viernes, 30 de septiembre de 2011

Concurso fotográfico "Las oportunidades de la edad: Mujeres sabias"


"Diosa hindú"
de Julia Bonanni
 
Bajo el título "Las oportunidades de la edad: Mujeres sabias", el Instituto de la Mujer ha organizado un concurso fotográfico. Reproducimos aquí algunas de las fotos e historias que nos han emocionado.

"La Pinturitas 2"
de David Martínez 

A Marian se la conoce como "La Pinturitas" de Arguedas, municipio en el que realiza su arte en una casa abandonada al pie de la carretera. Algunos la tachan de loca, pero realmente "son los locos los que abren el camino que luego recorreran los sabios..." Una mujer apasionante que te explica su arte disfrutando de todos los pensamientos que le han llevado a él.


 "Con nocturnidad y alevosía"
de Francisco García
 
Todas las noches de verano, cerca de las doce de la noche y para mitigar el calor de esta tierra de Granada en verano, esta señora se sentaba en un banco junto a una farola de la plazuela que hay delante de mi balcón y se ponía a leer durante un buen rato. A mi me enterneció bastante la escena y decidí inmortalizarla y ahora la comparto con vosotros.


"Llamada sorpresa"
de Blanca Morales
Esta señora tiene un hijo en el extranjero al que hace varios años que no ve . Me había pedido que le hiciera unas fotos para enviárselas. Fuimos al parque y allí hicimos unas cuantas y cuando prácticamente estábamos saliendo para irnos a casa recibió una llamada inesperada de ese hijo ,así es que no lo dudé ,aproveché ese momento mágico en el que ella estaba tan emocionada y este es el resultado.

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA LA MANCHA

Los/las profesionales de los Servicios Sociales de la provincia de Albacete nos han remitido la siguiente información respecto a la situación que en estos momentos se está viviendo en cuanto a la prestación de los Servicios Sociales:

Nuestro trabajo va dirigido, como ya conocéis, a las familias y menores, mujeres, mayores, inmigrantes, jóvenes, discapacitados, dependientes, cuidadores y a la población en general. En la actualidad, nos estamos encontrando con graves dificultades para poder continuar con los distintos servicios, dado que a día de hoy, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, no ha hecho efectivo el ingreso de los convenios para el 2011. Al no disponer de dinero, está siendo imposible poner en marcha los distintos proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, los profesionales no cobran desde hace 10 meses en algunos casos.
Todo ello está deteriorando seriamente la prestación de Servicios Básicos, algunos de los cuales vienen desarrollándose desde hace más de 20 años, con la consiguiente pérdida de derechos sociales, prestaciones, ayudas, apoyos en casos de emergencia social, etc.

Esta situación nos preocupa y desde la responsabilidad social que nos caracteriza, no podemos dejar de haceros partícipes de ella, aunque nos consta que desde vuestras organizaciones también estáis viviendo situaciones similares, dado que gran parte de vuestras actividades dependen de las subvenciones que ofrecen los distintos organismos públicos.
Llevamos varios meses realizando un gran esfuerzo por intentar superar esta situación, manteniendo reuniones, entrevista con el Delegado Provincial, noticias en prensa y medios de comunicación , sin obtener en ningún caso una respuesta clara

Por todo ello, queremos hacer un llamamiento a todos los profesionales de lo social (Asociaciones, ONG´S, Centros de la Mujer, Residencias de Mayores, Centros de Discapacitados, Centros de Menores.. ) y a toda la población en general, para que unamos todas nuestras fuerzas.

Por ello, se os convoca a la MANIFESTACIÓN CON CACEROLADA, QUE PARTIRA EL MARTES 4 DE OCTUBRE A LAS 12,00 H DESDE LA PLAZA DEL ALTOZANO DE ALBACETE, FINALIZANDO EN LA DELEGACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA ( ANTIGUA FABRICA DE HARINAS ).

LEMA: ¡¡¡ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA LA MANCHA!!!
CONVOCA: PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN COLABORACIÓN CON LOS SINDICATOS: UGT Y CC.OO.

lunes, 26 de septiembre de 2011

Alianza para la defensa del sistema público de servicios sociales

Ana I. Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social nos ha dado a conocer que el próximo 26 de septiembre se hará la presentación del Manifiesto de la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales con la presencia de las entidades que integran el grupo motor de la Alianza.

Puedes acceder al texto íntegro del manifiesto y mostrar tu adhesión a través de los siguientes enlaces:

http://www.cgtrabajosocial.es/alianza/

http://www.cgtrabajosocial.es/observatorio/documentos/manifiesto%20alianza.pdf



martes, 20 de septiembre de 2011

La Oficina de Información sobre Prestaciones Sociales de BERRI-OTXOAK

RECORTES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL


•En lo que vamos de año 2.500 familias ya han pedido cita para solicitar una ayuda económica al Ayuntamiento de Barakaldo.

•Esta situación se produce cuando desde el consistorio barakaldés se ha decidido reducir, para el año 2011, en un 10% el gasto en Acción Social y recortar en un 50% las prestaciones sociales.

•También se han recortado los programas dirigidos a la tercera edad, pensionistas y viudas con escasos recursos: como la ayuda domiciliaria, los centros de día, las estancias en residencias y las ayudas sociales a las que tuvieran derecho.

•Además se ha endurecido la normativa para el acceso a una asignación económica para las ayudas para hacer frente al pago de las hipotecas. El Ayuntamiento pretende que estas ayudas sólo se puedan pedir un año en la vida de una persona, o unidad familiar, y sobre una misma hipoteca. Hasta ahora el límite se establecía hasta que durara la situación de falta de recursos económicos; y se podía solicitar tantos años como fuera necesario para garantizar "el acceso a una vivienda digna".


APERTURA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES

•Esta mañana, a parte de denunciar los recortes sociales aplicados por el Ayuntamiento de Barakaldo, se ha procedido a abrir, por decimoquinto año consecutivo, la Oficina de Información Sobre las Ayudas Públicas de Acción Social. A lo largo de estos 14 años han pasado por este punto de información 5.271 familias afectadas por la falta de recursos económicos.

