El entorno para hacer el anuncio no pudo ser más propicio: en un acto sobre seguridad en la Gran Vía madrileña, donde duermen decenas de personas sin hogar, y arropado por los vecinos y sus continuas quejas por la mendicidad. En esas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), enarboló ayer una propuesta tan polémica que pronto se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales: pedir una ley estatal para que los ayuntamientos puedan sacar a los sin techo de la calle. "Siempre y cuando haya recursos asistenciales gratuitos", matizó.
Tanto el regidor madrileño como después una portavoz municipal quisieron dejar claro que la ley, propuesta para que el PP la incluya en su programa electoral de las elecciones generales de 2012, lo que pretende es dar una salida a esas personas que no tienen dónde dormir.
Antes del alcalde, había caldeado el ambiente el presidente de la asociación de comerciantes de Gran Vía, Florencio Delgado, que hacía las veces de conductor del acto. Delgado se refirió a la "situación desastrosa" que supone la presencia de personas "tiradas" por la calle y de "pedigüeños que campan a sus anchas" por el centro de la ciudad. Y fue entonces cuando intervino el alcalde con su propuesta.
"El alcalde ha pedido que haya una ley para que se gestione el uso de los espacios públicos. Estamos hablando no de echarles de la calle, sino de dotarles de recursos asistenciales", señaló a este diario una portavoz municipal. En 2006, el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, ya propuso una medida similar. En cualquier caso, para obligar a una persona a ingresar en un albergue es necesario modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que la Policía pueda llevárselos en contra de su voluntad.
Además de Calvo y de Gallardón, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ya aseguró en septiembre de 2009 que la mendicidad era un problema añadido a la suciedad que hay en el centro.
Las matizaciones ayer a las palabras de Ruiz-Gallardón no calmaron el enfado de las entidades sociales, que estiman que la cifra de los sin techo está en torno a los 30.000 en toda España (unos 3.000 en Madrid). "La propuesta del alcalde es anticonstitucional", advirtió Carlos Miguélez, responsable de Comunicación de Solidarios para el Desarrollo, ONG que asiste por las noches a los indigentes de la capital. "La medida va en contra de los derechos fundamentales, y si se quisiese obligar a esas 30.000 personas a meterse en un albergue, no habría recursos. No es ni viable", ahondó Miguélez.
Desde la Fundación Rais, su portavoz, José Aniorte, afirmó que había recibido el anuncio del alcalde "con sorpresa". "Esperemos que en breve rectifique y lo aclare. El Ayuntamiento está alejado de la realidad. Con sus palabras, lo que hace es fomentar el estereotipo y criminalizar al que no tiene hogar", criticó Aniorte, antes de sentenciar: "Nadie está en la calle porque quiere".
Necesidades básicas
Tanto Fundación Rais como Solidarios denuncian que no existen suficientes recursos. Los indigentes tienen cubiertas, a través de las administraciones o las ONG, sus necesidades básicas: comida y techo, si lo quieren. Pero las organizaciones reclaman que por parte de los ayuntamientos la ayuda debe ir más allá de dar café en un termo. "Hacen falta pisos tutelados, asistencia psicológica, no quedarse en la superficie", aseguró Aniorte. Su fundación realizó recientemente en la Puerta del Sol una protesta por la falta de recursos para los indigentes.
Rodrigo Pérez, presidente de Mensajeros de la Paz-Madrid, coincide con ese diagnóstico de que las entidades están sufriendo recortes sociales e insta a los políticos a que conozcan de primera mano las instalaciones destinadas a los sin techo. "Que no vayan sólo de visita, que vean bien las condiciones de dichos albergues", señaló Pérez.
A las críticas, el Gobierno municipal respondió que los recursos disponibles son buenos y suficientes. Un portavoz del Samur Social explicó que de los 3.000 sin techo de la capital hay un grupo de 600 que se muestra reticente a recibir asistencia: "Son personas que no quieren ir a los albergues porque allí no se puede beber alcohol o porque no pueden meter a sus mascotas". Para declarar la incapacidad de una de estas personas y que asuma la tutela el Gobierno regional es necesario el dictamen de un juez. En Madrid, en el último año, seis indigentes han sido declarados incapaces.
