lunes, 27 de junio de 2011

VI Dictamen del Observatorio sobre la Dependencia: La evolución de la Ley cuatro años después

A continuación ofrecemos un extracto  del VI Dictamen del Observatorio para el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES, titulado "La evolución de la Ley cuatro años después".

Si pinchas aquí, puedes bajarte el PDF DEL LIBRO completo.

"Hasta ahora nos hemos centrado es aspectos relacionados con la cobertura del SAAD y con la agilidad en la gestión de valoraciones y PIAS. Cabe preguntarse qué tipo de atención están recibiendo las casi 670.000 personas que ya tienen resolución de Plan Individualizado tras cuatro años de gestión.

En esta materia las cosas han evolucionado de forma generalizada hacia una prevalencia de la PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR (PECEF) de la que ya hemos efectuado muchas lecturas. A fecha 1 de enero de 2010, el SAAD procuraba 800.000 atenciones a 670.000 personas (dado que existe compatibilidad para algunos servicios y prestaciones puede haber casos en los que una misma persona reciba más de un servicio o prestación).

En los primeros años depuesta en marcha de la Ley 39/2006, con carácter general:
- Se ha sobredimensionado la PECEF ya que, siendo excepcional, es la prestación económica que recibe más de la mitad de las personas con PIA. Lógicamente esto tiene consecuencias obvias entre las que cabe citar sucintamente.
• Disminución de los retornos esperados por la generación de empleo que debería haberse dado por vía de prestación de servicios profesionalizados.
• Hay 385.000 personas cuidadoras de familiares (fundamentalmente mujeres) que pueden estar sometidas a grandes sobrecargas y que no tienen apoyos suficientes (formación, respiro y apoyo profesional).

• Impacto negativo de género ya que se podría estar perpetuando la función cuidadora de la mujer a costa de su vida social y laboral. Los hombres –salvo honrosas excepciones- no asumen las tareas de cuidados a las personas en el hogar.
• Se desconoce el destino último de la prestación monetaria. Una parte de estos fondos podrían estar financiado fórmulas de economía y sumergida y trabajo precario por la vía de la adquisición de servicios domésticos fuera del mercado reglado. La pregunta que habría que hacerse es: ¿mejora realmente la autonomía personal y las atenciones la percepción de una cuantía económica (por otra parte muy escasa)?

• Se frena la actividad empresarial del sector de los cuidados a las personas.
• Incremento de la necesidad de seguimiento de los casos (también para prevenir actuaciones fraudulentas).
- La Prestación Económica para Asistencia Personal no se ha desarrollado. Esta prestación –una de las más tendentes a mejorar la autonomía de las personas- es claramente residual. Las razones hay que buscarlas a buen seguro en los condicionantes económicos para las personas dependientes (costes de salario y seguridad social no compensados por la PEAP).

- Los Servicios de Proximidad han tenido un escaso desarrollo. Consideramos servicios de proximidad los Centros de Día y la Ayuda a Domicilio (unida a la Teleasistencia). Las personas que reciben este tipo de servicio no constituyen ni la cuarta parte de las personas con PIA. Aparte del abuso de las PECEF, confluye el hecho de que son servicios en manos –generalmente- de las Entidades Locales y que algunas CCAA no han sido capaces de articular aún estas atenciones con el nivel municipal. Se prevé un repunte, especialmente de la Ayuda a Domicilio, cuando se incorporen los PIA de personas valoradas con Grado I – Nivel 2.

- La atención Residencial –la más profesionalizada y costosa- ha tenido un cierto protagonismo (18% de las personas atendidas) que es muy lógico si pensamos en la graduación del calendario de la Ley empezando por las situaciones de dependencia más grave (y que en muchos casos ya estaban siendo atendidos por CCAA y Entidades Locales). Este protagonismo se frenará hasta la tasa de reposición ya que para los Grado I no se prevé este servicio como elegible."

jueves, 16 de junio de 2011

Informe de Evaluación de la Ley del Menor en Castilla-La Mancha

Se acaba de publicar el Informe de Evaluación de la Ley 3/1999 del Menor en Castilla-la Mancha, elaborado por un equipo de profesoras de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca en colaboración con asesores y técnicos de la Oficina Del defensor del Pueblo de la región.