•Desde que comenzó la actual crisis económica han utilizado los servicios de este punto de información 1.959 familias. En tres años se han producido casi la mitad de las consultas atendidas en los 10 años anteriores. Lo cual demuestra el agravamiento de las condiciones socio-económicas de las familias de nuestro municipio y la comarca de Ezkerraldea.
• 671 familias se acercaron a este punto de información el curso pasado: un 15% eran pensionistas; el 20% tenían un empleo en precario y el 65% estaban desempleadas (de ellas un 14 eran paradas de larga duración y mayores de 45 años en un 12%).

BERRI-OTXOAK (Plataforma Por Los Derechos Sociales y Contra la Exclusión Social)

•En un archivo adjuntos os enviamos el comunicado de prensa y en este enlace podéis encontrar el vídeo sobre la presentación de nuestro punto de información en torno a las prestaciones locales recogido de la Televisión Local de nuestro municipio: TELE7. ¡te recomendamos que lo veas!

http://www.tele7.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=39975&Itemid=1

BERRI-OTXOAK

(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

lunes, 19 de septiembre de 2011

Renta de emergencia familiar en Gandía (Comuniad Valenciana)


El nº 3 de la Revista TSnova que edita el Col-legi Oficial de diplomats en Traball Social  de Valencia, correspondiente al primer semestre de 2011, incluye un análisis de una iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Gandía para poner en marcha una prestación económica de caracter periódico denominada Renta de Emergencia Familiar (REF), que vienen acompañada de un conjunto de actuaciones de caracter municipal dirigidas a apoyar a los vecinos de la localidad durante 2009. Las actuaciones previstas se sitúan en el ámbito competencial de las administraciones locales sin sustituir actuaciones correspondientes a otras administraciones.


La Renta de Emergencia Familiar es una prestación económica periódica destinada a todas las familias que carezcan de recursos económicos suficientes, dirigido a cubrir las necesidades más básicas y mantener la calidad de vida de la familia, en un periodo de crisis económica.

jueves, 15 de septiembre de 2011

Género: un concepto para el cambio social

En el marco de la campaña Ciudad Planeta y bajo el paraguas de uno de sus tres temas vertebrales (el género), Entreculturas lanza una  publicación bajo el título "Género: un concepto para el cambio social" con el objeto de declarar que la cuestión de género nos sitúa directamente en el corazón de los derechos humanos y de la justicia y encuentra en la educación una herramienta privilegiada de perpetuación de transformación.

lunes, 12 de septiembre de 2011

Repensar la Dependencia


La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han difundido la siguiente nota de prensa, fechada en Málaga el 12 de septiembre de 2011:


Más de un millón de personas tienen reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio en virtud de la Ley de Dependencia; 700.000 ya lo reciben. Los últimos datos oficiales de este mes de septiembre evidencian el estancamiento y ralentización del Sistema de Atención a la Dependencia. En algunas Comunidades, como la Valenciana,  incluso se retrocede en numero de beneficiarios y en varias ni se reponen las ayudas que han dejado de prestarse por fallecimiento, manteniendo el “limbo” de la dependencia en más de 300.000 personas que esperan que se haga efectivo el derecho reconocido asignándoles una prestación o servicio (en Canarias casi el 60% esta en lista de espera).
Mientras tanto en Castilla La Mancha –una Comunidad Autónoma que llevó a cabo importantes esfuerzos en la aplicación y desarrollo de la Ley, el nuevo Gobierno de la Sra. Cospedal ha decidido no abonar las prestaciones de los dependientes desde junio. Entiende que no es un pago prioritario, como lo son las pensiones no contributivas o sus propios sueldos, y les da el carácter de pago ordinario como se hace con cualquier proveedor. (No es lo mismo que se retrase el pago a una empresa que suministra papelería, por desesperante que resulte, a la villanía de no abonar la prestación a una persona dependiente con la que paga a su cuidador o la factura de la residencia donde vive). La angustia e inseguridad con que viven las personas dependientes y sus familiares estas situaciones son dramáticas.
También los datos corroboran que el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la gravedad de muchos casos. Claro está que dependiendo de la Comunidad Autónoma en que se resida, la atención será más o menos intensa.  En estos días de tanto (o tan poco) debate sobre la reforma de la constitución, resulta que esta se conculca alevosa y silenciosamente al prestarse desde la Comunidades Autónomas unos servicios y prestaciones de muy diferente intensidad y cobertura. Eso es una inequidad que resulta inadmisible y que enfurece –impotente- a la ciudadanía en situación más vulnerable.  
Por su parte, CIU insiste en el Parlamento que hay que repensar la Ley, cuando desde que dicha formación gobierna en Cataluña, el desarrollo del Sistema ha sido ralentizado y menospreciado al punto de llegar a decir el Presidente que la atención a los dependientes es un lujo que no nos podemos permitir. Gestionen diligentemente la Ley y atiendan a 61.949 catalanes dependientes que están en lista de espera desde hace meses, de lo contrario pensaremos que en lugar de repensar quieren recortar –como ya está haciendo el Gobierno del Sr. Mas-.
Por supuesto que tenemos serios problemas de déficit de las Administraciones y que hay que tomar medidas urgentes. Pero no es menos cierto que una buena cobertura de la atención a la Dependencia supondría ahorro en gasto sanitario y farmacéutico, generación de empleo asociado al sector de los cuidados personales, ahorro en prestaciones por desempleo y obtención de retornos fiscales.
De acuerdo, repensemos la Dependencia. Cambiemos el modelo mental de pensar en los servicios sociales como un gasto cuando constituyen una inversión muy necesaria.

