Cae por primera vez el número de asistidos por la Ley de Dependencia

Publicado por Carmen Morán en El País del 28/08/2010.

Más de 230.000 personas con derecho a recibir ayuda están en lista de espera - Los profesionales del sector atribuyen el colapso a la crisis y la mala gestión.

El número de personas atendidas bajo la Ley de Dependencia ha descendido por primera vez desde que arrancó esta norma, en 2007, en lugar de incrementarse en varios miles como venía ocurriendo mes tras mes. Y ello en un escenario en el que hay aún 236.930 usuarios con derecho a una ayuda que siguen esperando a recibirla.

El número de personas atendidas bajo la Ley de Dependencia ha descendido por primera vez desde que arrancó esta norma, en 2007, en lugar de incrementarse en varios miles como venía ocurriendo mes tras mes. Y ello en un escenario en el que hay aún 236.930 usuarios con derecho a una ayuda que siguen esperando a recibirla. Si esta lista de espera está enquistada a pesar de que cada mes reciben su ayuda varios miles de usuarios, difícilmente podrá deshacerse el nudo con meses como este de agosto, en que el número de personas atendidas ha bajado.

"Este estancamiento es significativo, porque indica que si no se hace un esfuerzo mayor en personal, servicios y recursos, se puede decir que la ley ha dado de sí todo lo que podía, y hay miles de personas esperando", dice el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "El parón puede atribuirse en parte a la crisis, pero las estadísticas demuestran cada mes que buena parte de la culpa la tiene la incapacidad de gestión. Hay comunidades que, cuando ponen voluntad, mejoran sus datos notablemente", añade Ramírez.

En febrero de este año se superó la cifra emblemática de 500.000 ciudadanos atendidos, un número que venía creciendo imparable hasta agosto, cuando se ha producido el freno. El Gobierno lo achaca al esfuerzo de los meses anteriores y a la coincidencia con un mes vacacional, pero esa explicación no concuerda con los datos: en agosto del año pasado, el número de personas que ya recibía una ayuda se incrementó en casi 26.000, y los meses anteriores la cifra había sido similar y, desde luego, mayor que la de los meses de este verano.

"Los datos actuales muestran que el sistema no tiene capacidad -o voluntad- de entrega de los servicios y prestaciones a los que las personas tienen derecho", critica José Manuel Ramírez.

La estadística de atendidos solo experimentó un decremento, en junio de 2009, pero debido a que se limpiaron los datos del registro oficial, que estaban inflados con miles de personas que ya habían fallecido y de dependientes que aparecían duplicados. Tal era el caos en la recogida y volcado de información, que aún no se ha resuelto por completo. De hecho, la directora del Imserso, Purificación Causapié, sostiene que el descenso de este mes también se justifica "porque ahora se cruzan con más eficacia los datos de las personas fallecidas con los del INE", para ir depurando la estadística. Siendo así, cabría pensar que los fallecidos o las personas duplicadas aún se contaban por miles. Y a saber si en la lista de espera no pasa lo mismo.

Significativa es también la reducción que se viene produciendo en los últimos meses sobre la cifra de grandes dependientes (grado III nivel II), no tanto por la cantidad, alrededor de 5.000 entre la primavera y el verano, sino porque indica que el número de grandes dependientes se está estabilizando. Estos son los usuarios más graves y que requieren atención urgente. Son, además, los casos más caros, tanto si se les concede una ayuda para que les cuide un familiar en casa como si se les otorga una plaza de residencia.

Podría decirse que el número de grandes dependientes, los más graves, ha tocado techo y simplemente hay un relevo de las bajas. Dado que desde que comenzó la ley se ha atendido con preferencia a estas personas, cabe pensar que se ha alcanzado con ellos la velocidad de crucero y que son los grados de dependencia inferiores los que están entrando ahora en el sistema. Así lo opina también la directora del Imserso.

Esto reducirá las aportaciones que hace el Gobierno a las comunidades, más cuantiosas cuanto más necesitada de ayuda está la persona dependiente. "De seguir la tendencia actual, con el número de grandes dependientes estabilizado y la progresión del resto (severos y moderados), el Estado aportaría en total algo menos de 2.000 millones de euros, lo que significa, en la práctica, la congelación presupuestaria por parte del Gobierno", explica Luis Barriga, de la Asociación de Gerentes. "Las comunidades autónomas y los usuarios (vía copago) tendrían que aportar unos 3.000 millones, según nuestros cálculos estimados", añade Luis Barriga.