En el informe se realiza un detallado seguimiento del sistema dirigido a la protección de niños y adolescentes desde la responsabilidad pública, con especial atención a los recursos para la preservación familiar (prevención, apoyo familiar, situación de riesgo), la situación de desamparo -estrechamente ligada al maltrato infantil-, tutela y guarda, el acogimiento familiar y residencial, los programas de autonomía, la adopción regional e internacional, y la intervención con menores en conflicto e infractores.

También se analiza la gestión del sistema (organización administrativa, papel de las entidades colaboradoras, procedimientos de trabajo, recursos humanos, materiales y económicos) y algunos de los derechos de los menores que exigen una mayor atención en el día a día para que sean realmente efectivos.

Por último, el informe da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha desde su creación en 2002, y en función de las conclusiones resultantes del proceso evaluativo, plantea una serie de recomendaciones y propuestas con el ánimo de mejorar y apoyar a las personas y organizaciones que con su esfuerzo cotidiano atienden a uno de los sectores de población de los más vulnerables entre los vulnerables.

 

martes, 14 de junio de 2011

Programa de radio "Escucha mi cabeza"




Hola a todos/as, soy Alicia García, alumna de 3º de Trabajo Social. Este es un programa de radio, el cual forma parte de la asignatura de Prácticas de Intervención Nivel II. Trata sobre la enfermedad mental y en él colaboran dos personas del CRPSL (Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral) de Cuenca y dos profesionales: la terapeuta de dicho centro y el trabajador social de la Asociación Pro Salud Mental VIVIR. En él podemos escuchar el transcurso de la enfermedad mental de estas personas, las actividades que realizan en dicho centro y el uso de fármacos como tratamiento para la enfermedad, entre otros temas. Esperemos que os guste.

sábado, 11 de junio de 2011

The Social Worker - A novel by Michael Ungar



"Estoy quemando la casa del señor Jeffrey para ser útil. Yo soy su trabajador social. Eso es lo que hago. Ayudarle. Tienes que confiar en mí, esta es una solución mucho mejor para sus problemas que cualquier otra cosa que se haya hecho por él."

Joey no es un trabajador social típico. Incendia casas para resolver bloqueos burocráticos, roba para conseguir a sus clientes cheques sustanciosos de asistencia social, e intenta evitar que su jefe se entrometa en las vidas de sus jóvenes clientes. Joey sabe muy bien lo que se siente al ser un cliente. Dentro y fuera de los hogares de guarda, su padre muerto, su madre una ruina emocional por abuso de drogas. Joey utiliza su talento para ser un buen delincuente juvenil, incluso cuando está encerrado en un centro de detención de seguridad. Afortunadamente para Joey, hay un trabajador con jóvenes, un ex boxeador con sus propios secretos que ocultar, que inspira a Joey para terminar su educación. Aunque delincuente en el fondo, Joey se dispone a vengarse del sistema que el cree que le ha fallado a él y a su familia. El plan de venganza puede estar funcionado, hasta que enterrado en los viejos archivos de una agencia se entera de que su familia tiene muchos secretos aún no contados y que la vida de los trabajadores sociales son más complicadas de lo que parecen a los niños que están bajo su cuidado. “Trabajador social” es una historia controvertida y provocadora de lo que significa llegar a los más vulnerables, en medio del mundo oculto de aquellos cuyas motivaciones para ayudar puede ser tan difícil de comprender como los sistemas para la que trabajan.