Para más información: José Manuel Ramírez, Presidente Asociación de Directores: tlf. 650 38 37 64


viernes, 2 de septiembre de 2011

El Govern de Catalunya genera el caos en las Rentas Mínimas de Inserción

ENTREVISTA: NÚRIA CARRERA Presidenta de los trabajadores sociales

"Criminalizar a los más pobres es una mala política social"

Publicado en El País, edición de Barcelona - 17/08/2011

Núria Carrera (Ribes de Freser, 1947) es presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes (Tscat) desde 2009. Carrera, que fue teniente de alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona y diputada provincial en la misma área, es muy crítica con el caos que el Gobierno ha provocado con la Renta Mínima de Inserción (RMI). El cambio en la forma de pago ha ocasionado muchos problemas a los trabajadores sociales que gestionan la ayuda.
Pregunta. ¿Cómo ha visto la actuación del Gobierno?
Respuesta. Se ha querido criminalizar a la gente más frágil apuntando al fraude. Criminalizar a los pobres es una mala manera de hacer política social. Ha habido falta de profesionalidad y rigor en el cambio de la forma de pago: buena parte de las personas no tienen domicilio fijo y la Generalitat lo sabe. Ha habido un gran caos, porque los trabajadores sociales no sabíamos nada. Se ha hecho por la puerta pequeña, en agosto y mal gestionado.

 
P. ¿Cómo afectará el cambio en la RMI?
R. Si privamos a la gente que tiene hijos de cobrar una ayuda añadida, los ahogamos a que sigan siendo pobres de solemnidad. Con 600 euros al mes, una familia con tres hijos no puede vivir. Si consideramos la RMI un instrumento de ayuda, para que la gente se reinserte, es un gran disparate. Nos ha chocado que nadie dé la cara.


P. Los consejeros estaban de vacaciones.
R. Los trabajadores sociales hemos tenido que hacer turnos de urgencias. Ha habido un caos extraordinario, los Ayuntamientos no han sido informados. Nos han dado la idea de que todos los usuarios son inmigrantes y no es así: hay catalanes que están en condiciones extremas. Retrasar un pago uno o dos meses lleva a una gran pobreza. Puede ser que alguien haya cometido una irregularidad, pero se ha castigado a todo el mundo. Los recortes se deben hacer manteniendo la protección a las clases más desfavorecidas. Los recortes sin consideración nos llevan a una gran crisis de cohesión social.


P. El Gobierno se escuda en que hay fraude en la RMI.
R. Puede haber fraude como en cualquier prestación. Es una parte muy pequeña. Pero considerar que solo defraudan los pobres... No hay que criminalizar a los pobres que no tienen otra forma de defenderse.

 
P. ¿Qué control se lleva para dar esta ayuda?
R. Los trabajadores sociales hacemos un diagnóstico. Se decide si puede percibir la ayuda y se plantea un tratamiento. Luego seguimos viendo a los usuarios porque siempre requieren de nuestra ayuda. Si la Generalitat quiere más control de seguimiento, que lo haga, pero bien.

 
P. Artur Mas aseguró que, sin los cambios, en octubre se acababa el dinero.
R. No es creíble. Recortémoslo de otro instrumento. Estamos obligados a proteger a los más frágiles: gente con muchos hijos, gente con problemas de consumo, parejas solas sin ingresos, personas mayores... Esta gente nos necesita en octubre, en noviembre y en diciembre.

 
P. ¿Han paralizado las ayudas?
R. No lo sabemos, no tenemos información.


P. La oposición denuncia que el Gobierno solo quiere ahorrar.
R. Ahorrarán muy poco dinero. Tienen que darnos recursos: solo escuchando no podemos dar respuesta.

P. ¿Hay que reformar la RMI?
R. Hay que entender la RMI como una ayuda agregada a otras. Hay que hacer diagnósticos precisos en cada caso, son 34.000 y muchos de alto riesgo.

P. ¿Qué explicación espera que den Mena y Cleries?
R. Incidirán en el fraude, cosa que es una mala estrategia política. Si quieren más controles y más rigor, nos encontrarán, pero esta no es la manera.

P. ¿Temen más restricciones?
R. Si hay más restricciones, levantaremos nuestra voz para defender los derechos de los que más lo necesitan.





Mena usó una base de datos desfasada para mandar los cheques de la RMI

Trabajadores sociales denuncian que Empresa usó registros anticuados e ignoró los actualizados por Bienestar

Publicado por ORIOL GÜELL / JESÚS GARCÍA en El Pais, edición de Barcelona del  23/08/2011

 
El caos de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que este agosto ha dejado a decenas de miles de personas sin esta ayuda de último recurso de 420 euros, se debe en parte a que el Departamento de Empresa y Ocupación, cuyo titular es Francesc Xavier Mena, ha utilizado una base de datos con información anticuada para enviar los cheques a los beneficiarios, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes de los órganos que gestionan esta ayuda. Este error ha hecho que muchos afectados no hayan recibido el talón bancario porque ha sido enviado a sus antiguos domicilios.
Han sido los trabajadores sociales los que han dado la voz de alarma, sorprendidos al toparse con casos en los que ellos mismos habían actualizado semanas o meses antes la dirección del beneficiario en la principal base de datos de la renta mínima -cuyo gestor es el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, que orgánicamente depende del Departamento de Bienestar Social- y comprobar luego que "a muchos de ellos se les ha enviado el cheque a direcciones antiguas", explica un asistente social de una importante ciudad del área metropolitana. "Empresa y Ocupación ha usado una versión antigua del sistema de información u otra base de datos que debe de tener como pagadora de la ayuda, pero se han enviado muchos cheques a direcciones equivocadas", añade.
La presidenta del Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales de Cataluña, Núria Carrera, confirmó ayer que numerosos profesionales le han hecho llegar la misma queja en los últimos días. Ayuntamientos como los de Sabadell y Tarragona también han constatado el envío a direcciones anticuadas. Victòria Pelegrín, teniente de alcalde de Tarragona, destacó el caso de una mujer víctima de maltrato a quien "el cheque llegó a su antiguo domicilio, pese a que el cambio había sido notificado hacía tiempo".

El caos de la renta mínima estalló a principios de agosto, cuando la Generalitat decidió cambiar sin aviso el sistema de pago de la ayuda, que reciben 34.000 beneficiarios y de la que dependen 110.000 personas en Cataluña. Esta vez, el Gobierno catalán envió un cheque a los beneficiarios en lugar de pagarles con la habitual transferencia bancaria. Con ello, se pretendía introducir por sorpresa una medida de control para evitar el fraude.