La Ley de Dependencia muestra además otros signos de paralización, si se echa un vistazo a las prestaciones y servicios que se vienen concediendo. No para de crecer el número de ayudas para que los familiares cuiden en casa al anciano o discapacitado, cuando esta prestación está recogida en la ley como algo que debería ser excepcional, y no la norma en que se ha convertido. Estas ayudas suponen ya 357.841. Un 58% de los dependientes atendidos recibe una de estas pagas.

Sin embargo, la concesión de una plaza de residencia o centro de día, los servicios propios para los ancianos más incapacitados, está también prácticamente estancada.

"El escaso desarrollo de los centros y servicios, frente a las prestaciones económicas que se están concediendo, impide que el sistema desarrolle todo su potencial de creación de empleo, algo lamentable dado el momento económico que estamos atravesando", dice Ramírez.

Una gestión desigual para un derecho universal

- Personas atendidas. Si ha de tenerse en cuenta el número de personas atendidas en relación con la población de cada comunidad autónoma, tres de ellas destacan: Cantabria, La Rioja y Andalucía, todas por encima del 2%, cuando la media nacional es de un 1,31%. En la parte alta de la tabla estarían Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco; y algo después, con 1,4% Extremadura, Cataluña y Murcia. El resto no alcanza la media nacional. A la cola están Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, que no llegan al 1% de personas atendidas en relación con la población.

- Dictaminados. Indicador de buena gestión es también el número de solicitantes de una ayuda que ya tienen establecido su nivel y grado de dependencia, a partir del cual se dictaminará qué prestación necesitan. En este caso brillan en la tabla oficial las mismas comunidades y vuelven a quedar en la cola también las mismas. Castilla y León marca la media nacional, 2,71% respecto a la población. Canarias, Madrid, Baleares y Valencia no llegan al 2%. Estas diferencias, tanto en personas atendidas como en las dictaminadas, se traducen, de hecho, en graves diferencias entre unos ciudadanos y otros al acceder a sus derechos.

- Perfil. Más de la mitad de los solicitantes de una ayuda (el 52%) son personas de 80 y más edad, en su mayoría mujeres. Un 26% tiene de 65 a 79 años. Los menores de tres años representan un 0,3% del total de solicitantes.

Tráfico de seres humanos

El retraso en las ayudas empuja a dependientes a cambiar de región

Publicado en El País por CARMEN MORÁN - Madrid - 24/08/2010

La gente ya sabe que gestionar una ayuda para la dependencia en comunidades como Madrid, por ejemplo, le puede llevar más de un año, un plazo que en otras regiones es mucho más corto. Y los dependientes, la gran mayoría por encima de los 80 años, no quieren ni pueden esperar tanto, así que algunos han decidido empadronarse en otras regiones y formalizar allí todos los trámites.

La gente ya sabe que gestionar una ayuda para la dependencia en comunidades como Madrid, por ejemplo, le puede llevar más de un año, un plazo que en otras regiones es mucho más corto. Y los dependientes, la gran mayoría por encima de los 80 años, no quieren ni pueden esperar tanto, así que algunos han decidido empadronarse en otras regiones y formalizar allí todos los trámites. Algunos incluso aprovechan las vacaciones en la costa para que los profesionales baremen el grado de dependencia de sus ancianos.

El boca a boca funciona. El que tiene amigos o familiares en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sabe que allí las cosas van más rápido que en Valencia, y al que quiere una residencia en Murcia no se le escapa que tendrá más opciones saltando a Almería. Si las comunidades que gestionan con menos eficacia no revierten esa situación, sus ciudadanos seguirán yéndose a otras para que les concedan sus derechos. Se ha iniciado el turismo de la dependencia, una suerte de exilio que huye de la ineficiencia de algunos Gobiernos.

"Primero los empadronan, en casa de unos amigos, o en un piso en la playa, y una vez que les han valorado y les han comunicado el grado y nivel de su dependencia, trasladan el expediente a la comunidad en la que viven. Eso está empezando a ocurrir", dice un trabajador social de Almería.

