lunes, 24 de octubre de 2011

Los trabajadores sociales se ofrecen para mediar en los desahucios

Diseñarían un plan para reflotar la situación de las familias si se consigue paralizar los embargos hipotecarios


Publicado por CARMEN MORÁN en El Pais del 21/10/2011

Los trabajadores sociales proponen al Gobierno que modifique "ligeramente" un par de leyes, la ley concursal y la hipotecaria, de tal forma que permitan a los jueces paralizar los embargos hipotecarios para que las familias afectadas puedan seguir viviendo en sus casas mientras los servicios sociales reflotan su situación económica. "Se trata de familias que no están en riesgo de exclusión, pero que pueden estarlo si se les echa a la calle de un día para otro. Los servicios sociales siempre han desempeñado tareas de mediación familiar de tal forma que podríamos ayudarles a remontar su situación para que puedan seguir pagando la hipoteca", ha dicho hoy Luis Barriga, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La red de servicios sociales públicos, con un trabajador social en cada pueblo es extensa y no necesitaría "más que reforzarse un poco" para atender estas situaciones de quiebra sobrevenida. Además el Parlamento ya aprobó estudiar la figura de un mediador para estas familias, solo que la legislatura concluyó. "La mediación entre las familias y los acreedores no requeriría ingresos adicionales, pero sí una buena redistribución de los que se tienen. Durante el periodo de mediación los recursos sociales para esas familias serían prioritarios", ha explicado Barriga.

Los trabajadores sociales pueden determinar cuándo se trata de deudores de buena fe, pero necesitan "tiempo para ello", por eso insisten en que los jueces tendrían que suspender el embargo mientras elaboran sus informes y ponen en marcha sus planes. "Esta cuestión debería ser prioritaria en el nuevo Parlamento que se forme tras las elecciones", ha dicho.

Cuando se trata de una empresa que entra en quiebra, en ocasiones no se permite embargar la fuerza productiva, la maquinaria, por ejemplo, para que sigan trabajando y ganando dinero y tiempo para pagar a los acreedores. "Con la vivienda no ocurre eso porque se trata de un derecho, y paradójicamente, por ser un derecho, pueden embargárselo".

La Asociación de Directoras y Gerentes, que hoy está reunida en Madrid, recordó que hay más de 94.000 ejecuciones hipotecarias. "Esto podría acabar afectando a un millón de familias", dijo Ana Lima, presidenta del Consejo Nacional de Trabajadores Sociales.

La asociación ha pedido, además un pacto para no dejar desatendidos a las personas más vulnerables en tiempos de crisis. "O se reforma la Constitución o se establece un pacto, no puede ser que la renta básica, que perciben los que se han quedado sin nada tenga 17 modelos en España", ha explicado Gustavo García Herrero. También han solicitado un cambio en el modelo de financiación de la Ley de Dependencia para que sea el coste del servicio que se presta lo que determine la cantidad que paga el Gobierno, y no la gravedad de la persona dependiente. "No hay que modificar la ley, solo un decreto", han explicado.

Por último, han recordado "las enorme cantera de empleo no deslocalizado que suponen los servicios sociales". "Por cada millón de euros invertidos se generan 30 puestos de trabajo, cuando la media en otros sectores es de 17. Invertir en política sociales es rentable", ha recordado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Ana Lima ha dado a conocer también el manifiesto de la recién constituida Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en el que se pide que se "garantice la igualdad de acceso y la universalidad de los servicios y de las prestaciones en el marco de un desarrollo económico y social equilibrado

Los dependientes suman fuerzas

Las asociaciones de afectados se unen en una plataforma estatal

En Público del 21 de octubre de 2011, por VANESSA PI



"Cuantos más seamos, más fuerza tendremos", coincidían esta tarde los representantes de varias asociaciones y plataformas de afectados por el incumplimiento de la Ley de Dependencia. La impotencia les ha llevado a constituirse como una plataforma estatal. La integran el Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, la veterana Plataforma de la Comunitat Valenciana, la de Alcorcón, Torrejón de Ardoz, la de Madrid, la Plataforma Dependencia Castilla-La Mancha y la de Jerez-Cádiz. Sus representantes han aprovechado la celebración del Congreso de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en Madrid, para presentarse. Esperan que en breve se les unan las plataformas de Canarias, Murcia y Catalunya.
 