El resultado, sin embargo, ha sido un desastre que el pasado viernes aún tenía a uno de cada cuatro perceptores de la renta mínima esperando el cheque, según admitió el Gobierno catalán. Esto ha obligado a muchos Ayuntamientos y entidades como Cáritas y Cruz Roja a movilizar todos los recursos disponibles en agosto para avanzar el dinero a los afectados o proporcionarles comida.La RMI la gestiona la Generalitat mediante una comisión interdepartamental de la que forman parte, además de los departamentos de Empresa y de Bienestar Social, entes como el ICASS. Esta comisión cuenta con un sistema de información, manejado por el ICASS, que controla a todos los beneficiarios de la ayuda. "Cada trabajador social sigue la situación personal de varios beneficiarios", explica un gestor de la renta mínima. "Cuando observa un cambio en la situación del receptor de la RMI, lo comunica por teléfono o correo electrónico al ICASS, que lo actualiza inmediatamente. Esta es la base de datos más actualizada sobre la renta mínima, pero no sabemos por qué esta vez no se ha utilizado", añade este funcionario.

Los departamentos implicados tampoco aclararon el asunto. Aunque Empresa es el departamento que financia la renta mínima y, por tanto, el que envió los cheques, un portavoz aseguró: "Los datos de a quién y dónde hacerlo nos los proporciona Bienestar Social". Este departamento, dirigido por Josep Lluís Cleries, devolvió la pelota: "El pago de la renta mínima es responsabilidad de Empresa y fueron ellos los que eligieron qué datos utilizar para enviar los cheques", afirmó un portavoz.

Mena y Cleries deberán aclarar su actuación el próximo viernes en una comparecencia extraordinaria en el Parlament a la que han sido forzados a acudir por la oposición. Las diferencias entre ellos ya quedaron de manifiesto la pasada semana. Mientras que Cleries pidió disculpas a los afectados por los problemas causados, Mena adoptó una línea mucho más dura y acusó a miles de marroquíes de cobrar de forma fraudulenta la RMI, lo que le valió recibir acusaciones de racismo de partidos y entidades sociales.

Estas declaraciones fueron la guinda al creciente malestar que los problemas de cobro de la renta mínima han generado en las últimas semanas, en buena parte por ser una ayuda de supervivencia que los beneficiarios -parados de larga duración y personas con riesgo de exclusión social que no tienen ningún otro ingreso- necesitan cada mes para pagar el alquiler, comprar comida o hacer frente a las necesidades más básicas.

Todos los partidos; Ayuntamientos; el síndic de Greuges, Rafael Ribó; la presidenta del consejo asesor de la Generalitat en políticas sociales, Teresa Crespo; ONG, y el Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales han criticado la actuación de la Generalitat.

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Garraf), gobernado por CiU, ha sido uno de los últimos en anunciar que avanzará el dinero de la renta mínima a aquellas personas que este mes no la han recibido. Ahora mismo son 296 en esta población las que la cobran y los Servicios Sociales de la ciudad están estudiando cuántas de ellas se han encontrado atrapadas por los cambios introducidos. El concejal Francesc Sánchez aseguró que el Consistorio "no dejará a nadie en la marginalidad". "No es ni nuestra manera de hacer política ni nuestra manera de entender los servicios sociales", añadió.

Ayer lunes ya conocían la situación de dos de cada tres beneficiarios de la renta en el municipio, de los que al menos el 15% no la habrían cobrado todavía.

Francesc Sánchez entiende que la urgencia con la que la Generalitat ha tomado la decisión del cambio en el sistema de pago ha hecho que los Ayuntamientos se hayan visto obligados a reaccionar sin tener demasiada información sobre la cuestión, lo que en pleno mes de agosto les ha desbordado. "Si hubiéramos tenido información previa, seguramente podríamos haber actuado de otra forma".

En Tarragona, gobernada por el PSC, el Ayuntamiento confirmó ayer que decenas de personas aún no han cobrado la ayuda. Victòria Pelegrín, teniente de alcalde de Servicios a la Persona, atacó los cambios hechos por la Generalitat. "La medida no es correcta. Los cheques tardan mucho en llegar y estamos hablando de familias con muchas dificultades", lamenta la concejal.


Los servicios sociales están adelgazando cuando más ciudadanos los necesitan - Cientos de casos se derivan hacia organizaciones benéficas - Los expertos alertan de que así se rompe el pacto social

La crisis deja en riesgo de exclusión a 200.000 núcleos familiares - El solicitante ha cambiado: ahora es un desempleado que necesita ayuda para salir a flote


Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 15/08/2011


Las rentas básicas de inserción, que cobran aquellas personas que no perciben ningún otro ingreso, han experimentado un gran despegue con la crisis. Si en 2007 apenas se habían incrementado un 0,40% respecto al año anterior, en 2008 ya subieron más de un 10%, y en 2009 el salto fue del 37,3%. A la luz de la información que están ofreciendo algunas comunidades, y de lo que opinan los expertos, no es aventurado calcular que el año pasado la cifra rondara ya las 200.000 familias. Los datos, a los que ha tenido acceso este periódico, son oficiales, es decir, las autonomías los han remitido así al Gobierno, aunque no se han hecho públicos. Lo mismo puede decirse de los números de 2010: el Ministerio de Sanidad y Política Social ya los ha recibido, pero aún no los ha dado a conocer.



Las rentas de inserción, o básicas, las solicita el ciudadano en las oficinas de los servicios sociales públicos cuando no se dispone de ningún otro apoyo económico o se han ido perdiendo los que se tenían: primero el paro y después las demás ayudas que el Gobierno puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis. Los perceptores son familias que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de caer en la exclusión. Cuando se llega hasta ahí es que se han agotado todas las redes que paraban la caída: familia, amigos, prestaciones públicas.



Marta, de Zaragoza, elige un nombre ficticio para salvar el estigma de la pobreza y contar que vive con su hija de seis años, a la que el padre dejó un día de pasar el dinero tras el divorcio. Era peluquera, pero la enfermedad se cruzó. Acaban de quitarle un riñón, así que el trabajo se esfumó. Ahora está "contenta", cobra 500 y pico euros y busca un empleo.



