sábado, 30 de abril de 2011

Gallardón pide una ley para sacar a los sin techo de la calle

El entorno para hacer el anuncio no pudo ser más propicio: en un acto sobre seguridad en la Gran Vía madrileña, donde duermen decenas de personas sin hogar, y arropado por los vecinos y sus continuas quejas por la mendicidad. En esas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), enarboló ayer una propuesta tan polémica que pronto se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales: pedir una ley estatal para que los ayuntamientos puedan sacar a los sin techo de la calle. "Siempre y cuando haya recursos asistenciales gratuitos", matizó.
Tanto el regidor madrileño como después una portavoz municipal quisieron dejar claro que la ley, propuesta para que el PP la incluya en su programa electoral de las elecciones generales de 2012, lo que pretende es dar una salida a esas personas que no tienen dónde dormir.
Antes del alcalde, había caldeado el ambiente el presidente de la asociación de comerciantes de Gran Vía, Florencio Delgado, que hacía las veces de conductor del acto. Delgado se refirió a la "situación desastrosa" que supone la presencia de personas "tiradas" por la calle y de "pedigüeños que campan a sus anchas" por el centro de la ciudad. Y fue entonces cuando intervino el alcalde con su propuesta.
"El alcalde ha pedido que haya una ley para que se gestione el uso de los espacios públicos. Estamos hablando no de echarles de la calle, sino de dotarles de recursos asistenciales", señaló a este diario una portavoz municipal. En 2006, el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, ya propuso una medida similar. En cualquier caso, para obligar a una persona a ingresar en un albergue es necesario modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que la Policía pueda llevárselos en contra de su voluntad.
Además de Calvo y de Gallardón, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ya aseguró en septiembre de 2009 que la mendicidad era un problema añadido a la suciedad que hay en el centro.
Las matizaciones ayer a las palabras de Ruiz-Gallardón no calmaron el enfado de las entidades sociales, que estiman que la cifra de los sin techo está en torno a los 30.000 en toda España (unos 3.000 en Madrid). "La propuesta del alcalde es anticonstitucional", advirtió Carlos Miguélez, responsable de Comunicación de Solidarios para el Desarrollo, ONG que asiste por las noches a los indigentes de la capital. "La medida va en contra de los derechos fundamentales, y si se quisiese obligar a esas 30.000 personas a meterse en un albergue, no habría recursos. No es ni viable", ahondó Miguélez.
Desde la Fundación Rais, su portavoz, José Aniorte, afirmó que había recibido el anuncio del alcalde "con sorpresa". "Esperemos que en breve rectifique y lo aclare. El Ayuntamiento está alejado de la realidad. Con sus palabras, lo que hace es fomentar el estereotipo y criminalizar al que no tiene hogar", criticó Aniorte, antes de sentenciar: "Nadie está en la calle porque quiere".

Necesidades básicas

Tanto Fundación Rais como Solidarios denuncian que no existen suficientes recursos. Los indigentes tienen cubiertas, a través de las administraciones o las ONG, sus necesidades básicas: comida y techo, si lo quieren. Pero las organizaciones reclaman que por parte de los ayuntamientos la ayuda debe ir más allá de dar café en un termo. "Hacen falta pisos tutelados, asistencia psicológica, no quedarse en la superficie", aseguró Aniorte. Su fundación realizó recientemente en la Puerta del Sol una protesta por la falta de recursos para los indigentes.
Rodrigo Pérez, presidente de Mensajeros de la Paz-Madrid, coincide con ese diagnóstico de que las entidades están sufriendo recortes sociales e insta a los políticos a que conozcan de primera mano las instalaciones destinadas a los sin techo. "Que no vayan sólo de visita, que vean bien las condiciones de dichos albergues", señaló Pérez.
A las críticas, el Gobierno municipal respondió que los recursos disponibles son buenos y suficientes. Un portavoz del Samur Social explicó que de los 3.000 sin techo de la capital hay un grupo de 600 que se muestra reticente a recibir asistencia: "Son personas que no quieren ir a los albergues porque allí no se puede beber alcohol o porque no pueden meter a sus mascotas". Para declarar la incapacidad de una de estas personas y que asuma la tutela el Gobierno regional es necesario el dictamen de un juez. En Madrid, en el último año, seis indigentes han sido declarados incapaces.
El anuncio de Gallardón no dista mucho de la ordenanza para la convivencia aprobada por el Ayuntamiento de Granada, que entró en vigor en septiembre de 2009, informa Fran Grimaldi. Este reglamento prohíbe y sanciona la "ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad".
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera que estas propuestas no solucionan el problema. "En Granada hay mucha persecución, incluso se han dado casos en los que expulsaron a un mendigo que dormía en un portal y le arrebataron la manta que le tapaba", concluyó Natalia García, portavoz de la asociación.

Público, 14/04/2011
Acusan a Gallardón de vincular indigencia con delincuencia

Un total de 14 entidades especializadas en el trabajo con personas sin hogar han denunciado en un comunicado conjunto que las declaraciones del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en las que abogaba por sacar a los mendigos de las calles, "vinculan a los ciudadanos que viven en la calle con conceptos como delincuencia, suciedad y violencia". 
En esta crítica se condensa el rechazo generalizado a la petición de Gallardón de una ley que obligue a los sin techo a salir de la calle. Asociaciones y partidos políticos consideran que la intención del alcalde de Madrid supone "un retroceso" en los derechos de los ciudadanos.
"Erradicar el sinhogarismo, que nadie duerma en la calle, es un deseo para nuestras entidades. Sabemos que el camino para conseguirlo pasa por aunar voluntades políticas y no por una ley estatal que haga desaparecer por la fuerza de las calles a las personas.  En pleno siglo XXI, no podemos permitirnos un retroceso en la legislación de los derechos de los ciudadanos", denuncian los firmantes, entre los que se encuentran Cáritas Madrid, Acción en Red y la EAPN.
Las organizaciones explican que las personas sin hogar "son víctimas directas de violencia y no al revés" y apelan a un "trabajo integral" para incorporarlas al "día a día que impone la sociedad".
Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, tachó este jueves la propuesta de Gallardón de "populista y estética". Pajín apostó por "medidas inclusivas" para los mendigos.
En Izquierda Unida, el candidato a la alcaldía de Madrid, Ángel Pérez, afirmó la mendicidad es "cuestión social" y "no de estética, por más que al alcalde le ofenda a la vista". Hasta UPyD se ha posicionado en contra del Gallardón: su alcaldable por Madrid, David Ortega, le ha reprochado que se preocupe "más por la estética que por los derechos fundamentales".