Michael Ungar, PhD, es un escritor de ficción y uno de los autores más influyentes en trabajo social, así como conferenciante sobre temas de parentalidad en América del Norte. Sus nueve libros de no ficción como The We Generation (La Generación Nosotros) y Too Safe For Their Own Good (Demasiado seguro por su propio bien). Su obra ha sido objeto de portadas en revistas y es un asiduo colaborador de radio y televisión. Su blog se puede leer en el sitio web de Psicología de hoy. En 2010, recibió un Premio por Servicios Distinguidos de la Asociación de Trabajadores Sociales de Nueva Escocia (Canadá). “Trabajador Social” es su primera novela. Actualmente, Ungar  es profesor de Trabajo Social de la Universidad de Dalhousie en Halifax, donde dirige el Centro de Investigación de la resiliencia. Su sitio web es www.michaelungar.com


Joey is not your typical social worker. He burns down houses to solve bureaucratic deadlocks, steals to get his clients bigger welfare cheques, and lies if it will help prevent his supervisor from intruding in the lives of his young clients. Joey knows all too well what it feels like to be a client. In and out of foster homes, his father dead, his mother an abusive emotional wreck, Joey puts his talents as a juvenile delinquent to good use, even when he’s locked up in a secure detention centre. Fortunately for Joey, there’s one youth worker, a former boxer with his own secrets to hide, who inspires Joey to finish his education. Still the delinquent at heart, Joey sets out to get revenge on the system that he believes failed him and his family. Joey’s plan for revenge may have worked, except buried in old agency files he learns that his family has many secrets yet untold and that the lives of social workers are more complicated than they seem to the children in their care. The Social Worker is a controversial and provocative story of what it means to reach out to the most vulnerable, set amidst the hidden world of those whose motivations to help can be as difficult to understand as the systems for which they work.

Michael Ungar, PhD, is a prize-winning fiction writer and among the most influential social work authors and speakers on parenting issues in North America. His nine nonfiction books include The We Generation and Too Safe For Their Own Good. His work has been the subject of cover stories in magazines and he is a regular contributor to radio and television. His blog can be read on Psychology Today’s website. In 2010 he was the recipient of the Canadian Association of Social Workers Distinguished Service Award for Nova Scotia. The Social Worker is his first novel.Currently, he is a Professor of Social Work at Dalhousie University in Halifax where he directs the Resilience Research Centre. His website is www.michaelungar.com

Enlace para descargar la novela (los seis primeros capítulos se pueden descargar de forma gratuita):
http://www.smashwords.com/books/view/50224#longdescr




viernes, 3 de junio de 2011

Desde la trinchera de los derechos sociales

¡Sensatas palabras y sustancioso texto elaborado por el Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales


Promover desde la beneficiencia el Sistema de Servicios Sociales es una conquista histórica e innegable que culmina con el reconocimiento de derechos de ciudadanía que se establecen en la denominada Ley de Dependencia. El protagonismo Autonómico y especialmente Municipal – Ayuntamientos y Servicios Sociales comparten el valor de la Proximidad- han hecho que dependiendo de las políticas desarrolladas o de la impericia de los tecnócratas (o de ambos) se hayan tenido efectos de consolidación real o de destrucción silenciosa del sistema según territorio.

Más de cinco millones de personas son usuarios de los Servicios Sociales (coincide con la cifra de los parados), familias que reciben orientación, ayuda a domicilio, alojamiento o prestaciones para la inserción social… En el último año el incremento de la demanda ha saturado los servicios sociales básicos. ¿Cómo es posible que algunos irresponsables políticos hayan reducido presupuestos para atender las necesidades básicas de las personas más vulnerables? En este contexto se está implementando la Ley de Dependencia, una nueva conquista de derechos de ciudadanía que tiene un anclaje desigual dependiendo del alma de los consejeros y presidentes autonómicos que la desarrollan. Más de  700.000  beneficiarios y casi 150.000 empleos son las cifras más evidentes del mayor avance en la protección social en los últimos tres lustros. La inversión social que representa solo el 0,5% del PIB en este Sistema supone una rentabilidad incomparable.

Todas las personas en situación de dependencia son usuarias de los Servicios Sociales, pero no todos los usuarios de los Servicios Sociales son personas en situación de dependencia. La aberración conceptual de confundir el contenido (Ley 39/2006)  y continente (sistema de servicios sociales) ha hecho que en algunas Comunidades se permita que el contenido fagocite al continente, perdiendo lo estructural y poniendo en peligro las demás prestaciones y servicios sociales. Es indignante que no estén garantizados mínimos de protección y de oportunidades de inclusión social para todas las personas, independientemente del territorio en que vivan o de que sean o no sean clasificados como “dependientes”.