Estas pagas, que rondan cuantías de 400 euros, toman un nombre distinto en cada autonomía. Tal variedad nominal es a su vez indicativa de las muchas diferencias que existen entre comunidades en la gestión de esta ayuda. La perciben alrededor de dos de cada 1.000 habitantes, "una cifra muy pobre cuando se conoce que hay colas de gente esperando por ellas y que se está recurriendo a las organizaciones benéficas cuando falta el apoyo público al que deberían tener derecho", critica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.



Pero un dato distorsiona esa media: 25,44 personas de cada 1.000 la perciben en el País Vasco. En esta comunidad la Renta de Garantía de Ingreso (RGI) sobrepasa los 600 euros en algunos casos y también son beneficiarios los pensionistas cuyos ingresos son muy escasos. Cuando se trata de familias de tres o más miembros, el monto supera el 150% del salario mínimo interprofesional. Y puede haber complementos para pagar el alquiler de la vivienda. En este momento tienen 53.000 titulares de esta renta, con familia o sin ella, asegura el viceconsejero vasco de Planificación y Empleo, Javier Ruiz.

 
Pero la gran singularidad del modelo vasco radica en dos factores: que la renta es un derecho garantizado por ley para aquel que cumple los requisitos, y el fuerte vínculo del perceptor con la consecución de un empleo. "Es derecho y deber buscar y lograr un trabajo mientras se cobra esta renta, que en esta comunidad gestiona directamente el Servicio Vasco de Empleo", dice Ruiz.
Empleo y vivienda están considerados por los expertos los dos elementos fundamentales para evitar la exclusión social.

Pero en la mayoría de las comunidades, sin embargo, las rentas cada vez son menos de inserción y más básicas, es decir, su vínculo con el mundo laboral se va hundiendo y emerge apenas una esquelética prestación asistencial, que puede ser tan eterna como la marginación social del beneficiario. "Se están quedando escasas en la cuantía. Y hay disparidad en los requisitos que se piden para percibirlas. Antes de la crisis esta renta la cobraba gente que tenía un perfil difícil para encontrar empleo, pero ahora ha entrado en tromba una capa de población que ha perdido el trabajo y necesita ayuda para volver a encontrarlo y salir a flote. Son dos perfiles bien distintos", explica Ramírez, de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales. "El consenso social existe, todo el mundo está de acuerdo en que estas rentas deben tener una relación directa con el empleo, pero es cierto que hay perfiles que no alcanzan las condiciones que exigiría un empleador. A esta gente cabe exigirle criterios de inserción social, como que tengan a los hijos escolarizados, vacunados, etcétera. Quizá en esos casos la renta puede ser ilimitada. No sería algo tan costoso siempre que se atendiera bien la otra pata, la de los que han de volver al mercado laboral. En estos casos el criterio debe ser la inserción laboral, por encima de cualquier otro", sigue Ramírez. "Y quizá para ellos debería ser una renta temporal, que evite la tentación subsidiaria".

 
Marta sabe que debe buscar trabajo, y que ha de encontrarlo, porque su madre ya la ayudó cuanto pudo. "Esta paga no es para siempre. Además, si no lo encuentro tendría que vender mi piso o alquilarlo y vivir con mi madre. Y las dos estamos ya acostumbradas a vivir solas", se ríe.

 
En el País Vasco hay convenios con empresas de empleo experimental, de empleo protegido y programas de contratación preferente para perceptores de la renta de garantía de ingresos. Se trataría con ello de rescatar a aquellos cuyo perfil no está ligado por completo a la exclusión, pero no a los que tienen facilidades para encontrar trabajo en cuanto la economía se enderece un poco. "Algunos no lo conseguirán nunca, pero no solo hay que atender a los que están preparados para lograrlo. Si algo justifica la existencia de servicios sociales públicos es la atención a colectivos en riesgo, pero que presentan habilidades personales y motivación", dice Ruiz.

 
José Manuel Ramírez hace hincapié además en que no se debe olvidar la inserción social, es decir, acompañar estas rentas con los mecanismos necesarios para situar a esas personas, de nuevo, dentro de los márgenes sociales. Los expertos mantienen que la renta mínima debe preservarse y en su mayoría rechazan las formas cómo la Generalitat de Cataluña ha intentado cambiar la forma de hacer efectivos los pagos con el argumento de intentar combatir el fraude.

 
Mínimo común para la paga mínima
La renta básica no es, a priori, un derecho del ciudadano que el Estado tenga, por tanto, la obligación de proveer. Por eso su concesión está sujeta a la disponibilidad de dinero por parte de las Administraciones. Y en la actual situación de crisis, con las arcas públicas casi vacías, eso implica que en muchos de estos casos, hasta miles de ellos, se están derivando sin más a las organizaciones benéficas.

Pero en los últimos años este planteamiento está cambiando. Algunas comunidades autónomas han ido redactando leyes de servicios sociales que mejoran este aspecto. En el caso del País Vasco, por ejemplo, esta renta ya es un derecho. En otros territorios iban camino de ello, pero la crisis se ha cruzado en su implantación y no se han desarrollado las leyes.


El reto, dicen los expertos, es una ley estatal, un marco general que ponga unos mínimos comunes en este panorama. "Si el Estado es quien fija la cuantía que se percibe como salario mínimo interprofesional, también debería fijar la renta para toda España, al menos el suelo, sin perjuicio de que las comunidades las aumenten", señala Patrocinio de las Heras, que fue una de las responsables de la política social en los ochenta, cuando se pusieron las bases del cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales tal cual se conocen ahora. Y no solo con la cuantía han de establecerse unos mínimos comunes, también con los requisitos para acceder a estas rentas, dicen los expertos. Pero para esto es necesario que se libre un dinero a las comunidades, si no, ninguna querrá entrar en el asunto, sostienen. Pero ahora, cuando más atención necesitan las políticas sociales, más paradas están las reflexiones y la tijera está haciendo de las suyas. La red europea contra la pobreza (EAPN, en sus siglas inglesas) en la que participan delegaciones de unos 30 países, ya ha dado la voz de alarma. En su última reunión en Lisboa, en junio, redactaron un manifiesto donde se pide a los Estados que "obliguen a los bancos a asumir su parte del desastre y se introduzcan impuestos sobre las transaciones financieras para financiar la inversión social".