Gallardón: "Yo no tendría la conciencia tranquila"

Ante este aluvión de críticas, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió este jueves en que la petición de una ley estatal para poder obligar a los 'sin techo' a dejar de dormir en la calle siempre que haya recursos públicos gratuitos suficientes no busca mejorar la estética de la ciudad, sino proteger "la dignidad" de este colectivo porque es "obligación" de la sociedad hacerlo.
El primer edil se ha explayado en hablar sobre este asunto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde defendió que "no se puede tener una mirada indiferente hacia las muchas personas que en Madrid y en otras ciudades" viven en la calle. Aseguró que "no es un problema ni de convivencia ni de estética, sino de la dignidad de las personas, de su salud y de su atención".
De hecho, a su juicio eso "es la obligación de una sociedad moderna y que se dice a sí misma solidaria", porque "decir que no es problema (de la sociedad) porque voluntariamente no quieren incorporarse (a los recursos públicos) sin saber las razones por las que lo deciden así o sus patologías es una actitud que no se corresponde con un discurso de solidaridad".
Sin embargo, la realidad también es que muchas de las personas que duermen en la calle lo eligen de forma voluntaria, a pesar de conocer los recursos puestos a su disposición. Frente a este argumento, el primer edil recordó que se trata de una "población muy difícil", el 40% de la cual "tiene problemas mentales o de adicciones".
"Y yo soy de los que piensan que, no el Estado, sino la sociedad, no puede permanecer indiferente. Sé que se puede alegar que frente a esto su derecho individual a permanecer en esta situación debe primar sobre la obligación que tienen la sociedad y el Estado de evitar esta situación de degradación; respeto el debate absolutamente, pero mi opinión es que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano".
"Y es un debate en el que respeto cualquier postura, y al final se hará lo que decida la mayoría del Parlamento. Pero como alcalde no tendría la conciencia tranquila si al menos no solicitase un instrumento para que esas 500 personas, en lugar de dormir en la calle, duerman en un albergue municipal", reiteró

No será considerado infracción

En cualquier caso, Gallardón ha asegurado que su objetivo no es que esta ley recoja la actitud de quienes seguir en la calle como "ningún tipo de infracción", ya que " las personas sin hogar no son los infractores, sino las víctimas". "Pero son unas víctimas a las que nosotros tenemos obligación de asistir aunque no nos lo pidan y aunque en ocasiones se opongan a esa asistencia", apostilló.
Por último, al primer edil también se le ha preguntado por la comparación que los socialistas hicieron el miércoles de esta propuesta con la Ley de Vagos y Maleantes, y recordó  que dicha normativa "nada tiene que ver" con lo que ha propuesto él. "Es más, entra en contradicción. Esa era una ley que pretendía expresamente proteger a la sociedad frente a los vagabundos, y lo que nosotros pretendemos es lo contrario: proteger a los indigentes y, a veces, protegerlos también frente a la indiferencia de la propia sociedad", explicó.
A renglón seguido, recordó además que la Ley de Vagos y Maleantes "no era una ley franquista, sino una ley socialista", ya que fue aprobada "en agosto de 1933, y las elecciones fueron a finales de año, lo que significa que en agosto de 1933 era presidente del Gobierno (Manuel) Azaña pero gobernaba en coalición con el PSOE".


Público, 15/04/2011

Gobierno, partidos y ONG se niegan a confinar a los sin techo


La propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, de promover una ley estatal que permita a los ayuntamientos poder obligar a los sin techo a dejar de dormir en la calle desató ayer un alud de críticas. Tanto el Gobierno central como las ONG que trabajan con las personas sin hogar y diversos responsables políticos, entre ellos algunos del propio partido del alcalde, el PP, criticaron de una forma u otra la medida propuesta por Ruiz-Gallardón.
No obstante, el alcalde no se arredró ante las críticas generalizadas y se mantuvo en sus trece. "No es un problema ni de convivencia ni de estética, sino de la dignidad de las personas, de su salud y de su atención", justificó. Eso sí, según Europa Press reiteró que su propuesta está subordinada al hecho de que haya recursos públicos gratuitos suficientes algo que, por cierto, está lejos de conseguirse.

Así, si las personas sin hogar de Madrid estuvieran forzadas a abandonar sus calles mañana mismo, como propuso el miércoles Ruiz-Gallardón, más de 1.600 personas no tendrían donde acudir. No tendrían plaza en ningún albergue de la capital, ni municipal ni privado.
Y es que tanto el Samur Social como las ONG que trabajan con este tipo de personas estiman que unos 3.000 ciudadanos carecen de hogar en Madrid, mientras que la ciudad cuenta con 1.367 plazas en centros de acogida de personas sin techo. En invierno, durante las semanas de más frío, el número de plazas se incrementa en unas 500, dependiendo del año. Esta insuficiencia de recursos no es única de Madrid, y se da en otros muchos lugares de España, según Gustavo García, experto en personas sin techo de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Al alcalde de Madrid, sin embargo, las cuentas le salen y asegura que "hay plazas libres en los centros". Gallardón reduce a entre 500 y 600 el número de sin techo que duerme en la calle. Para el alcalde, el hecho de que muchas de estas personas prefieran dormir entre cartones en un portal que ir a un albergue prueba que tienen problemas mentales. "Es una población muy difícil", aseguró. Según destacó, el 40% de las personas sin hogar "tiene problemas mentales o de adicciones". La legislación española no permite retener a ningún ciudadano contra su voluntad. Sólo se puede hacer en dos casos: cuando el individuo ha cometido un delito o si se trata de una persona incapacitada.

