la consejería competente en materia de salud y bienestar social.

i) En general, cualquier otra que le sea atribuida por norma legal o reglamentaria.

El Comité de Ética emitirá sus informes sobre cuestiones relacionadas con la bioética de oficio o a solicitud de los siguientes órganos:

a) Cualquier Consejería de la Junta de Comunidades, a través de su titular.

b) Los órganos centrales y periféricos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a través de su Director Gerente.

c) Los comités de ética asistencial de los servicios sanitarios y sociales, a través de sus Presidentes.

d) Los Colegios profesionales, a través de sus Presidentes.

e) Cualquier entidad de carácter territorial o institucional que dependa de la Administración Regional, a través de su Presidente o Director.