El anuncio de Gallardón no dista mucho de la ordenanza para la convivencia aprobada por el Ayuntamiento de Granada, que entró en vigor en septiembre de 2009, informa Fran Grimaldi. Este reglamento prohíbe y sanciona la "ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad".
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera que estas propuestas no solucionan el problema. "En Granada hay mucha persecución, incluso se han dado casos en los que expulsaron a un mendigo que dormía en un portal y le arrebataron la manta que le tapaba", concluyó Natalia García, portavoz de la asociación.
Público, 14/04/2011
Acusan a Gallardón de vincular indigencia con delincuencia
Un total de 14 entidades especializadas en el trabajo con personas sin hogar han denunciado en un comunicado conjunto que las declaraciones del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en las que abogaba por sacar a los mendigos de las calles, "vinculan a los ciudadanos que viven en la calle con conceptos como delincuencia, suciedad y violencia".
En esta crítica se condensa el rechazo generalizado a la petición de Gallardón de una ley que obligue a los sin techo a salir de la calle. Asociaciones y partidos políticos consideran que la intención del alcalde de Madrid supone "un retroceso" en los derechos de los ciudadanos.
"Erradicar el sinhogarismo, que nadie duerma en la calle, es un deseo para nuestras entidades. Sabemos que el camino para conseguirlo pasa por aunar voluntades políticas y no por una ley estatal que haga desaparecer por la fuerza de las calles a las personas. En pleno siglo XXI, no podemos permitirnos un retroceso en la legislación de los derechos de los ciudadanos", denuncian los firmantes, entre los que se encuentran Cáritas Madrid, Acción en Red y la EAPN.
Las organizaciones explican que las personas sin hogar "son víctimas directas de violencia y no al revés" y apelan a un "trabajo integral" para incorporarlas al "día a día que impone la sociedad".
Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, tachó este jueves la propuesta de Gallardón de "populista y estética". Pajín apostó por "medidas inclusivas" para los mendigos.
En Izquierda Unida, el candidato a la alcaldía de Madrid, Ángel Pérez, afirmó la mendicidad es "cuestión social" y "no de estética, por más que al alcalde le ofenda a la vista". Hasta UPyD se ha posicionado en contra del Gallardón: su alcaldable por Madrid, David Ortega, le ha reprochado que se preocupe "más por la estética que por los derechos fundamentales".
Gallardón: "Yo no tendría la conciencia tranquila"
Ante este aluvión de críticas, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió este jueves en que la petición de una ley estatal para poder obligar a los 'sin techo' a dejar de dormir en la calle siempre que haya recursos públicos gratuitos suficientes no busca mejorar la estética de la ciudad, sino proteger "la dignidad" de este colectivo porque es "obligación" de la sociedad hacerlo.
El primer edil se ha explayado en hablar sobre este asunto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde defendió que "no se puede tener una mirada indiferente hacia las muchas personas que en Madrid y en otras ciudades" viven en la calle. Aseguró que "no es un problema ni de convivencia ni de estética, sino de la dignidad de las personas, de su salud y de su atención".
De hecho, a su juicio eso "es la obligación de una sociedad moderna y que se dice a sí misma solidaria", porque "decir que no es problema (de la sociedad) porque voluntariamente no quieren incorporarse (a los recursos públicos) sin saber las razones por las que lo deciden así o sus patologías es una actitud que no se corresponde con un discurso de solidaridad".
Sin embargo, la realidad también es que muchas de las personas que duermen en la calle lo eligen de forma voluntaria, a pesar de conocer los recursos puestos a su disposición. Frente a este argumento, el primer edil recordó que se trata de una "población muy difícil", el 40% de la cual "tiene problemas mentales o de adicciones".