Frente común de ONG

El rechazo de las ONG fue frontal. Las 14 entidades más importantes que trabajan atendiendo y sacando de la calle a los sin techo emitieron un comunicado en el que manifestaron su "disconformidad e indignación" por los planes de Gallardón. Se quejan de que el Consistorio vincule a los sin hogar con "conceptos como delincuencia, suciedad y violencia". Al contrario, estas asociaciones constatan que ellos son las "víctimas directas".
Las entidades aseguran que su objetivo también es conseguir que nadie duerma en la calle, pero instan al alcalde a colaborar con ellos para conseguirlo. El camino, denuncian, "no es una ley estatal que haga desaparecer por la fuerza a las personas de las calles". Ven la propuesta como "un retroceso en la legislación de los derechos de los ciudadanos".
La portavoz de La Asociación Realidades, Patricia Prieto, explica que el problema va más allá de la falta de plazas. "Se necesita un nuevo planteamiento metodológico" para sacar a las personas sin techo de las calles, asegura. Su asociación, por ejemplo, tiene pisos tutelados y unidades unifamiliares en la capital, donde se ayuda a estas personas a reinsertarse en el mundo laboral y en la sociedad.

"Criminalizar al colectivo"

Para Gustavo García, la propuesta de Gallardón "criminalizaría al colectivo". García, que dirige uno de los albergues más grandes de España, en Zaragoza, sí entiende que muchas personas sin techo no quieran ir a los albergues. "Los horarios son muy estrictos, tienen que dormir con gente que no conocen, que ronca... No es fácil", explica.
Mientras, Ramon Noró, de la Fundació Arrels de Barcelona, defiende que "no hace falta hacer leyes nuevas, sino aplicar y avanzar en las leyes de servicios sociales". "Hay que cambiar la obligatoriedad por la capacidad de motivar a estas personas, si no, no funciona", concluye. Noró asegura que "el albergue no es la solución" e indica que "hay que huir de la concepción clásica de que con un techo y un plato en la mesa se soluciona el problema".

Denuncia del Ministerio

En el terreno político, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, recordó al alcalde que "cualquier ciudadano, por precaria que sea su situación, sigue teniendo unos derechos constitucionales". "Nunca he creído en la política populista y estética, sino en garantizar los derechos de los ciudadanos con políticas reales, inclusivas", dijo. Para el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, que aboga por un plan de inclusión social, la propuesta "recuerda a la Ley de Vagos y Maleantes" franquista. Asimismo, el diputado de IU Gaspar Llamazares tachó la propuesta de "tercermundista" y la interpretó como una muestra de que el primer edil está más peocupado por ocultar el problema que por solucionarlo.

Discrepancias en el PP

Gallardón también encontró discrepancias en las filas del PP. La vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato, defendió que las personas sin techo tengan "un sitio donde ir", pero matizó a Gallardón, reivindicando que se debe respetar la libertad individual. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió la libertad de los ciudadanos para poder decidir dormir en la calle. "Yo no soy amiga de las prohibiciones", se definió. Eso sí, Gallardón encontró un aliado en el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, también del PP, que llegó a decir que muchos sin techo "están sometidos a mafias". "Algo habrá que hacer", aseguró.
Por último, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu (PSC), criticó que "sólo prohibiendo que puedan estar en el espacio público no se resuelve el problema" de los sin techo. El alcalde aseguró que las personas sin techo sólo podrán salir de la calle si se crea "un circuito de muchos servicios sociales" para que "tengan una alternativa". No obstante, Hereu reconoció que en muchos casos las personas que viven en la calle tienen problemas de salud mental, y que ello "complica que voluntariamente decidan escoger una trayectoria que les conduzca hacia la reinserción social".

viernes, 22 de abril de 2011

Dependencia 'low cost'

Publicado por Luis Barriga en El País del 16/04/201


Dicen que no hay peor mentira que una verdad a medias. Es muy de agradecer que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad aporte algunos datos de gestión de los cuatro años transcurridos de Ley de Dependencia, pero no es menos cierto que en su mayor parte se trata de datos que ya eran más o menos conocidos. Ninguna novedad. En palabras de la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, "a esta Ley se le está exigiendo más que a ninguna otra". Es posible. Puede que sea una osadía pedirle a los gobernantes que las leyes sean cumplidas y que la gestión sea transparente, ¡a quién se le ocurre!


En todo este asunto sigue habiendo una obstinada opacidad de algunos datos clave que darían dimensión a los problemas que hemos de abordar con urgencia en materia de dependencia.

Un ejemplo de zona oscura: se presta ayuda a domicilio a unas cien mil personas dependientes (la mitad de ellas andaluzas, por cierto). ¿Podría alguien aclararnos con qué intensidad horaria por territorios? Si los datos de intensidad, conocidos pero deliberadamente ocultados, mostrasen que los grandes dependientes con ayuda a domicilio reciben de media menos de 50 horas mensuales de atención (menos de dos horas/día de lunes a viernes), se haría patente que el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la gravedad de estos casos. Claro está que dependiendo de la comunidad autónoma en que se resida, la atención será más o menos intensa. Publiquen esas diferencias territoriales y sabremos hacia dónde hemos de ir y, en algún caso, a quién no votar nunca más. Ya sabemos que Madrid, Valencia y Canarias suelen ocupar los últimos puestos en muchos indicadores, pero ofrezcan datos más afinados de un sistema que pagamos todos y todas para saber qué responsabilidades exigir y a quién.