Pulpí es un pueblo limítrofe con Murcia de unos 9.000 habitantes con una residencia de más de un centenar de plazas y un centro de día. La alcaldesa, María Dolores Muñoz, sabe que en el geriátrico hay más de un murciano. "Como los ancianos se empadronan es más difícil detectarlo, y también hay traslados de expediente", dice, sin ápice de molestia. Simplemente defiende orgullosa los muchos servicios que tiene su pueblo.

Murcia es la comunidad que concede más prestaciones económicas, por tanto, tener acceso a una plaza de residencia allí es complicado. Los que viven cerca de Almería prueban suerte en Pulpí.

En algunos casos, los ciudadanos están pagando costosas plazas de residencia a la espera de que llegue la ayuda a la que tienen derecho y les alivie un poco estos pagos. Los empresarios de los geriátricos saben bien el esfuerzo que hacen estas familias y alguno ha decidido ayudarlas. "Los dependientes están en nuestra residencia de Castilla-La Mancha, que pagan de su bolsillo, pero como viven y están empadronados en Madrid y la ayuda que han solicitado allí tarda tanto, les empadronamos en la residencia y así pueden pedirla en esta comunidad, que va más rápido", dice el jefe de este geriátrico, que no quiere identificarse.

El problema es que al revés las cosas no funcionan igual, y eso está creando cierto malestar en algunas comunidades. Empadronarse en Madrid y pedir una ayuda es más complicado. "Allí se agarran a una normativa anterior a la Ley de Dependencia y exigen dos años de empadronamiento para optar a una residencia y uno para ayuda a domicilio. Eso es desconocer que el grado y nivel que se le otorga a un dependiente debe funcionar en cualquier sitio de España", dice Gustavo García, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Estamos hablando de derechos subjetivos, que no los había hasta ahora. Cualquier normativa autonómica anterior deja de tener sentido para las personas a las que se les reconozca su grado de dependencia, en cualquier sitio en que eso ocurra", añade García.

La madre de Ramón tiene alzhéimer y, durante algún tiempo, este madrileño estuvo considerando llevarla a Toledo a una residencia, o a Ciudad Real y empadronarla allí, como le recomendó un amigo. "Pero me pesó tener que sacar a mi madre, tan mayor, para llevarla lejos, y sin que estuviera mi padre con ella. Los geriatras me han dicho que necesita una residencia, pero nos han concedido la prestación económica. Optar a una residencia en Madrid es complicado", dice.

El turismo de la dependencia está solo iniciándose y no avanza más porque se trata todavía de personas muy mayores. "Si esto se produce con grandes dependientes, de escasa movilidad, no quiero pensar qué ocurrirá en 2011, cuando entran en el sistema los dependientes moderados. Estos pueden trasladarse con facilidad a otras regiones, y el problema puede presentar dimensiones preocupantes", avisa Gustavo García.

Algunos casos cobran tintes dramáticos. "Hemos tenido ancianos que se vuelven a su pueblo natal a empadronarse, o que nunca dejaron de estar empadronados, para que allí les concedan más rápido la ayuda. Algunos han muerto al poco tiempo. Acaban instalándose en la casita del pueblo, que apenas la usaban para vacaciones y que no tiene las condiciones básicas para que allí viva un anciano muy enfermo", dice un trabajador social de Albacete, que, como los demás, quiere mantenerse en el anonimato.

Se trata de personas que se fueron de jóvenes a la Comunidad Valenciana a trabajar, como emigrantes. Allí criaron a sus hijos y nunca dejaron de vivir allí, pero acaban volviendo a su tierra para que les den pronto la ayuda a la que tienen derecho. [La Comunidad Valenciana tampoco es un ejemplo de eficacia al gestionar estas prestaciones].

El mismo trabajador social asegura que algunos ancianos que antes rotaban de una comunidad a otra porque tenían hijos en las dos han dejado de hacerlo: "Los trámites los hacen todos en Castilla-La Mancha. Si luego van a casa de otros hijos y se reparten las ayudas económicas, eso no lo sabemos", dice.

"Este asunto nos confirma que, frente a las dificultades de las comunidades en la aplicación de la ley, algunas ponen todos los medios y otras, sencillamente, demuestran falta de voluntad. Y no solo perjudican a los ciudadanos, sino que empiezan a crear un problema a otras comunidades, normalmente a las que mejor aplican la ley, las más ágiles en la gestión. Es muy insolidario", dice García.