Y recuerdan la necesidad de establecer una renta mínima adecuada en el marco europeo. Parecidas reflexiones se recogen en el manifiesto de los trabajadores sociales firmado en mayo en Zaragoza.



Para la crisis, derechos asistenciales, no caridad

Los servicios sociales están adelgazando cuando más ciudadanos los necesitan - Cientos de casos se derivan hacia organizaciones benéficas - Los expertos alertan de que así se rompe el pacto social


Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 16/08/2011


Los profesionales de los servicios sociales públicos se lamentan con frecuencia de que este pilar del Estado de bienestar es la cenicienta entre los cuatro existentes -con las pensiones, la educación y la sanidad-. La crisis les está dando la razón con abundancia, porque justo en estos años en que se redoblan las carencias, los que temían pasan a ser pobres y los que ya lo eran cruzan la raya de la exclusión; en momentos en que el desempleo vacía la nevera y muestra su cara más amarga a los jóvenes que no completaron estudios; cuando las aguas se vuelven turbulentas en aquellos hogares reunidos de nuevo por el impago de hipotecas... Justo ahora, los servicios sociales están pasando más hambre que nadie.

 
"Se puede decir que los están dejando en los huesos, en su estructura más básica, y encima hay una tendencia a devolverlos al asistencialismo, más propio de la antigua beneficencia que de un derecho público consagrado", critica Ana Lima, presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales.

 
Se refiere, por un lado a la escasez de presupuestos, los que destina el Gobierno han disminuido en nueve millones y los convenios que mantenían las comunidades y los Ayuntamientos con empresas para la atención de las muchas necesidades sociales "están reduciéndose o, directamente, no se renuevan", afirma Lima. "Es fácil que todo eso ocurra porque no hay una ley estatal, ni comunitarias, que los garantice: son solo convenios que se firman en épocas de vacas gordas, pero que se echan abajo en situación deficitaria", dice. En paralelo, asistimos a "una visión asistencialista, paliativa, un parcheo aquí y allá, donde surge la necesidad. Eso es más propio de la labor, encomiable, que desarrollan las organizaciones benéficas privadas, pero los servicios sociales son mucho más que eso", afirma Lima.

Para empezar, son un derecho, no una simple ayuda caritativa, por tanto, tratan de alejar el estigma de aquellos que solicitan este apoyo en momentos de carencias. Cuando Nuria (no quiere apellidos) decidió que la familia no debía seguir sosteniendo su precaria situación económica acudió a la asistente social en busca de una renta básica de inserción. "Al principio no me hacía mucha gracia, la verdad, me daba la impresión de que estaba pidiendo limosna, mendigando, pero pensé, -y mis hermanos me convencieron-, que si existían estos organismos, y si estaban para eso... Aunque bueno, sigue sin hacerme gracia, yo lo que quiero es trabajar y decir, 'esto me lo he ganado'. Lo otro, quieras que no, me lo dan. Ya sé que también es con mis impuestos, pero...".

Los servicios sociales, además, abordan cada caso de una manera integral, o tratan de hacerlo. Conseguir una renta de inserción, que ronda entre 400 o 500 euros, según los casos y las comunidades autónomas, requiere algo más que pasar por una débil situación económica. "Mi hija y yo nos hemos comprometido a acudir a las oficinas de empleo siempre que nos llamen. Aunque ella está en la universidad, gracias a las becas, siempre puede trabajar en fines de semana o en vacaciones, algo que sea compatible con los estudios", dice esta zaragozana. Los servicios sociales le ayudan también a redactar currículos, preparar entrevistas de trabajo... "Y ahora, en septiembre, empezarán los cursillos formativos: puedo elegir, pero tengo que hacer alguno de ellos", señala.

 
Todas esas funciones de acompañamiento, análisis de la situación, relaciones con otros servicios, como el educativo, el de la vivienda, el sanitario, son parte de las tareas que desempeñan los trabajadores sociales. Dar solución completa a situaciones complicadas.

 
Están para ayudar a encontrar empleo, insistir en que los hijos deben estar escolarizados, negociar cambios de vida, buscar la mejor solución formativa, resolver convivencias conflictivas. "Eso no se puede despachar con una simple ayuda económica, ni montando un comedor social", dice Lima, por más que la situación de crisis requiera medidas de urgencia, que también hay que atender, incluso de forma prioritaria.

 
Las cifras indican, desde luego, que las necesidades, algunas primarias, están multiplicándose: la petición de una renta básica, como la que pidió Nuria a sus 54 años, separada, sin trabajo, se han incrementado más de un 30% y hay colas para solicitarlas. También las ayudas de emergencia, que se reciben de forma casi inmediata, se han elevado un 80% o más en algunos lugares. Prueba de todo ello es que el número de personas que se acercan a la ventanilla de los servicios sociales públicos en busca de apoyo, económico o de otra clase, creció un 36% en 2009, hasta alcanzar casi ocho millones de usuarios.

Que cientos de esos casos se estén derivando hacia ONG y organizaciones benéficas indica en qué condiciones están los servicios sociales, justo cuando más se necesitan. "La reducción del gasto público social está afectando negativamente al bienestar y la calidad de vida de grandes sectores de la ciudadanía. Estos recortes no pueden ser sustituidos por acciones benéficas de carácter caritativo. Estas organizaciones no tienen ni los recursos ni las infraestructuras para suplir los servicios públicos que están siendo eliminados. Es volver al siglo XIX, cuando ya estamos en el siglo XXI", critica Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.



"Lo que es indignante es que se diga que España no tiene los fondos para mantener o incluso expandir el gasto público social cuando los datos muestran que el gasto público social es mucho más bajo que el que le corresponde por su nivel de riqueza económica. El PIB per cápita de España es el 94% del promedio de la UE de los 15. Y en cambio, el gasto público social por habitante es solo el 74% del promedio de esos países. Si fuera el 94% nos gastaríamos 66.000 millones de euros más de lo que nos gastamos en nuestro Estado de bienestar", explica Navarro. Cree que los recursos existen "pero el Estado no los recoge porque teme enfrentarse con los grupos financieros, económicos y clases sociales adineradas que no contribuyen a las arcas del Estado como lo hacen sus homólogos en la UE de los 15", critica.