Era un dato conocido que la Administración del Estado lleva aportados más de 5.000 millones de euros desde 2007 en este asunto de la dependencia y que ha superado las previsiones iniciales. El verdadero arcano es conocer cuánto aporta cada comunidad autónoma al invento. La compleja creatividad contable de los entes autonómicos permite una jugada muy interesante: computar como gasto en dependencia el que ya se venía realizando en materia de servicios sociales a las personas dependientes. Trampa. Distíngase entre gasto ex novo y gasto que ya venía siendo asumido. Cotéjese el gasto ex novo (de haberlo) con los recortes que se están perpetrando en otros servicios sociales vitales y el descubrimiento podría ser que algunos -como venimos denunciando- podrían incluso haber hecho caja por la vía de la nueva aportación estatal a la dependencia, además de haber conseguido un ruidoso argumento para el recorte de los servicios sociales básicos, cuyas trágicas consecuencias ya asoman.
Estamos a tiempo de rectificar muchas cosas. Se han incumplido los plazos de evaluación que marca la ley misma y mucho nos tememos que la verdadera transparencia habría pasado por informar de antemano qué, quién y cómo se va a evaluar esta política. Así, cuando esté realizada nos evitaremos el sonrojo de ver cómo se nos hurtan los datos que no sean presentables. Ojalá evaluemos pronto y bien.




PD: A riesgo de ser demagógico: ¿saben cuánto nos costaron las prestaciones por desempleo solo de los últimos 60 días?, pues el equivalente a la aportación estatal a la atención a la dependencia desde su entrada en vigor, hace más de cuatro años. Si es verdad que la atención a la dependencia ha generado 120.000 empleos funcionando a medio gas... no creo que haya que ser Nobel de economía para atar cabos y vislumbrar el camino.




Los dependientes más graves están atendidos en casa

El sistema cubre ya a cuatro de cada cinco usuarios con gran dependencia

Publicado por CARMEN MORÁN, en El País del 16/04/2011
Las personas con el grado de dependencia más alto están atendidas en casa en su mayoría. Ocurre en los dos niveles de la gran dependencia. En el nivel 1, el 48,8%, y en el nivel 2, el 45,12% están asistidos en casa. Normalmente, esto se debe a la preferencia del ciudadano, que opta por que un familiar le cuide en su domicilio. Pero esta deriva contraviene la propia ley, que preveía un uso excepcional de la prestación económica en pro de los servicios, que además de ofrecer un cuidado profesional generan empleo.
Las razones culturales y la escasez de recursos pueden estar también detrás de estas cifras, que ayer presentó la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez Lozano. Y una prueba de ello son los datos que arroja el mundo rural: solo un 12% de la población española vive en pueblos de menos de 5.000 habitantes, sin embargo, ahí residen el 28,5% de las personas dependientes. "El mundo rural tiene una población muy envejecida, pero también es cierto que los servicios sociales municipales tienen en esas zonas un gran desarrollo y cercanía al ciudadano, lo que indicaría un mejor acceso al sistema de la dependencia", señaló el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Muchos familiares atienden a sus mayores como el mejor experto, y no siempre los empleados de los geriátricos tienen la formación adecuada. Preocupa, sin embargo, el casi 20% de grandes dependientes cuya prestación es la ayuda a domicilio. ¿Cuántos de ellos están solos en casa? No se sabe. ¿Cuántas horas de ayuda a domicilio semanales reciben? Se sabrá cuando las Administraciones quieran hacerlo público, pero en algunas son bien escasas estas horas de apoyo y a veces ni siquiera sirven para ayudar al dependiente, sino para limpiar la cocina.
A pesar de todo, la ley camina, aunque de forma desigual. Ya hay 720.000 personas con cobertura y cuatro de cada cinco reconocidas como grandes dependientes reciben una prestación.
El Gobierno ha destinado en estos cuatros años de vigencia de la ley 5.390 millones de euros. Para tener una idea exacta de la correcta financiación de esta ley habría que contar con los datos de las comunidades autónomas, pero, tras cuatro años, no se dispone de ellos todavía. La ley exige que ambas Administraciones, central y autónomas, aporten la misma cantidad. "Hemos pedido los datos a las comunidades. Cuando alguna dice que aporta más de lo que le corresponde, les digo que me lo demuestren", señaló Martínez Lozano. "Es hora de que se vayan animando y presenten sus datos, los ciudadanos tienen derecho a conocerlos", reclamó ayer José Manuel Ramírez.
En todo caso, haciendo unas sencillas operaciones con las cifras facilitadas por el Gobierno, se observa cómo las comunidades que peor han desarrollado la ley han dejado de percibir un dinero que les correspondería si hubieran atendido un porcentaje de personas en relación con su población similar a otras comunidades. Madrid pierde 290 millones, Valencia, 233, Canarias, 116 y Baleares, 33. Son las que están a la cola en personas atendidas respecto a su población (una forma de medir con la que Madrid no está de acuerdo). En el lado opuesto están La Rioja, Cantabria y Andalucía.
La mayoría de los beneficiarios de la dependencia son mujeres (porque viven más años) y un 56% del total es usuario por su discapacidad física mientras que el resto lo es por problemas intelectuales o mentales (la estadística no lo distingue).