El derecho a los servicios y prestaciones por dependencia es un ejemplo importantísimo, pero también lo es el derecho a la renta básica de ciudadanía, el derecho de l@s menores a recibir los cuidados y la protección que necesitan o el derecho a recibir apoyos que compensen fragilidad personal o de la red convivencia y de apoyo familiar personal, por poner solo algunos ejemplos. Y eso sin mencionar la prevención de crecientes dificultades para la inclusión social. En época de crisis integrar prestaciones y centros en el Sistema de Servicios Sociales supone un ahorro y con la racionalización y ordenación del Sector se puede extender la protección social a más personas vulnerables. Hay que tomar la iniciativa y ofrecer las alternativas de inserción social que con la crisis se convierten en iniciativas masivas que afectan a miles de personas. En época de crisis No se puede recortar en política social ni despedir trabajadores sociales, es como si cerramos centros sanitarios o despedimos a médicos en medio de una epidemia.

En algunos territorios el desmantelamiento progresivo y sin retorno que están sometiendo al Sistema, y las amenazas sobre estrategias privatizadoras que pueden generar un sistema dual,  hace necesaria una insurrección pacifica, un despertar de la ciudadanía que no permita un final como en la fábula de la rana hervida. Siempre se puede confiar en los políticos sin alma. Nunca cambian, no te defraudan jamás.

DEL LIBRO “VI DICTAMEN DEL OBSERVATORIO ESTATAL PARA LA DEPENDENCIA”

EL IMPACTO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMIA Y LA ATENCION A LA DEPENDENCIA  EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

En Enero de 2010 incluíamos en el IV Dictamen un punto específico sobre el impacto del SAAD en el sistema de servicios sociales. Identificábamos impactos en la organización (“imagen de marca”, estructuras de planificación y gestión, equipos de profesionales, simplificación y homogeneización documental y sistema de información), en los usuarios (nuevos usuarios y movilizaciones, compatibilidad, ayudas económicas y servicios, listas de espera, recursos), el impacto en el crecimiento de recursos y generación de empleo y en la imagen social del sistema de servicios sociales.

Señalábamos entonces la repercusión en el progreso de la legislación autonómica de servicios sociales, verificable en la promulgación de nuevas leyes de Servicios Sociales a partir de la Ley de promoción de la autonomía persona y atención a las personas en situación de dependencia No se trata de una cuestión baladí:  
Las nuevas leyes autonómicas de servicios sociales  son cruciales para el reconocimiento de derechos sociales y para la integración del SADD en el sistema de servicios sociales. El panorama de avances en legislación del sector es el siguiente. 

Comunidades  que han promulgado nuevas leyes a partir de la LAPAD: Navarra (2006), Cantabria y Cataluña (2007), Galicia y Pais Vasco (2008), Aragón, Baleares y La Rioja (2009), Castilla-La Mancha y Castilla-León (2010).

Comunidades que mantienen la Ley anterior a la LAPA: Extremadura y Canarias (1987), Andalucía (1988), Comunidad Valenciana (1997), Asturias, madrid y Murcia (2003).

Todas las nuevas leyes de servicios sociales sitúan la atención a las personas en situación de dependencia en el sistema de servicios sociales. La consecuencia es que las 10 comunidades autónomas con nueva Ley de Servicios Sociales avanzan, aunque a un ritmo muy distinto, su desarrollo reglamentario en planificación, articulación del sistema, mapas de recursos, cartera de servicios, criterios de calidad o financiación, es decir avanzan el diseño del sistema de servicios sociales para los próximos años, a partir de un nuevo marco legal que compromete a hacerlo.

Aún así, cuesta mantener el optimismo a la vista de la evolución global del sistema de servicios sociales en estos 4 años, de la misma forma que les pasa a las personas que necesitan el apoyo de los servicios sociales para vivir con dignidad,  sean o no personas en situación de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria.

Nos duele, y nos indigna,  que no estén garantizados mínimos de protección y de oportunidades de inclusión y participación social para todas las personas, independientemente del territorio en que vivan y de que sean o no clasificados como “dependientes”.