"Y yo soy de los que piensan que, no el Estado, sino la sociedad, no puede permanecer indiferente. Sé que se puede alegar que frente a esto su derecho individual a permanecer en esta situación debe primar sobre la obligación que tienen la sociedad y el Estado de evitar esta situación de degradación; respeto el debate absolutamente, pero mi opinión es que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano".
"Y es un debate en el que respeto cualquier postura, y al final se hará lo que decida la mayoría del Parlamento. Pero como alcalde no tendría la conciencia tranquila si al menos no solicitase un instrumento para que esas 500 personas, en lugar de dormir en la calle, duerman en un albergue municipal", reiteró
No será considerado infracción
En cualquier caso, Gallardón ha asegurado que su objetivo no es que esta ley recoja la actitud de quienes seguir en la calle como "ningún tipo de infracción", ya que " las personas sin hogar no son los infractores, sino las víctimas". "Pero son unas víctimas a las que nosotros tenemos obligación de asistir aunque no nos lo pidan y aunque en ocasiones se opongan a esa asistencia", apostilló.
Por último, al primer edil también se le ha preguntado por la comparación que los socialistas hicieron el miércoles de esta propuesta con la Ley de Vagos y Maleantes, y recordó que dicha normativa "nada tiene que ver" con lo que ha propuesto él. "Es más, entra en contradicción. Esa era una ley que pretendía expresamente proteger a la sociedad frente a los vagabundos, y lo que nosotros pretendemos es lo contrario: proteger a los indigentes y, a veces, protegerlos también frente a la indiferencia de la propia sociedad", explicó.
A renglón seguido, recordó además que la Ley de Vagos y Maleantes "no era una ley franquista, sino una ley socialista", ya que fue aprobada "en agosto de 1933, y las elecciones fueron a finales de año, lo que significa que en agosto de 1933 era presidente del Gobierno (Manuel) Azaña pero gobernaba en coalición con el PSOE".
Gobierno, partidos y ONG se niegan a confinar a los sin techo
La propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, de promover una ley estatal que permita a los ayuntamientos poder obligar a los sin techo a dejar de dormir en la calle desató ayer un alud de críticas. Tanto el Gobierno central como las ONG que trabajan con las personas sin hogar y diversos responsables políticos, entre ellos algunos del propio partido del alcalde, el PP, criticaron de una forma u otra la medida propuesta por Ruiz-Gallardón.
No obstante, el alcalde no se arredró ante las críticas generalizadas y se mantuvo en sus trece. "No es un problema ni de convivencia ni de estética, sino de la dignidad de las personas, de su salud y de su atención", justificó. Eso sí, según Europa Press reiteró que su propuesta está subordinada al hecho de que haya recursos públicos gratuitos suficientes algo que, por cierto, está lejos de conseguirse.
Así, si las personas sin hogar de Madrid estuvieran forzadas a abandonar sus calles mañana mismo, como propuso el miércoles Ruiz-Gallardón, más de 1.600 personas no tendrían donde acudir. No tendrían plaza en ningún albergue de la capital, ni municipal ni privado.
Y es que tanto el Samur Social como las ONG que trabajan con este tipo de personas estiman que unos 3.000 ciudadanos carecen de hogar en Madrid, mientras que la ciudad cuenta con 1.367 plazas en centros de acogida de personas sin techo. En invierno, durante las semanas de más frío, el número de plazas se incrementa en unas 500, dependiendo del año. Esta insuficiencia de recursos no es única de Madrid, y se da en otros muchos lugares de España, según Gustavo García, experto en personas sin techo de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Al alcalde de Madrid, sin embargo, las cuentas le salen y asegura que "hay plazas libres en los centros". Gallardón reduce a entre 500 y 600 el número de sin techo que duerme en la calle. Para el alcalde, el hecho de que muchas de estas personas prefieran dormir entre cartones en un portal que ir a un albergue prueba que tienen problemas mentales. "Es una población muy difícil", aseguró. Según destacó, el 40% de las personas sin hogar "tiene problemas mentales o de adicciones". La legislación española no permite retener a ningún ciudadano contra su voluntad. Sólo se puede hacer en dos casos: cuando el individuo ha cometido un delito o si se trata de una persona incapacitada.