Crónica de la huelga de trabajadores sociales en Israel. Social workers’ strike: confronting a privatized state

Huelga de trabajadores sociales: enfrentándose a un 
estado privatizado 

Publicado en http://www.wac-maan.org.il/en/article__193 y traducido por Alejandra Ortega Fuentes - Responsable de Países Árabes, África y Asia - Secretaría de Internacional de la Confederación Sindical de CCOO.



El veinte de marzo, sábado, se registró un importante evento en la historia del sindicalismo en Israel. La asamblea de dirigentes de la Unión de Trabajadores Sociales (SWU), que organiza a diez mil trabajadores sociales en el sector público, rechazó la oferta de  Histadrut de final un convenio colectivo. Por el contrario, una mayoría de 14 sobre 11 decidieron continuar en la huelga que dura ya casi 16 días. La asamblea de dirigentes, que duró nueve horas, fue convocada por el Secretario General de la Unión, Itzhak Perry y por el Presidente de Histadrut, Ofer Eini después de que hubieran alcanzado un borrador de acuerdo que mejoraba hasta cierto punto los salarios.
  
Sin embargo, según muchos trabajadores sociales, incluidos algunos de los dirigentes de la unión, el acuerdo estaba lleno de vacíos y la oposición militante al acuerdo surgió pronto. En los cinco días de la asamblea, miles de trabajadores sociales se manifestaron diariamente en frente del edificio de Histadrut contra el acuerdo. 

En el momento de escribir esto, el 21 de marzo de 2011, el SWU se reúne para decidir cómo continuar.

Los trabajadores sociales del sector público luchan por unas migajas
La huelga de trabajadores sociales fue declarada después de que las negociaciones entre el Ministerio de Finanzas y SWU llegaran a un callejón sin salida. Dos temas principales están en el corazón de la huelga: los absolutamente ridículos bajos salarios de los trabajadores sociales en el sector público y el hecho de que casi un tercio de los trabajadores sociales están empleados en ONGs privadas y organizaciones, siguiendo la ola de privatización que ha entrado en el sector público durante el último par de décadas. Desorganizados, estos empleados no tiene garantías para un salario básico decente o beneficios complementarios.
En la huelga que empezó el 6 de marzo, SWU pidió que terminara la privatización de los servicios sociales y un convenio colectivo que cubriera a los trabajadores sociales también en las organizaciones privadas (ONGs). De modo que SWU  crea un nuevo umbral socio-político exponiendo los ásperos resultados del capitalismo neo-liberal que Israel ha adoptado durante los últimos veinticinco años. 
 .
Algunos de los dieciséis mil trabajadores sociales (diez mil en el sector público y seis mil en empresas privadas), muchos de ellos mujeres, soportan la carga de lidiar con la pobreza, el desempleo y el abandono que caracteriza a la sociedad israelí de hoy.
Familias afectadas, niños en riesgo, gente con necesidades especiales, jubilados con pocos recursos, jóvenes en riesgo, víctimas de la familia o de la violencia de la comunidad, adictos – todas estas personas que finalmente terminan a las puertas de los trabajadores sociales.

Pero el problema no es únicamente los bajos salarios, que es un poco más que el salario mínimo para un trabajador social con grado académico. Los trabajadores sociales están en huelga para parar las políticas gubernamentales de las últimas décadas que trata de terminar completamente con los servicios públicos.

Alrededor del cuarenta por ciento de los trabajadores sociales están empleados a través de organizaciones privadas que se establecieron como parte de la privatización de los servicios públicos. Un estudio dirigido por el Dr.  Roni Kaufman en la escuela universitaria de trabajo social de la Universidad de Ben Gurion muestra que el setenta y cinco por ciento de los nuevos trabajadores sociales, aquellos que han completado sus estudios, terminan empleándose en instituciones no gubernamentales porque no encuentra hueco en empleos en el sector público. Así, más de seis mil trabajadores sociales en organizaciones privadas fuera del convenio colectivo no están sindicalizados en absoluto.

El Gobierno destruye los servicios públicos

En un artículo del diez de marzo, Yediout Ahronot, periodista de Gideon Eshet subraya la importancia de la huelga de los trabajadores sociales: “SWU es el primer sindicato que ha entendido este ardid de la privatización del gobierno y la importancia que tiene en términos de empelo. Así, el sindicato  está pidiendo que cualquier cosa que se acuerde para los trabajadores sociales en el sector público debe ser aplicable a los
trabajadores sociales en organizaciones privadas. Si no, los líderes de los trabajadores sociales entienden que en unos pocos años no habrá más trabajadores sociales en el servicio público. Habrá empleados en instituciones privados en términos de empleo pobre”.

La privatización de los servicios sociales ha sido rápida y al principio hubo cierta confusión sobre lo que implicaría. Un estudio dirigido por el profesor Yossi Katan en 2005 muestra que muchos trabajadores sociales vieron el proceso de la privatización como algo positivo. Quizás creyeron que sus salarios y los términos de empleo serían mejor en el sector privado. Pero los altos funcionarios del Ministerio de Finanzas no se confundían: el gobierno y sus expertos económicos vieron la reducción del sector público como una cuestión de principios. El proceso de privatización de los servicios sociales – ampliamente acompañado también en la educación y los servicios sanitarios – se hizo con el propósito de reducir los gastos. El gobierno continuará financiando el servicio pero como un pago a tanto alzado a las empresas privadas. De hecho, no se han creado nuevos puestos en el sector público de servicios sociales en los últimos años.

Hoy, cuando está claro que los términos de empleo para la mayoría de los trabajadores sociales en las organizaciones privadas son pobres y que su poder de negociación es limitado, la necesidad de incluirlos con una aplicación extensa de la norma es urgente.