La madre murió y su hija aún espera

Su madre, octogenaria, murió esperando una ayuda de dependencia solicitada en Madrid en febrero del año pasado. La hija, de 60 años, con una gran invalidez, la pidió al mismo tiempo y hace ya meses que se marchó a Málaga, alquiló un piso y trató de que fuera la comunidad andaluza la que se hiciera cargo de su caso. El clima le es más beneficioso. Pero incluso en la distancia, la Comunidad de Madrid plantea problemas con esta ley. "Las trabajadoras sociales de Andalucía me dijeron que en lugar de comenzar los trámites de nuevo trasladara el expediente iniciado en Madrid, para no perder derechos adquiridos. Y así lo solicité". Ha quedado atrapada en una espiral burocrática de la que todavía no ha salido. Mientras, sus piernas siguen fallando, la vista está cada día peor y se cae muchas veces a pesar de la ayuda de sus muletas. Pero Internet es la herramienta que la ayuda a poner quejas y más quejas contra la Administración madrileña.

En diciembre del año pasado solicitó el traslado de su expediente (número 9387/2009) y solo la contestaron en marzo, para decirle que su caso estaba en trámites, a la espera de ser llamada para valorar su dependencia. "Eso no era lo que yo había pedido así que me quejé a Edmundo Ahijón, responsable de esto en Madrid". En mayo, un mensaje le pide perdón por el error, pero le avisan "de que el proceso no es sencillo y que tardará". E. T. P., que ha sido funcionaria y se sabe los entresijos de las reclamaciones, puso otra queja. Pero todo parece inútil. Por último, en Andalucía le han dicho que quizá es más operativo iniciar los trámites de nuevo en Málaga. "Y eso es lo que estoy haciendo, pero, en paralelo, sigo con mis reclamaciones para ver si consigo que se atiendan mis derechos", dice.

Todavía recuerda el último año de vida, "horroroso", que pasó su madre. "Estuvo hospitalizada meses y pretendían que yo la llevara a casa, ella no estaba en condiciones para ello. Ni yo podía atenderla. En el hospital me dijeron que con mi pensión de 1.300 euros, podía contratar a alguien". Pero la Ley de Dependencia es universal, todos tienen los mismos derechos. Además, E. T. P también está "llena de dolores", y toma 14 pastillas diarias.

Tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascendientes

Fiscalía General del Estado: violencia intrafamiliar

Circular 1/2010, de 23 de julio de 2010, de la Fiscalía General del Estado, sobre el tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascendientes.

I.- Introducción II.-El principio de celeridad en la tramitación de los expedientes. III.- Fase de

instrucción III.-1 Iniciación. Recepción de la notitia criminis III.-2 Medidas cautelares III.-2.1

Ideas generales III.-2.2 La Libertad vigilada III.-2.3 Alejamiento III.-2.4 Convivencia con grupo

familiar o educativo III.-2.5 Internamiento cautelar III.-2.6 Otras medidas III.-3 Diligencias de

investigación III.-4 Principio de oportunidad y soluciones extrajudiciales IV.- Calificación jurídica

de los hechos V.- Fase de audiencia VI.- Medidas imponibles VII.- Fase de ejecución VIII.-

Conclusiones.

Transcribimos aquí la Introducción de este documento:

En el ámbito del Derecho penal juvenil los malos tratos familiares protagonizados por los menores están proliferando últimamente de forma que como mínimo cabría calificar de preocupante. Ya la Consulta de la Fiscalía General del Estado 3/2004, de 26 de noviembre subrayaba como apunte criminológico, el dato constatable de la incidencia que en el ámbito del Derecho penal juvenil tienen los malos tratos familiares protagonizados por los menores, en la mayoría de los casos adolescentes varones, hacia sus progenitores,

normalmente la madre….

Haciéndose eco de esta realidad y tratando de escudriñar sus causas, la conclusión nº 21 de las adoptadas en el seno de la Reunión sobre violencia doméstica de Fiscales españoles e iberoamericanos celebrada en Madrid los días 16 a 18 de octubre de 2002 destacaba que entre las causas de la violencia de adolescentes contra sus progenitores se encuentran las siguientes: una sociedad permisiva que educa a los niños en sus derechos, pero no en sus deberes, donde ha calado de forma equívoca el lema “no poner límites” y “dejar hacer”, abortando una correcta maduración, así como el hecho de que hay padres que no sólo no se hacen respetar, sino que menoscaban la autoridad de los maestros, la policía o de otros ciudadanos cuando en defensa de la convivencia reprenden a sus descendientes.