"La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia nace de la demanda que está habiendo de plataformas y colectivos de CCAA ante la mala gestión en la aplicación de la Ley y la discriminación que sentimos respecto a otras autonomías, que sin considerar el color de sus gobiernos han demostrado que con voluntad política y las inversiones necesarias en servicios sociales, se puede aplicar correctamente la ley y atender adecuadamente a las personas en situación de dependencia", defienden. Los primeros esfuerzos de la plataforma se centrarán en luchar por los intereses de los dependientes de Castilla-La Mancha, a quienes la Junta les debe dos meses de prestación económica.

Aplicación estancada

Por su parte, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, ha denunciado en su congreso anual el estancamiento de las ayudas. Un 30% de las personas con el derecho a una ayuda reconocido aún no la reciben. Algunas autonomías han dejado de dar ayudas. Aragón y el País Valencià incluso van rebajando el número de beneficiarios, al no reponer a los que fallecen.

El congreso de la asociación también sirvió para denunciar los recortes sociales, justo cuando más personas necesitan ayudas, y alertaron del aumento de población que está en riesgo de pobreza. Familias que nunca antes lo estuvieron. La situación se agrava cuando no pueden pagar ni la hipoteca, lo que les aboca a la exclusión social. Los profesionales proponen habilitar la figura de trabajadores sociales que medien entre los bancos y las familias. Proponen un cambio en la ley hipotecaria y la concursal, de forma que los jueces puedan paralizar durante un tiempo los desahucios con el compromiso de que las familias, supervisadas por los trabajadores sociales, podrán volver a pagar la hipoteca en ese tiempo.

El Consejo de Trabajadores Sociales está impulsando, junto a sindicatos y asociaciones de consumidores, entre otros, la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. Pretenden arrancar el compromiso de los partidos políticos de no recortar los servicios sociales hasta matarlos.

Gerentes de Servicios Sociales proponen que se utilice la red pública para mediar en desahucios con tutela judicial

Publicado el 21 de octubre por EUROPA PRES -



La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha propuesto en el marco del XVII Congreso Estatal que se celebra estos días en Madrid, que la red de servicios públicos sirva como mediación bajo tutela judicial ante los desahucios, y pueda poner en marcha planes de viabilidad para la recuperación de las familias afectadas. Esta es una de las iniciativas estrella que el sector plantea para dar salida a la situación de cerca de un millón de personas que se encuentran al borde de la exclusión social en España por quiebra sobrevenida a causa de la crisis económica.
En concreto, se trata de que los servicios sociales puedan intervenir cuando una familia es amenazada de desahucio, hagan un diagnóstico y dictaminen su riesgo de caer en exclusión social. Con esta circunstancia certificada, con un juez supervisando el proceso y con los acreedores informados, los trabajadores sociales trazarían un plan para reflotar a la familia de forma que pueda, pasado un tiempo, recuperarse y retomar el pago de las deudas. En ese lapso, tendrían prioridad en el acceso a los recursos públicos de asistencia.

Así lo han expuesto en rueda de prensa el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez; la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales de España, Ana Lima; el coordinador técnico del Comité Científico de este XVII Congreso Estatal, Gustavo García; y el responsable del estudio económico sobre gastos e inversiones en los Servicios Públicos elaborado por la organización, Luis Barriga.

Los ponentes han incidido en que se trata no de atender a gente que está ya en situación de exclusión moderada o grave, sino de evitar que más personas incurran en estas circunstancias, porque los "170 desahucios diarios" que se están produciendo en los últimos meses (unos 93.000 en 2010) y la elevada tasa de paro "amenazan con crear unas bolsas de pobreza extraordinarias" como, según ha señalado Barriga, "no se ven desde los años 80".