El Dr. Kaufman advierte de las graves consecuencias de ignorar una extensión de la norma de estas características. En un artículo publicado en la página web de Trabajadores Sociales por la paz y el bienestar social  (Social Workers for Peace and Social Welfare website), Kaufman señala que esta huelga es la última oportunidad de conseguir esa ampliación legal. Si no se gana, afirma, no habrá otra oportunidad de salvar esta profesión del tipo de colapso que se conoció en Inglaterra, donde la mayoría de los trabajadores sociales fueron “privatizados” y no están sindicalizados.

Actualmente, subraya, dos tercios de los trabajadores sociales están todavía en el sector público pero está claro que muy pronto dos tercios estarán en el sector privado.  Por otra parte, esto es exactamente lo que quiere el ministro de Finanzas que está dispuesto a incrementar salarios pero rechaza considerar una extensión del convenio.

Discriminación contra el sector árabe

Las fallas en el proceso de privatización comenzaron a notarse en 2008. Como resultado, el ministerio de Bienestar Social creó un comité encabezado por  Yekutiel Tzeva  para investigar posibles reformas del sistema de bienestar. Las recomendaciones del comité, presentadas al ministro de bienestar en 2009, expresaban la necesidad de un cambio de dirección. El comité señaló la falta de recursos lo que significa que algunas necesidades no estaban siendo cubiertas y dijo que el sistema estaba basado en una legislación obsoleta con muchas posiciones sin clarificar. La privatización de algunos departamentos ha generado la duplicación de tareas, se decía, y el sistema se ha vuelto ineficaz.

Otra cuestión que señaló el comité fue la desigualdad en el sistema de provisión, especialmente la discriminación en el servicio de provisión del sector árabe. Sin embargo, este informe, como otros importantes informes, no se tuvo en cuenta.  Los servicios sociales en el sector árabe se aproximan a una crisis mayor. Como resultado del incremento de los niveles de pobreza en este sector (en torno a un cincuenta por ciento comparado con el veinte por ciento de media nacional), ha habido un notable incremento  en la demanda de los servicios de bienestar en las ciudades árabes en los últimos años.

Según el informe del Dr.  Amin Fares  (informe del Centro  Mossawa) en las necesidades de presupuesto de los ciudadanos árabes en el plan presupuestario nacional de 2008, el presupuesto en bienestar en el sector árabe es de 328 NIS por persona comparado con 493 NIS por persona en el sector judío (aproximadamente 92 dólares y 139 dólares respectivamente). El Foro de Jefes del Servicio de Bienestar en
las ciudades árabes dirigió una investigación en 2007 concluyendo que se necesitaban en torno a ciento setenta trabajadores sociales más. Según este estudio, el número de peticiones en los servicios de bienestar árabes se ha doblado durante un período en el que las peticiones en el sector judío sólo se computaban en un treinta por ciento.

Según  Ragheb Abbas, un experto trabajador social y jefe del servicio local de  Kufr Qana, un trabajador social árabe tiene que atender una media de trescientos casos, comparado con los 160 en el sector judío. Los ayuntamientos árabes tienen menos recursos y en algunas ocasiones no son capaces de contar con trabajadores sociales incluso si existe el puesto porque están legalmente obligados a financiar el veinticinco por ciento del salario de cada trabajador social.


SWU dormido en su puesto

La cuestión es dónde estuvo la unión e Histadrut durante los últimos diecisiete años desde la firma del último acuerdo. Durante este período, Israel conoció el aumento de las diferencias de clases dramáticamente cuando el número de quienes están bajo la línea de pobreza se incrementó en un millón y medio. La destrucción del sistema de seguridad social vino junto con la privatización de muchos servicios. Durante todo este período, ni  SWU ni  Histadrut pidieron la revisión del acuerdo de 1994. De hecho, desde que se firmó, SWU no ha hecho intentos importantes de asegurar su situación o la situación de los servicios sociales en Israel.

Esta indiferencia refleja la actitud positiva de los líderes de  Histadrut  hacia la privatización, incluida la privatización de los activos propios de Histadrut. Durante este período, Histadrut también dio la espalda a otros asuntos críticos como el desempleo. Evitó tomar ninguna posición en relación a la importación de trabajadores migrantes para la construcción, la agricultura y el servicio doméstico y no hizo frente al creciente
entramado de leyes y regulaciones que transfirieron un creciente número de servicios a compañías privadas. Ofer Eini está ahora negociando un aumento en el número de trabajadores migrantes que se importarán para la construcción y casi ha expresado su apoyo a las peticiones de los constructores para más mano de obra extranjera.

El sindicato se despierta por la calle 

Como las condiciones se deterioraban, un movimiento espontáneo creado entre los trabajadores sociales fue el que removió SWU. Los trabajadores sociales, clasificados y organizados, comenzaron a actuar en 2007. En ese año, dos trabajadores sociales iniciaron una petición que llamaba a detener la privatización. Al mismo tiempo, el Dr. Kaufman llevaba una investigación que exponía los fallos del sistema privado. Como resultado de estas y otras iniciativas, el  Centro de derechos de los trabajadores empleados en compañías privadas y organizaciones comenzaron a colaborar con el sindicato.

También en 2007, el movimiento  Atidenu  (nuestro futuro) formado por trabajadores sociales para avanzar en la lucha por la mejora de salarios, paró el daño causado por la privatización e impidió el colapso del  estado de bienestar. Durante las elecciones sindicales de 2009, Atidenu presentó una lista de candidatos en oposición al antiguo liderazgo y ganó el cuarenta por ciento de los votos.