El derecho a los servicios y prestaciones por dependencia es un ejemplo importantísimo, pero también lo es el derecho a la renta básica de ciudadanía, el derecho de l@s menores a recibir los cuidados y la protección que necesitan o el derecho a recibir apoyos que compensen fragilidad personal o de la red convivencia y de apoyo familiar personal, por poner solo algunos ejemplos. Y eso sin mencionar la prevención de crecientes dificultades para la inclusión social.

Volvemos a asistir con estupor al desdibujamiento del sistema de servicios sociales, como si el sistema se hubiese reducido a la atención a las personas en situación de dependencia. En el debate sobre políticas sociales en el Congreso de Diputados del 24 de Febrero, volvimos a escuchar una y otra vez definir el SAAD como el cuarto pilar del bienestar social en España.

Tampoco es una cuestión baladí. Podemos entender la prioridad actual en la aplicación de la LAPAD, pero nos resulta incomprensible que se deje  debajo de la mesa la atención primaria de servicios sociales o “...los centros y servicios que con tan grande ilusión  hemos levantado, para que las gentes de todo oficio y condición podamos vivir más dignamente y gozar de la nuestra convivencia”, precisamente en el primer debate monográfico de nuestr@s representantes políticos sobre la política social. 

Después de esto ¿alguien se siente con fuerza, y no solo razones, para continuar planteando la necesidad de legislación estatal de servicios sociales?  No debería extrañarnos: en 4 años hemos asistido al peregrinaje de la política social del Ministerio de Trabajo al de Educación y de éste al de Sanidad, y al cambio de ministra y de directora general del  IMSERSO casi cada año. Es casi imposible mantener la coherencia con este trasiego, por mucho que la orientación política sea la misma (por cierto, la misma orientación política que creó e impulsó la construcción del sistema de servicios sociales en los años 80).

Sabemos, con hechos y datos, que los derechos sociales son hoy diferentes según la comunidad autónoma en la que se viva. Lo son en la aplicación de la LAPAD, como hemos venido recogiendo en cada uno de los Dictámenes del Observatorio, y lo son en el sistema de servicios sociales que, en la mayoría de las Comunidades autónomas es responsable del SAAD.

Se han cometido errores: es un hecho reconocido en  estudios de universidades, dictámenes, informes oficiales y oficiosos, sentencias.... y esperamos que aún conozcamos otras investigaciones e informes, entre ellos el del Tribunal de Cuentas. La cuestión ahora es si hemos aprendido de ellos o seguimos en la vía muerta de “sostenerla y no enmendarla”. Hay también razones para sentir algo de alegría: no hay ninguna duda de que se ha producido un progreso indudable, especialmente para cerca de 700.000 personas que hoy reciben servicios y prestaciones por dependencia.

Es un progreso indudable, sin duda, para 700.000 ciudadanos y ciudadanas, pero tendríamos que tener en cuenta que, durante el año 2007 los servicios sociales básicos prestaron servicios a 5.423.000 personas (el 13,08% del total de la población). 

 Los datos recogidos en la  misma memoria muestran que el 67% de las prestaciones básicas de servicios sociales se dirigieron a personas mayores, a familias e infancia y personas con discapacidad. El 33% restante fueron prestaciones dirigidas a personas que sufrían, o estaban en riesgo de sufrir, diferentes procesos de exclusión social: mujeres, emigrantes, personas con enfermedad mental, minorías étnicas, ex-reclusos.....

Son datos del último año (2007-2008) del que hay “memoria anual” publicada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales. No conocemos, por lo tanto, a nivel del Estado, la evolución del número de  usuarios atendidos por los servicios sociales básicos en los 3 últimos años de aplicación de la LAPAD, pero tenemos la certeza de  que se ha incrementado el número de usuarios, año tras año, en todas las Comunidades Autónomas sin excepción. La pregunta no puede ser otra que: ¿Cómo es posible planificar sin datos? o mejor ¿cómo se toman decisiones sin tener datos? 

Hay una respuesta que parece muy clara: se decide simple y llanamente estrangular la base de un sistema que no conoce, creemos que ni siquiera ser es conscientes de las repercusiones. El hecho es que la financiación estatal destinada al Plan Concertado, casi paralizada en los últimos años,  es menor en el 2011 que en 2010. 