Frente común de ONG
El rechazo de las ONG fue frontal. Las 14 entidades más importantes que trabajan atendiendo y sacando de la calle a los sin techo emitieron un comunicado en el que manifestaron su "disconformidad e indignación" por los planes de Gallardón. Se quejan de que el Consistorio vincule a los sin hogar con "conceptos como delincuencia, suciedad y violencia". Al contrario, estas asociaciones constatan que ellos son las "víctimas directas".
Las entidades aseguran que su objetivo también es conseguir que nadie duerma en la calle, pero instan al alcalde a colaborar con ellos para conseguirlo. El camino, denuncian, "no es una ley estatal que haga desaparecer por la fuerza a las personas de las calles". Ven la propuesta como "un retroceso en la legislación de los derechos de los ciudadanos".
La portavoz de La Asociación Realidades, Patricia Prieto, explica que el problema va más allá de la falta de plazas. "Se necesita un nuevo planteamiento metodológico" para sacar a las personas sin techo de las calles, asegura. Su asociación, por ejemplo, tiene pisos tutelados y unidades unifamiliares en la capital, donde se ayuda a estas personas a reinsertarse en el mundo laboral y en la sociedad.
"Criminalizar al colectivo"
Para Gustavo García, la propuesta de Gallardón "criminalizaría al colectivo". García, que dirige uno de los albergues más grandes de España, en Zaragoza, sí entiende que muchas personas sin techo no quieran ir a los albergues. "Los horarios son muy estrictos, tienen que dormir con gente que no conocen, que ronca... No es fácil", explica.
Mientras, Ramon Noró, de la Fundació Arrels de Barcelona, defiende que "no hace falta hacer leyes nuevas, sino aplicar y avanzar en las leyes de servicios sociales". "Hay que cambiar la obligatoriedad por la capacidad de motivar a estas personas, si no, no funciona", concluye. Noró asegura que "el albergue no es la solución" e indica que "hay que huir de la concepción clásica de que con un techo y un plato en la mesa se soluciona el problema".
Denuncia del Ministerio
En el terreno político, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, recordó al alcalde que "cualquier ciudadano, por precaria que sea su situación, sigue teniendo unos derechos constitucionales". "Nunca he creído en la política populista y estética, sino en garantizar los derechos de los ciudadanos con políticas reales, inclusivas", dijo. Para el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, que aboga por un plan de inclusión social, la propuesta "recuerda a la Ley de Vagos y Maleantes" franquista. Asimismo, el diputado de IU Gaspar Llamazares tachó la propuesta de "tercermundista" y la interpretó como una muestra de que el primer edil está más peocupado por ocultar el problema que por solucionarlo.
Discrepancias en el PP
Gallardón también encontró discrepancias en las filas del PP. La vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato, defendió que las personas sin techo tengan "un sitio donde ir", pero matizó a Gallardón, reivindicando que se debe respetar la libertad individual. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió la libertad de los ciudadanos para poder decidir dormir en la calle. "Yo no soy amiga de las prohibiciones", se definió. Eso sí, Gallardón encontró un aliado en el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, también del PP, que llegó a decir que muchos sin techo "están sometidos a mafias". "Algo habrá que hacer", aseguró.
Por último, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (PSC), criticó que "sólo prohibiendo que puedan estar en el espacio público no se resuelve el problema" de los sin techo. El alcalde aseguró que las personas sin techo sólo podrán salir de la calle si se crea "un circuito de muchos servicios sociales" para que "tengan una alternativa". No obstante, Hereu reconoció que en muchos casos las personas que viven en la calle tienen problemas de salud mental, y que ello "complica que voluntariamente decidan escoger una trayectoria que les conduzca hacia la reinserción social".
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