Tras las elecciones, una mayoría liderada por  Itzhak Perry y  Atidenu acordaron colabora y sindicalizar a los trabajadores sociales en el sector privados. Con este objetivo, SWU  creó un órgano interno llamado  “Amuta” que pretendía alcanzar a los trabajadores sociales en las compañías privadas. Inbal Schlossber, que dirigía Amuta, recuerda en conversación telefónica del once de marzo los intentos por sindicalizar a los trabajadores del sector privado durante al año pasado. “Hemos hecho grandes esfuerzos para convencer a los trabajadores en organizaciones privadas a unirse a nosotros pero hemos encontrado muchas dificultades”, afirmó. “Expresa grandes miedos sobre la sindicalización”. Admite que no han podido todavía conseguir un cambio significativo de la situación pero que durante el año establecieron vínculos con más de dos mil trabajadores sociales en el sector privado y crearon una base de datos. Alrededor de quinientos de hecho se unieron a SWU. Schlossberg admite que la huelga ha creado una nueva dinámica, permitiendo a más trabajadores sociales contactar con SWU.


Los estudiantes no tienen oportunidad

Otra importante iniciativa que removió la calle fue Osim Shinui (“trabajadores sociales haciendo cambios”) – un grupo de estudiantes de nueve escuelas de trabajo social en Israel que ha añadido mucha energía al movimiento de protesta contra las condiciones en el sector de servicios sociales. Tres de cada cuatro trabajadores sociales graduales se emplearán en organizaciones privadas en términos de empleo pobre así que no es sorprendente que los estudiantes hayan decidido actuar.

Karin Rivanovitch,  coordinadora de comunicación de  Osim Shinui, explica (en entrevista telefónica el once de marzo) cómo se formó el grupo y qué está haciendo ahora. “Osim Shinui es una organización de ámbito nacional con cientos de estudiantes de trabajo social que decidieron organizarse y actuar por el futuro de la
profesión de trabajadores social y los servicios de bienestar en Israel”, explicó. “El propósito del grupo es presentar la posición de los estudiantes sobre las cuestiones del trabajo social y el estado de la profesión en general. Trabajamos para lograr un cambio en la situación de la profesión y animar a los trabajadores sociales a actuar por su propio futuro y bienestar. Desde que la organización se creó en 2009, grupos de acción se han organizado en las escuelas en todo el país. En la actual lucha, los miembros del grupo están tomando un papel protagonista liderando la calle para organizar y mejorar el perfil público de la profesión”.

Histadrut renunció a demandas básicas 

La diferencia entre las necesidades de los trabajadores sociales y la posición tomada por el ministerio de finanzas es difícil de superar. Mientras que el objetivo del ministerio y el gobierno es privatizar los servicios públicos y evitar la creación de nuevos puestos en el sector público, los trabajadores sociales – la vanguardia de la lucha contra la pobreza – pide lo que parece sencillo y lógico: pide medios que necesitan para trabajar y una retribución justa.

En años recientes,  SWU ha adoptado la petición de parar la privatización de los servicios sociales. Se presenta este asunto además de las demandas salariales para ajustar la escala salarial obsoleta, definir los salarios y la promoción y mejorar los salarios de los nuevos trabajadores sociales. Estas peticiones podrían suponer un incremento medio de los salarios de entre un treinta al cuarenta por ciento.

El ministerio de Finanzas y el ministerio de Bienestar, que llevaron las negociaciones para el gobierno, han expresado públicamente su empatía con los trabajadores sociales, pero se oponen a sus peticiones. Su oposición se centra principalmente en la petición de una extensión de la norma. Los responsables del ministerio de Finanzas están haciendo todo lo que pueden para evitar una ampliación tal de la norma que podría efectivamente neutralizar la ventaja (en términos de presupuesto del estado) de emplear a los trabajadores sociales a través de organizaciones privadas.

El ministerio entiende que el rendimiento en este punto podría abrir las compuertas de peticiones similares en educación, salud y otros servicios privatizados. Cientos de miles de trabajadores han sido transferidos en los últimos años del sector público a empleadores privados para reducir los gastos del estado en materia de bienestar. El ministerio de Finanzas no ha intentado retractarse de su política que es el resultado directo de la línea neo-liberal adoptada por Israel durante los últimos veinticinco años. Como resultado de la insistencia del ministerio, los líderes de  Histadrut  y  SWU adoptaron un enfoque “realista” renunciando a la petición de una petición de extensión.

En su lugar, un salario mínimo elevado fue acordado para los trabajadores en el sector privado y una vaga línea de supervisión del gobierno para asegurar que los fondos públicos transferidos a los proveedores del servicio privado para los salarios serán pagados según lo acordado. Renunciar a esta cuestión de principio, desagradó profundamente a los jóvenes trabajadores sociales y animó a extender la oposición a este borrador de acuerdo.

Por otra parte, incluso las peticiones de trabajadores sociales veteranos en el sector público no están incluidas en el acuerdo. Como resultado,  SWU  e  Histadrut han perdido el apoyo de la tradicional base de cualquier sindicato, estable, de empleados veteranos, sin haber ganado el apoyo de los trabajadores sociales jóvenes.

Puntos de desacuerdo

Durante una discusión en  SWU  el veinte de marzo, un borrador del acuerdo entre Histadrut y los líderes del sindicato y el ministerio de Finanzas fue presentado. De acuerdo con el portavoz del sindicato David Golan  (citado en Ynet, 16 de marzo), el acuerdo mejora significativamente las condiciones de los trabajadores sociales garantizando a cada uno un incremento salarial del 7.25% además de 1.110 NIS (310 dólares) complemento anexo que será pagado retroactivamente desde enero de 2011.

Además, todos los trabajadores sociales recibirán una suma fija única de 2.000 NIS (564 dólares). En total, el portavoz dijo que las cantidades suplementarias para algunos sería del veinticinco por ciento de media, mientras que para aquellos en el nivel más bajo de la escala salarial, serán aumentados hasta un cuarenta y cinco por ciento. El sindicato también luchó por los trabajadores sociales empleados por instituciones privadas y ganó un avance histórico y sin precedentes de salario mínimo para todo el sector de 7.100 NIS (2.003 dólares).