Para el SISAAD (el sistema de información diseñado únicamente para “el 4º pilar del bienestar social”) parece que estos datos no importan, de la misma forma que para el SAAD parece que no importan las personas que no llegan a obtener la puntuación necesaria para acceder al derecho a los servicios y prestaciones por dependencia. 

Pero importan, y mucho, a las personas que necesitan servicios sociales que no les llegarán. Importa también a los gestores, que no tienen la información necesaria para discernir mejoras o duplicidades. Importa a los profesionales de atención directa, que pierden un tiempo precioso y muy escaso  en pasar de una base de datos a otra, o de una historia social a otra, ambas de la misma persona.

Algunas comunidades autónomas decidieron apostar por un solo sistema de información de usuarios de servicios sociales, que integrase las utilidades del SISAAD y del sistema de información anterior. Otras comunidades se dieron cuenta más tarde, cuando ya estábamos en los inicios de la crisis económica y las reducciones presupuestarias hacían difícil la inversión tecnológica necesaria. Y el resto simplemente cumplen, de buena o de mala gana, con lo que hay.

¿Será posible que se reconozca la necesidad de un solo sistema de información de usuarios de los servicios sociales? ¿Será posible que se rectifique un error que lleva directamente al despilfarro y a  “agujeros negros” en los que desaparece la información?

Algo similar ocurre con los equipos de profesionales. Todas las comunidades autónomas, menos una, contrataron equipos de profesionales dedicados exclusivamente a la valoración de la dependencia. Todas las comunidades autónomas, menos dos, utilizan la estructura básica de servicios sociales para la valoración social y del  entorno; la diferencia está en que aporten solamente un informe o que estén implicadas en todo el proceso de atención.

Tampoco es una cuestión intrascendente, ni para la  vertebración del sistema de servicios sociales, ni para la continuidad de la atención a los usuarios, ni para la simplificación de procedimientos.

Una parte de las comunidades autónomas han financiado la incorporación de profesionales a los servicios sociales básicos, ya sea para reforzar su función de “puerta de entrada al sistema de servicios sociales”, o  para dedicarles exclusivamente a facilitar el acceso de las personas que solicitan apoyo por dependencia a la valoración y a los servicios y prestaciones del SAAD.

Prescindiendo, que ya es mucho prescindir, de las incoherencias que pueden existir respecto a la “puerta de entrada al sistema”, mucho nos tememos que las comunidades autónomas que en su día no reforzaron las estructuras básicas de servicios sociales están condenadas a seguir así en los próximos años, aún en el caso de que se reconociese el error.
  
De la misma forma que el SAAD ha sido, y continúa siendo, una oportunidad indiscutible para las personas en situación de dependencia, ha sido y continúa siendo hoy una oportunidad para reforzar la intervención y la eficacia del conjunto de los servicios sociales, a pesar de la crisis y a pesar de las restricciones presupuestarias.

Nos ha permitido constatar unas cuantas bolsas de ineficiencia, pero solo algunas comunidades autónomas han hecho algo al respecto. Simplificación de estructuras vs seguir creando nuevos departamentos, homogenización de procedimientos y documentación vs una entrevista, un formulario, un informe para cada asunto y cada parte, un procedimiento y una resolución vs uno para la valoración y otro para la prescripción.... son solo algunos ejemplos.

Parece que difundir “buenas prácticas” es solo un ejercicio teórico, del que pocos aprenden algo.  Sin duda, hay que ser creativos, hay que investigar e innovar, pero parece que el reto está más en aprender a copiar a los mejores, en vez de ignorar que existen. Sin embargo, hay demasiada gente que ni aprende, ni copia,  porque “no les cabe en la cabeza” que las cosas puedan hacerse mejor A ellos se refería Antonio Machado, poniéndolo en boca de Juan de Mairena:
  
“Siempre será peligroso encaramar en los puestos directivos a hombres de talento mediano, por mucha que sea su buena voluntad, porque a pesar de ella –digámoslo con perdón de Kant- la moral de estos hombres es también mediana. A última hora, ellos traicionan siempre la causa que pretendían servir, se revuelven airadamente contra ella. Propio es de hombres de cabezas medianas el embestir contra todo aquello que no 
les cabe en la cabeza. A todos nos conviene, amigos queridos, que nuestros dirigentes sean siempre los más inteligentes y los más sabios.” 