Ramírez ha asegurado que para poner en marcha esta iniciativa, que la Asociación trasladará en los próximos días a los partidos políticos, no haría falta incrementar notablemente ni la plantilla ni los gastos de personal sino redistribuir con más eficiencia los recursos disponibles. En la actualidad, hay 4.000 trabajadores sociales en España, uno por cada 9.000 habitantes. El 77 por ciento de los empleados del sector lo son por empresas privadas, según la asociación.

No obstante, ha incidido en que todo aumento es "bienvenido" porque el gasto social en España está seis puntos por debajo de la media europea, la partida en comparación con Educación o Sanidad "es muy baja" y la crisis ha incrementado la demanda a los servicios sociales en un 40 por ciento.

Asimismo, la asociación sostiene que tampoco harían falta reformas legislativas profundas, aunque sí "pequeños retoques" sobre las normas de Ejecución Hipotecaria y Procedimiento Concursal para garantizar la tutela judicial efectiva. Además, habría que constituir la figura jurídica de Unidad Familiar en Situación de Riesgo de Exclusión, para garantizar la respuesta de las administraciones.

"Es algo que le interesa a todo el mundo, incluso a los bancos, que no quieren tener más pisos, quieren cobrar sus deudas", ha apuntado Ramírez. Por su parte, Barriga ha destacado que los trabajadores sociales saben "identificar cada situación, proceden de lo público, pueden distinguir a un deudor de buena fe de otro que no lo es y tienen un papel indiscutible como mediadores".

CAMBIO EN LA FINANCIACIÓN, CREACIÓN DE EMPLEO

La siguiente de las propuestas de este congreso es una reivindicación clásica ya en el sector de atención a la Dependencia. Reclaman un Real Decreto que modifique las condiciones de financiación a las comunidades autónomas en la aplicación de la ley, para evitar que por norma se concedan prestaciones económicas a cuidadores no profesionales en lugar de apostar por servicios específicos que generan empleo.

En este sentido, García ha señalado que si 100.000 de los 420.000 dependientes que reciben prestación económica comenzaran a recibir atención profesional a domicilio o se derivasen a una plaza residencial, se generarían 30.000 puestos de trabajo. Si además, los cuidados de los grandes dependientes y dependientes severos se vinculasen a servicios profesionales, con un incremento del 7% en los costes del sistema se generarían 10.000 empleos más.

"Esto supondría también una mejora en la atención a estas personas. Hoy las administraciones públicas no saben cómo están siendo atendidas 900.000 personas y eso es muy grave", ha añadido Lima, para incidir en que habrá casos de familias que con la prestación se ocupen correctamente de los dependientes y habrá otras en las que personas necesitadas de la ayuda estén en malas condiciones.

Por otra parte, los profesionales del sector reclaman una ley básica estatal que unifique los mínimos de la red de servicios sociales, para evitar "17 modelos diferentes", así como trabajan en el diseño de un "modelo de calificación" para evaluar los servicios sociales de cada comunidad autónoma, un sistema que en su opinión, debería poner en marcha el Estado.

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Hay salida

Publicado por LUIS BARRIGA en El País del 21/10/2011

Si Pangloss estuviera aquí, sin duda nos haría ver, resignado, que nuestro debilitado Estado de bienestar es el mejor de los posibles. El imbécil optimista habría deducido de inmediato que los recortes sociales son efecto inevitable de la crisis y que esta apareció precisamente para que se produjeran aquellos. Tal es el talante de quienes no dejan de repetirnos, como un mantra, que los recortes en el gasto público son la única salvación de lo que nos queda de Estado social. Falso.