En efecto, las causas de estos comportamientos violentos radican en deficiencias del proceso educativo de sus autores, más que en otras causas habitualmente asociadas a la delincuencia juvenil como puedan ser las relacionadas con la marginalidad. La etiología de estos comportamientos suele corresponder a la ausencia de unos patrones o reglas de conducta adecuados en el núcleo familiar, sin imposición de límites y normas, generando carencias educativas (teoría de la laxitud) o a una desacertada combinación de estilos educativos sancionadores y permisivos, que dan lugar en ocasiones a que el menor no acepte ningún control. No se trata de un fenómeno asociado exclusivamente a las denominadas broken families, ni a familias desestructuradas, no siendo por ello infrecuente que el menor maltratador esté integrado en familias con nivel económico y social medio y alto.

Desde el punto de vista sociológico se ha apuntado que este tipo de maltrato se da fundamentalmente en casos de adolescentes masculinos en familias monoparentales, que se han criado solo con su madre y hacia la que adoptan posturas patriarcales y machistas.

No obstante, se está detectando una evolución en el perfil del menor maltratador desde el punto de vista del sexo: mientras que sigue siendo mayoritariamente la madre la víctima, cada vez se tiende a una mayor equiparación entre el número de victimarios hijos e hijas.

Suelen detectarse ciertas peculiaridades en este tipo de criminalidad. Se trata normalmente de adolescentes cuyos padres sienten la imposibilidad absoluta de enfrentarse a las situaciones que se han generado, y que pasan de comportamientos desobedientes a comportamientos claramente agresivos y violentos hacía sus padres y entorno más inmediato. Aunque existen menores maltratadores que cometen otros delitos, la mayoría circunscriben su actividad delictiva a la violencia en el ámbito doméstico para con los miembros de su entorno familiar. Es por ello esencial la existencia de recursos específicos para estos menores que permitan también un tratamiento individualizado y focalizado hacia la singular problemática que presentan.

Deben en todo caso discriminarse los supuestos en los que el menor incurre en conductas de maltrato propiamente delictivas, de aquellas otras que, reflejando un conflicto o crisis familiar, no son susceptibles de tipificación penal y correlativamente impiden cualquier intervención desde el ámbito de la justicia juvenil. Son frecuentes las denuncias que relatan problemas conductuales atípicos (inasistencia a los centros de enseñanza, incumplimiento de los horarios establecidos por los progenitores, ausencia absoluta de disciplina en el seno del hogar, fugas etc...). Estos supuestos, que podrían englobarse dentro del grupo de comportamientos etiquetados por la doctrina anglosajona bajo la categoría de status offenders y que permitían la intervención del sistema de reforma en los modelos tutelares, han sido definitivamente desterrados de nuestra justicia juvenil tras la derogación de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores.

En estos casos debe optarse por la derivación hacia las instituciones de protección de menores, evitando la confusión entre la esfera sancionadora educativa y la esfera protectora. Por otra parte, no es infrecuente que los ascendientes víctimas de maltrato acudan a la Fiscalía en demanda de orientación, sin voluntad de formular denuncia y judicializar el conflicto. Dado que algunas Comunidades Autónomas disponen de programas para abordar, al margen del proceso penal, los problemas de agresividad de los adolescentes hacia sus ascendientes, las Secciones de Menores deberán disponer de toda la información sobre estos programas extrajudiciales a fin de orientar en su caso a quienes puedan ser sus destinatarios.

El fenómeno de los malos tratos de los menores hacia sus ascendientes suele venir precedido de un proceso dilatado en el tiempo y que en sus primeras fases se integra por conductas que aun no teniendo relevancia penal, ponen de manifiesto una situación de riesgo que debe ser abordada desde los servicios sociales e instituciones de protección de menores, y en el que las intervenciones a través de terapias familiares pueden tener una eficacia preventiva indiscutible. La intervención terapéutica en las primeras fases puede evitar las posteriores actuaciones -siempre más traumáticas-desde el sistema de Justicia Juvenil.