Derechos a la intemperie. 2011: Informe de Amnistia Internacional sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en España


En el informe titulado Derechos a la intemperie 2011, Amnistía Internacional (AI) aborda el respaldo jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en España e identifica los obstáculos en la ley y en la práctica que afectan el derecho a reclamarlos y hacerlos valer ante la justicia. Con tal fin se ha examinado el marco legislativo, administrativo y judicial, que incluyen las disposiciones constitucionales con consecuencias sobre los DESC.

La falta de reconocimiento de los DESC como derechos humanos en la legislación, en las actuaciones y en las decisiones de las autoridades, afecta a la vida de las personas. En razón de la interdependencia que existe entre todos los derechos humanos, el hecho de no disponer de una vivienda digna o no tener acceso a una atención sanitaria, puede minar otros derechos, incluido el derecho a la vida. No contar con medios legales que impidan su vulneración y no obtener reparación en caso de abusos, equivale a estar desprotegidos y a
que los DESC resulten meras declaraciones de intenciones por parte de las autoridades.
Esta desprotección nos hace vulnerables.

Hay sectores cuya vulnerabilidad puede verse incrementada y sus posibilidades a la hora de defenderse, verse drásticamente reducidas. Muchos titulares de derechos pueden incluso asumir que no tienen derechos, sobre todo cuando son las propias autoridades quienes sostienen, refuerzan o confirman tal condición. Por ello, este informe ofrece experiencias concretas de quienes se han encontrado inermes ante el déficit de garantías y desprotección de los DESC, con especial atención sobre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. La investigación incluye los obstáculos y desventajas de partida, teniendo muy en cuenta el derecho a la información y a la participación, así como aquellos derechos implicados en su defensa, tanto a nivel individual como a través de la acción colectiva.

Amnistía Internacional ha realizado esta investigación en el marco de la Campaña Exige Dignidad; una campaña global prioritaria de la organización cuyo objetivo es poner fin a los abusos contra los derechos humanos que mantienen a las personas en la pobreza (uno de los mayores escándalos de derechos humanos). La organización trabaja para que los Estados conviertan los DESC en ley y cumplan con sus obligaciones al respecto.

El Estado español, que cuenta con una población en riesgo de pobreza de aproximadamente el 22,7 por ciento, y con tendencia a incrementarse en un contexto de crisis económica, ha ratificado, entre otros tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ello implica el deber de respetarlos, el deber de protegerlos y el deber de hacer que sean realidad para todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.

No obstante, a pesar de las obligaciones internacionales contraídas por España, existen serias preocupaciones sobre el respaldo jurídico de los DESC y las consecuencias sobre la vida de las personas. El déficit de garantías y los obstáculos en la ley y en la práctica para hacerlos valer y reclamarlos es la tónica predominante en lo que a la respuesta del Estado se refiere. Para denunciarlo, en este informe se recogen los principales obstáculos identificados.

Amnistia Internacional - Abril 2011

Junto al informe, Amnistía Internacional ha divulgado un video en el que se desarrollan tres temas:

La cañada cuenta la situación de Cañada Real Galiana en Madrid, un asentamiento ilegal en el que entre 25.000 y 40.000 personas, con casas construidas desde hace 30 años con el consentimiento de las administraciones, están viendo como sus hogares son destruidos sin ninguna alternativa.





Futuro hipotecado aborda la situación de las familias que sufren ejecuciones hipotecarias. Al no poder pagar sus casas, éstas son subastadas por el 50% de su valor inicial, lo que les obliga a seguir pagando una deuda millonaria al banco de por vida.





Recursos contra el sufrimiento muestra cómo en España los recursos para atender a personas con enfermedad mental son muy escasos, lo que puede provocar atención insuficiente, diagnósticos equivocados y en muchos casos la exclusión de estas personas.