Es obvio que el crecimiento de los servicios sociales en los últimos años ha sido exponencial. El reconocimiento de nuevos derechos, como la atención a la dependencia, y la necesidad de actuar ante turbias perspectivas demográficas y de gasto sanitario han supuesto, es verdad, el incremento del gasto público, como también nuevos cuidados a cientos de miles de personas, lo que era de justicia.

Percibir los servicios sociales (o la educación, o la sanidad) como un gasto público desbocado que hay que frenar a toda costa, es tan absurdo y falaz como el razonamiento del personaje de Voltaire.

Por cada millón invertido en servicios sociales retornan a las arcas públicas un 44% en forma de impuestos y cotizaciones sociales. Algunos estudios apuntan a tasas de retorno superiores al 65% si se considera el ahorro en prestaciones por desempleo. La generación de empleo por millón invertido en política social se sitúa entre 25 y 35 puestos de trabajo netos, estables y no deslocalizables. Podemos invertir mejor lo que gastamos, pero nunca podremos gastar lo que no recaudemos.

Pero aún hay más. Los servicios sociales son en esencia un factor protector de la cohesión social, y mucho más cuando las situaciones de dificultad económica agobian a tantas familias. Esa cohesión de la que aún disponemos es clave para que la recuperación económica y moral se acelere lo más posible. No nos dejemos encerrar en el estrecho túnel del recorte inmisericorde y ciego. Exijamos sensibilidad hacia los problemas reales de la ciudadanía, visión de Estado para las políticas sociales, e inteligencia económica. Hay salida.

El gasto en dependencia devora la partida de servicios sociales

Los dependientes se llevan ya el 55% del presupuesto social - El dinero para atender otras necesidades en las comunidades se ha reducido en 1.300 millones


Publicado por CARMEN MORÁN en El país de 21/10/2011

El presupuesto de las comunidades autónomas para servicios sociales es cada vez mayor, pero se está desequilibrando a favor de la Ley de la Dependencia y en contra del resto de atenciones sociales. Para esto último, el gasto se ha reducido entre 2008 y 2010 en más de 1.300 millones de euros mientras que para los dependientes se ha elevado en casi 2.600 millones en el mismo periodo. Los dependientes atendidos en la actualidad pasan de 740.000, pero el resto de personas que necesitan alguna ayuda social podría rondar los dos millones (haciendo algunos cálculos con la última memoria del Plan Concertado 2008/09).

Un primer avance del estudio que prepara la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales demuestra que la dependencia ya representaría el 55% del total del presupuesto social de las comunidades (excluyendo lo que destina el Gobierno para ello).

Con la crisis, la cifra de personas con necesidad de apoyo no ha dejado de crecer: son, por ejemplo, familias que no pueden pagar la hipoteca, madres solteras que necesitan que un asistente a domicilio atienda unas horas a sus hijos, apoyo por una enfermedad sobrevenida, atención urgente por una situación de violencia familiar o alojamiento para el que ha perdido su vivienda. En 2008, los servicios sociales de atención primaria (como el médico de familia) recibieron en sus oficinas a 5.802.674 personas, cifra que en los años precedentes crecía entre el 7% y el 15% y que en 2009 dio un salto del 36% (excluyendo a Navarra y el País Vasco). Si se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores sociales y de las ONG, la cifra aún desconocida de 2010 habrá experimentado otro récord.

Los datos de este borrador de la asociación de directoras y gerentes indican que, en la actualidad, las comunidades estarían poniendo casi tres veces más dinero que el Gobierno para la dependencia (teniendo en cuenta el número de atendidos, su gravedad y el coste de los servicios que se prestan), aunque, así como se dispone con fidelidad de la aportación del Gobierno, las cuentas autonómicas en este capítulo siguen siendo completamente opacas. "A medida que crece el presupuesto de la dependencia disminuye el del resto de los servicios sociales. Todo hace indicar que la dependencia está dando un buen bocado a las otras partidas, algo que ya nos temíamos", explica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. A la espera de que haya datos disgregados por comunidades, Ramírez afirma que "el incremento neto interanual del gasto en servicios sociales se ha debido en buena parte a las aportaciones del Gobierno para la dependencia, más que al esfuerzo autonómico, que ha sido muy desigual". Como lo es en el gasto social en su conjunto, que alcanza una media de 256 euros anuales por habitante en España. Baleares, Valencia, Canarias y Madrid están muy por debajo de esa cifra. A pesar de la prioridad por avanzar con la Ley de Dependencia, todavía hay 305.675 personas con derecho a una ayuda que no la perciben, una lista de espera que no consigue reducirse.