Por ello, cuando un menor de edad inferior a los 14 años sea denunciado por la comisión de estos hechos, ha de tenerse en cuenta que, pese a la exención legal de responsabilidad penal, puede concurrir un importante factor de riesgo que debe atenderse desde el sistema de protección con todos los recursos que en cada territorio autonómico estén disponibles y en la idea de que las intervenciones precoces son siempre más eficaces. Así, en todo caso antes de archivar las diligencias por ser el denunciado menor de 14 años, se informará a los padres o representantes legales de la existencia de programas extrajudiciales de posible aplicación y se ponderará la necesidad de remitir testimonio a la Entidad Pública de protección para la valoración y remedio de la situación de riesgo apreciada.

Queda al margen de la presente Circular el tratamiento de los supuestos de violencia de género en la jurisdicción de menores, teniendo en cuenta que tal manifestación delictiva, cuya incidencia en la jurisdicción especial es mucho menor, presenta unos perfiles que hacen aconsejable su tratamiento diferenciado.

Igualmente, por las mismas razones, no se abordan otras manifestaciones de violencia doméstica como puede ser el maltrato entre colaterales.

Cuando tu padre te aterra

Los expertos estiman que 800.000 menores sufren la violencia de género en casa

Publicado en El País por M. R. SAHUQUILLO / N. GALARRAGA - Madrid - 22/08/2010

Lorena tiene muy pocos recuerdos alegres de su infancia. No puede evocar una noche tranquila ni un día de paz. En su casa, los gritos y los golpes eran constantes. También el silencio angustioso que precedía a los insultos y las palizas que su padre infligía a su madre. Y su impotencia por no poder hacer nada. Hace tres años que madre e hija huyeron de la pesadilla de violencia machista en la que Lorena prácticamente había nacido. Acababa de cumplir 21 años. "Fuimos a dar un paseo y no volvimos más. Salimos con lo puesto", explica. Mientras habla no deja de retorcer tensa su collar. No tuvo infancia ni adolescencia. Creció como una niña asustadiza, una cría que ni estornudaba "por no molestar".

Vanessa, periodista de 29 años, y Miriam, profesora de 24, vivieron junto a sus otras dos hermanas sometidas a su padre durante años. Siempre con el temor de cometer un error -o lo que al maltratador se le antojaba como tal- y el pánico ante la segura represalia. "A mi padre siempre le he tenido miedo", cuenta por teléfono Beatriz, de 23 años, que con su madre acaba de terminar un largo tratamiento en un centro para mujeres víctimas de la violencia machista por el que también pasaron años atrás las otras tres veinteañeras, al que regresan una mañana para contar su experiencia. Son hijas de mujeres maltratadas. Víctimas de sus respectivos padres. Malvivieron en un ambiente violento hasta que lograron huir de su verdugo. "Un hombre que me vino impuesto. Al que yo no elegí", precisa una.

Su caso no es único. Unos 800.000 niños conviven con situaciones de violencia de género en España, según una estimación del Ministerio de Igualdad -una cifra derivada de la macroencuesta anónima sobre violencia de género de 2008-. De ellos, alrededor de 200.000 son hijos de mujeres con órdenes de protección. Son víctimas y testigos que también sufren la invisibilización que conlleva esta lacra y que pueden llegar a padecer secuelas muy palpables. "Depresión, trastornos de la alimentación, ansiedad... También el aprendizaje y la repetición de lo que ven en casa: agresividad en el caso de los niños y sumisión en el de las niñas", explica la psicóloga Beatriz Sevilla, especializada en este tipo de violencia.

En lo que va de año, 42 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, 12 más que el año anterior por estas fechas. El balance es alarmante. Más aún si se tiene en cuenta que tres niños fueron asesinados junto a sus madres, y 24 se quedaron sin ellas para siempre. Demasiadas veces estos niños se convierten también en víctimas directas de las agresiones. "El maltrato a los hijos es una de las fórmulas que encuentra el agresor para hacer daño a su pareja. Atacan siempre donde más duele", explica Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Vanessa se ha convertido en una mujer fuerte. Ya no tiene miedo y no soporta oír argumentos como "no le dejo por mis hijos" en boca de una mujer maltratada. "Me da mucha rabia", dice abriendo mucho los ojos. Este es su mensaje para esas mujeres: "No te quedes en casa por tus hijos. ¡Vete! Tus hijos no necesitan un padre así". Lo dice alguien que no tuvo ni niñez ni adolescencia. Alguien que ahora es madre. "Si una mujer se siente indefensa, que se ponga en la piel del niño", suplica su hermana Miriam.