"Desde luego, volver al asistencialismo no es la solución", comienza Miguel Laparra, profesor del departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Tampoco cree, a pesar de los negros datos que revelan los estudios que ha efectuado, que "la máxima prioridad sea todavía la comida". "Lo que sí está poniendo de manifiesto la crisis es la debilidad del sistema de garantía de ingresos. No hay garantías para esa gente que ya no cobra nada. Eso es lo que se tendría que hacer seriamente. Revisar las rentas de protección por desempleo, las no contributivas, y las rentas de garantías de inserción. Un sistema que cubra las necesidades por completo", afirma. Las comunidades autónomas, dice, han aumentado esas rentas, "pero partían de niveles de desprotección, que apenas cubrían nada. Si la gente tuviera esos mínimos garantizados, los servicios sociales podrían trabajar con más eficacia y tranquilidad. Además, encontrar vías para financiarlo no es difícil y es barato", asegura. Para Laparra, la forma más digna, de más calidad y menos estigmatizante es salvaguardar el capital humano. "Obligar a la gente a ir a un comedor social, sea de quién sea, siempre es un proceso de destrucción de la dignidad que pasa factura", dice.



Así lo cree la presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales, Ana Lima, por eso lamenta que algunos Ayuntamientos crean que haciendo un comedor social pueden suplir la labor de los servicios sociales. "Pretender que un servicio público sea el que reparta comida es equivocarse. Nosotros damos bonos para que la compren en el supermercado, no se debe mandar a toda una familia, con hijos, a comer al comedor social. Colgarles la etiqueta de pobres, gratuitamente, solo porque hayan perdido el trabajo. Hay pobres, claro, en realidad hay varios perfiles, los comedores sociales tienen sus usuarios y los tendrán siempre".



Los que trabajan en las redes sociales tampoco creen que desmantelar los servicios sociales públicos conduciéndolos hacia tareas asistencialistas sea la solución. "El papel del tercer sector debe ser complementario, pero la responsabilidad pública es fundamental", dice el responsable de Estudios de Cáritas España, Francisco Lorenzo. "El objetivo de unos y de otros debe estar relacionado con la promoción, la conquista de la participación y el empoderamiento de estas personas, no solo con la subsistencia", asegura. Pero lo cierto es que tanto unos como otros están más dedicados a lo último, los primeros porque no dan abasto y por falta de presupuesto para otras tareas más de fondo, y los segundos porque están viendo como una avalancha de gente acaba en las organizaciones sociales derivadas de los servicios sociales públicos.



¿Justifica una situación de crisis, por más feroz que esta sea, el adelgazamiento de los servicios sociales o más bien debería ser al contrario?



"Para volver a la beneficencia, por más que alguien lo pretendiera, se necesitaría cambiar la Constitución. El artículo 1, el 10 y el 41 consagran la dignidad personal y la protección social de la ciudadanía como derecho fundamental. La beneficencia pública entra en contradicción con un Estado social de Derecho", dice Patrocinio de las Heras, que fue en los ochenta responsable de Acción Social, del Instituto Nacional de Acción Social y del Inserso. "En la crisis de 1973, la del petróleo, los trabajadores que se quedaban en paro adquirían su cartilla de beneficencia. Esas familias pasaban a ser pobres, si necesitaban sanidad iban a hospitales de caridad, los hijos a escuelas especiales, había orfanatos, los gitanos tenían sus escuelas en los poblados... Todo un sistema de caridad organizado para los menesterosos. Esa población quedaba en la marginación institucional. Había una cobertura social para los que trabajaban y tenían ingresos y la beneficencia pública para los pobres", recuerda De las Heras.



Para financiar toda aquella caridad del Estado no servían los impuestos, se recurría a las tómbolas, casas de juego, espectáculos variados, circo, toros, teatro, quinielas. Aquello se acabó. "El pacto social es sencillo, el ciudadano sostiene al Estado con sus impuestos, y el Estado prioriza y sostiene al ciudadano cuando tiene necesidad de educación, sanidad o de una renta básica. Si eso no se respeta se deslegitima el Estado, nos cargamos la democracia y el pacto social que la sustenta. El ciudadano debe saber que está protegido, que pagó impuestos para eso. Si se hunden las pensiones, para qué hemos pagado, se preguntarán. Y hay que pagar impuestos, si no con alegría, al menos con conciencia", afirma De las Heras.



A pesar de todo, los ciudadanos no tienen claro todavía que se puede acudir a los servicios sociales en caso de necesidad. "Muchos no los conocen tanto como debieran, el primer apoyo lo buscan en la familia", reconoce Ana Lima. Y aunque sepan de ellos, a muchos, como a Nuria, todavía les da vergüenza reclamar lo que les corresponde.



El escenario de la bondad

Publicado por GUSTAVO GARCÍA HERRERO en El País del 16/08/2011




Hasta los años ochenta del pasado siglo continuaban activas en España algunas instituciones que, en el resto de Europa, eran memoria histórica: el padrón municipal de beneficencia, asilos, orfanatos y otros centros que configuraban el conglomerado de la Beneficencia pública o privada. Los servicios sociales modernos han puesto mucho empeño en romper su vinculación con ese pasado. Algo que no es fácil cuando todavía hay quien piensa que ingresar a sus padres en una residencia es algo de lo que los hijos tienen que avergonzarse; o quien se resiste a que el servicio de ayuda a domicilio atienda a un mayor en su casa, teniendo hijas que puedan hacerlo.



Pero los avances de los servicios sociales en las últimas décadas se ven amenazados actualmente por la reducción del gasto público y por el incremento de necesidades de subsistencia que obligan a dedicar a ello los recursos, en detrimento de otras actuaciones consustanciales al nuevo sistema de servicios sociales ¿Supone eso un retorno a la beneficencia?