Sin embargo, después de conversaciones con muchos trabajadores sociales familiarizados con el acuerdo, no parece que las manifestaciones del portavoz tengan una base real. El suplemento del 7.25% es un aumento que todos los empleados del sector público reciben según un acuerdo alcanzado entre Histadrut y el gobierno hace unos meses. Este suplemento se extenderá los próximos 3.5 años y se habría pagado con independencia de la huelga.

Los 1.100  NIS  adicionales serán pagados en compensación por 1.5 horas extra de trabajo por semana o 6.5 horas por mes. De hecho, serían 750 NIS extras por trabajador, prorrateados en 3-4 años. Quienes están en la escala salarial más baja no tendrían suplementos hasta un cuarenta y cinco por ciento. Como mucho, recibirían en torno a un veinticinco por ciento.

La suma única de 2000 NIS se pagará a todos los trabajadores del sector público según el convenio colectivo general y es, de hecho, una compensación por los retrasos de los incrementos salariales durante los años 2009 y 2010. Es por tanto únicamente la compensación mínima por los salarios no completados en este período.

Por otra parte, como pago único no será incluido en el salario de los trabajadores públicos de manera que se reduce el gasto del gobierno. La promesa de dar a los trabajadores sociales que están empleados en empresas privadas un salario mínimo en todo el sector de 7100  NIS es una ficción. En primer lugar es una cantidad que debería cubrir todos los costes y no lo que el trabajador pudiera eventualmente conseguir. Por otra parte, como Histadrut  renunció a extender la norma, que era su única herramienta para asegurar que las instituciones privadas pagan este mínimo, no es posible garantizar el pago actual del salario a los trabajadores sociales.

Para resumir, el ministerio de Finanzas ha logrado mantener a los trabajadores del sector público con una escala salarial obsoleta mejorando sus condiciones en lo mínimo. Por otra parte, el salario mínimo no afecta a los empleados públicos –no afectan al sector privado pero el ministerio de finanzas ha decidido no intervenir en este sector al negarse a llevar a cabo una extensión de la norma.

Cabe señalar que esta lucha no se ha dado únicamente para compensar las cuestiones que han ido surgiendo en el curso normal de los acontecimientos durante los dos o tres últimos años, que es el período normal de validez de los convenios colectivos. El último acuerdo para los trabajadores sociales fue firmado en 1994 después de una huelga que duró 44 días tras la que sus salarios fueron incrementados en un cien por cien siguiendo años de dejadez y congelación de los salarios.

Hacia un movimiento democrático de trabajadores

Si, en lugar de negociar en nombre de los trabajadores sociales, el Presidente de Histadrut Ofer Eini hubiera apoyado a SWU atrayendo a un buen número de comités de trabajadores para apoyar la huelga, podría haberse ahorrado la vergüenza de tener a los líderes de la unión votando en su contra. La manera en que el presidente de Histadrut ha negociado para los trabajadores en varios sectores en lugar de hacerlo sus representantes directos es anti-democrática. Esto sucedió en el caso de Makheteshim Agan, la huelga de Dead Sea Industries, y la huelga en los puertos: Ofer Eini pasó por encima de las cabezas de los líderes del comité y alcanzó un acuerdo sin permitir a los comités dar su opinión.

Sin embargo, en esta ocasión la situación es diferente. La fuerza del movimiento de trabajadores sociales fue impresionante y creó un nuevo modelo de lucha. Cuando los trabajadores muestran su unión y preocupación, se organizan y se preparan bien para la lucha, son capaces de seguir las negociaciones y hacer responsables a sus líderes en el momento de la verdad.

Histadrut ha estado siempre acostumbrado a la obediencia y acuerdo a sus dictados. En la época de Facebook, parece que los viejos métodos ya no funcionan. Los trabajadores sociales todavía enfrentan una serie de pruebas para mejorar sus condiciones, pero teniendo en cuenta los resultados de la negociación, su lucha es un importante hito en la creación de un nuevo movimiento democrático de trabajadores con una agenda social progresista clara.

Assaf Adiv es el coordinador nacional de Workers Advice Center (WAC-Ma’an)


domingo, 10 de abril de 2011

Casa Abierta: Albergue para transeúntes en Zaragoza


Casa Abierta from Antonio Charles on Vimeo.

"Casa Abierta" es un cortometraje documental que narra la historia de gente que ocupa altruistamente su tiempo en acompañar a los habitantes de esta curiosa casa. Narra la visión del voluntariado, de su enriquecimiento, y más allá del testimonio de un momento puntual en esas vidas, se convierte en un instrumento de reflexión social y en una herramienta de marketing. ¿Para´qué contar institucionalmente qué era Casa Abierta si sus habitantes lo cuentan con la emoción de la primera persona? Proyectar este documental convierte la puerta anónima de un callejón en una puerta a la esperanza en el ser humano, una esperanza en la ayuda al conciudadano.

Charles Pallarés, A. (2010) De seis a tres grados de separación. Servicios Sociales y Política Social 92, 39-54

Recientemente han sido los propios voluntarios los que han tomado la pluma digital para, en un blog, contar las historias cotidianas de esta singular casa, como es el caso de Rafael Trivez: http://historiasdecasaabierta.blogspot.com/ ¡Os lo recomendamos!

martes, 5 de abril de 2011

Comunitaria: Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales


Presentación / Presentation from Comunitania on Vimeo.


El Departamento de Trabajo Social de la UNED, en la Facultad de Derecho, ha puesto en marcha una revista. Su nombre es “Comunitania. Revista internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales”. Su edición es on line y papel, por lo que está accesible para todos en www.comunitania.com http://www.comunitania.com/