martes, 18 de octubre de 2011

Tiken Jah Fakoly- Plus Rien Ne M'étonne- (ya nada me asombra)


El video esta editado por un miembro de la asociación de ecologistas Ben Magec, , que recientemente se ha desplazado por los institutos canarios para dar a conocer la situacion que se vive el los paises del África Occidental subsahariana. La cancion es de Tiken Jah Fakoly, un cantante de reage de Costa de Marfil conocido sobre todo por las numerosas criticas que hace en sus canciones y por sus tendencias rastafaris, motivos por los ha sufrido varios intentos de asesinato.

jueves, 6 de octubre de 2011

Manifestación en Albacete por los recortes en Servicios Sociales

 
 
 
Publicado en ABC del 04-10-2011 con el título Cacerolada en Albacete por los "recortes" en Servicios Sociales.
Albacete, 4 oct (EFE).- Más de 300 personas se han congregado esta mañana en la Plaza del Altozano e Albacete para protestar por los "recortes" que a su juicio acomete la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en servicios sociales.
Los manifestantes, trabajadores de los servicios sociales y representantes sindicales, han mostrado su disgusto por los retrasos en los pagos mediante una 'cacerolada' y a través de numerosas pancartas en las que se criticaba la política del nuevo Ejecutivo.

UGT, Comisiones Obreras y el Colectivo de Trabajadores de los Servicios Sociales de la provincia de Albacete -convocantes de la manifestación que ha partido de la Plaza del Altozano y ha llegado a la sede de la Junta en Albacete- consideran que, debido al impago de los convenios por parte del Gobierno regional, existen numerosas personas, familias y colectivos desprotegidos.

Jesús Muñoz, trabajador social de Fuentealbilla, ha explicado que debido a los impagos de estos convenios "se está dando lugar a que haya servicios que no se estén pudiendo prestar a la población, aparte de los impagos a los trabajadores de la situación de estancamiento de los servicios sociales".

Muñoz ha indicado que no se pueden permitir estos retrasos porque motivan que los trabajadores no se puedan desplazar para atender a los municipios más pequeños, además de contar con menos apoyos de los habituales.

"No se han podido contratar a otros profesionales que años anteriores trabajaban con nosotros y dependían de trabajos que este año no se han puesto a funcionar", ha relatado.

Muñoz ha advertido que esto sólo es el principio de una 'rueda' de manifestaciones que "ya están convocadas en Cuenca" mientras que en otras provincias como Ciudad Real y Toledo están "a punto de hacerlo".

Los programas en concreto que se están viendo afectados por estas medidas tienen nombres y apellidos, como destacaba María José Tomás, representante de CSP-UGT.

"Además de la ayuda a domicilio, el programa de los jóvenes, los centros mujer, es decir de los programas específicos, tenemos muchas más cosas que pueden verse perjudicadas", ha dicho Tomás, para quien se trata de "un desmantelamiento de los servicios sociales en general".

José María Sanz, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, por su parte, ha querido "dejar bien claro" que la movilización no se ha producido sólo hoy sino que "arrancaron en el mes de abril cuando la mancomunidad de la Sierra del Segura llevaba seis meses sin cobrar".

Tras este hecho, esto Sanz recordaba que "nos reunimos con el delegado de la Junta" aunque las negociaciones no han fructificado porque "seguimos igual, les deben once meses y no cobran", ha subrayado. EFE