La beneficencia era un sistema para atender a los pobres con unas prácticas graciables. Frente a eso, las prestaciones de derecho, como las que establece la Ley de la Dependencia o las nuevas leyes autonómicas de servicios sociales, constituyen un marco radicalmente distinto. En su contexto cualquier ayuda o servicio, incluso para atender necesidades de subsistencia, es un derecho de ciudadanía. Nadie debe avergonzarse de recurrir a ellas si las necesita, como nadie se avergüenza por tener que ingresar en un hospital. Quizás la situación obligue hoy a dedicar gran parte de los escasos recursos de los servicios sociales a atender necesidades de subsistencia. Para que eso no suponga un retorno a la beneficencia hay que desarrollar los catálogos de prestaciones de esas leyes autonómicas, sin renunciar a ir más allá de la ayuda económica y material, ofreciendo orientación y apoyo profesional a cada situación para contribuir a superarla, sabiendo que la desmotivación es la peor consecuencia de la crisis sobre las personas a las que golpea con más virulencia.



Pero la beneficencia era también una estética: el benefactor frente al pobre, cuya cualidad de desvalido no dejaba de evidenciar. Las ayudas que se demandan a los servicios sociales y a las ONG no pueden hacerse a costa de su dignidad. A nadie se debe catalogar de pobre o excluido por solicitarlas, ni exponer sus necesidades para loa de sus benefactores. Tampoco puede hacerse a costa de su intimidad: mejor ayudar a una familia en su propio domicilio que hacerla acudir a un comedor social; mejor generalizar becas de comedor escolar para que el alumnado tenga una buena alimentación, que señalar a alguno de ellos como pobre con ayudas específicas.



Decía Nietzsche que "el que siempre da corre el peligro de perder el pudor. El que siempre reparte acaba por tener callos en las manos y en el corazón a fuerza de repartir". Ese es el riesgo ahora: perder la sensibilidad y convertir las necesidades de muchas personas en un escenario donde destaque nuestra bondad. Sin cambiar nada. Como en la antigua beneficencia.



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La creación de plazas geriátricas ha sufrido un frenazo severo

Entre 2009 y 2010 el incremento fue cuatro puntos menor que años atrás


Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 08/08/2011



En pleno desarrollo de la Ley de Dependencia, cuando miles de ciudadanos querrían una plaza en un geriátrico, el incremento del número de camas ha sufrido un severo freno. De 2005 a 2008, la cifra de plazas residenciales venía subiendo cada año alrededor del un 5%, pero de 2009 a 2010 solo creció un 1,6%. En total hay 354.955 plazas en toda España, sumadas públicas y privadas. Y no todas están ocupadas. Los datos son de un estudio elaborado por la empresa DBK, especializada en estos análisis sectoriales.



Las grandes empresas del ramo están sufriendo un verdadero ahogo. A una planificación desaforada y sin criterios oportunos se ha sumado la crisis. Las administraciones están sin fondos para establecer conciertos que puedan satisfacer el gasto que requieren esas plazas. La peor parte se la esta llevando el sector privado. Y eso que el aumento en la dotación de las plazas privadas se debe sobre todo a la concertación, que se incrementó en un 8,5%, lo que contrasta con el descenso del 1,7% contabilizado en la dotación de plazas privadas puras, según el estudio de DBK.



"Antes, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias, ahora apenas un 5%", asegura el presidente de Vitalia Home, José María Cosculluela. Eso, cuando no ocurre lo contrario, es decir, familias que sacan a los suyos de las residencias porque así se ahorran pagarlas y, de paso, pueden contar con la pensión del abuelo o con una paga para cuidar al dependiente. El Gobierno quiso poner freno a esta tendencia y advirtió que no se podía sustituir una plaza concedida en una residencia por un ayuda económica sin una justificación adecuada. Fue en 2009. Cuando el paro deja a las personas en casa es factible que estas se encarguen de los ancianos.



La tendencia a la baja en el incremento anual del número de plazas tiene que ver también con la reconversión del sector. Porque a pesar de que se consolidan progresivamente los grandes grupos empresariales, "la oferta continua integrada fundamentalmente por pequeñas empresas que gestionan uno o dos centros de reducida dimensión y de ámbito local", se explica en el estudio de DBK. Y muchas de esas pequeñas empresas no se adaptan a los nuevos requisitos, o no podrán adaptarse nunca. Por tanto, irán desapareciendo o bien renovando sus instalaciones para poder recibir dinero público a cambio del ingreso de ancianos.



Así, entre las privadas, algunas comunidades han perdido varias residencias, por ejemplo seis menos en Madrid, cinco en Cataluña, cuatro en Castilla y León o tres en Andalucía. Todo ello entre 2009 y 2010. Lo que no quiere decir que, a cambio no se hayan construido otras.



Pero el número total de plazas residenciales ha de ponerse en relación con la población mayor de 65 años. De esta manera se aprecia qué comunidades están más necesitadas. Murcia, Canarias y Andalucía son las que menos plazas tienen por cada 100 personas mayores de 65 años, según un estudio del CSIC para el Imserso basado en encuestas. Y en Canarias se siguen perdiendo, un 0,6 en ese periodo. Andalucía solo ha ganado un 0,5%. Murcia, sin embargo, ha incrementado el número de plazas entre 2009 y 2010 en un 10,8%. Valencia, que también está por debajo de la media nacional en el número de plazas residenciales tampoco ha creado muchas, apenas un 0,7% en ese periodo.



Madrid, por ejemplo, ha perdido un 0,1%, pero esta comunidad está por encima de la media en la relación entre plazas y personas mayores de 65. Más alta aún es la tasa de La Rioja, así que la pérdida de camas en geriátricos que sufre esta comunidad no es tan reseñable.



Los datos oficiales sobre residencias que debía haber presentado el Gobierno el año pasado y que aún no se han hecho públicos impiden una planificación del sector basada en referencias exactas, es decir, dónde y cómo construir. Y este no es un asunto menor, dada la envejecida población española y las derivaciones sobre el empleo que tiene este sector.



La ocupación de plazas residenciales es uno de los principales motores de empleo de todas las ayudas que se prestan por la Ley de Dependencia. Y permite, además, que las personas que cuidan ancianos, mujeres en su mayoría, dispongan del tiempo suficiente para buscar también en el mercado laboral.