Ambas saben que, desgraciadamente, ese argumento no es inusual. El 16,6% de los españoles cree que si una mujer permanece con su agresor o le perdona es por sus hijos, según la encuesta sobre percepción de la violencia de género realizada por Igualdad. "Hay que concienciar a la población de que eso no es así. De que permanecer en esa situación es peor para los niños", explica el delegado Lorente. Conscientes de este ángulo del problema, una de las primeras campañas contra la violencia machista del ministerio de Bibiana Aído tenía como lema la frase Mamá hazlo por nosotros, actúa.

"El niño sufre su maltrato y el de su madre, que a veces duele más", cuentan las hermanas Vanessa y Miriam. Ellas, además, fueron también víctimas directas. Sufrieron los abusos sexuales y violaciones de su padre durante años. Nunca pudieron contarlo. Él, muy aficionado a la caza, guardaba en casa varias escopetas "siempre cargadas" y dormía con una pistola debajo de la almohada. Durante aquellos años, ni siquiera podían consolarse las unas con las otras. "Él malmetía, mentía, hacía todo lo posible para que nos lleváramos mal", aseguran. Las agresiones a su esposa y los abusos y violaciones a sus hijas le han supuesto al maltratador una condena de 19 años de cárcel.

Desde la ONG Save the Children, que en 2006 elaboró el informe Atención a los niños y niñas víctimas de la violencia de género, insisten en que debe quedar claro que los hijos que viven violencia de género en el hogar son también víctimas de esta lacra. "Aunque no la sufran directamente o no la vean, su vida está marcada para siempre y necesitan atención especializada y recuperarse", dice Yolanda Román, directora de campañas de la ONG. Algo que no siempre se da.

Esa ONG y la Fundación IRes calculan que solo el 4% de los menores que ha vivido situaciones de violencia de género recibe esa ayuda. "Normalmente, es a la mujer a quien se atiende, y a través de ella los menores", explica Fe Paz, directora de uno de los centros de atención a mujeres de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que asegura que esa carencia se debe a que en muchos casos para atender al niño hace falta el permiso de ambos progenitores. Un punto del que Igualdad discrepa. "Se puede recurrir al juez o a servicios sociales si se considera que el niño necesita atención", argumenta Lorente.

Román reconoce que se ha avanzado mucho, pero que los hijos aún son "un añadido, una variable con la que muchas veces no se sabe qué hacer". A Save the Children le preocupa que algunas comunidades no admitan en los centros de atención a mujeres a niños a partir de cierta edad (12-13 años). "Los separan, los llevan a centros de menores. Es terrible", dice Román. Esta experta recalca que lo más alarmante es que la atención que reciben los hijos de las víctimas de la violencia machista depende de la comunidad autónoma donde vivan. Por eso reclama que se garantice una respuesta mínima homogénea en todo el país.

Opinión que comparte Consuelo Abril, portavoz de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos ante el Congreso, una organización de expertas y juristas. Esta abogada sostiene, además, que aún hay grandes carencias en la atención a estos niños. Aunque aparezcan en la Ley Integral de Violencia de Género de 2005, los menores no están suficientemente reflejados en ella, sostiene.

Para Abril, la clave es la "recuperación". "Es una cuestión prioritaria trabajar con estos menores para que, además de curarse, no vuelvan a repetir los roles que han vivido", explica. Lorena cuenta que los episodios de violencia que sufrió en casa la convirtieron en una persona dócil y desconfiada hacia los hombres. "Si desde pequeña te educas en eso [en un ambiente violento], asumes que es lo normal", dice.

Poco a poco, día a día, la crueldad de los maltratadores hace una gran mella en los niños. Un ejemplo de ello se recoge en el informe de Save the Children de 2006: "Un niño de dos años llamaba a su madre 'puta' porque creía que se llamaba así, su padre lo hacía". Beatriz recuerda algo muy similar: "Mi padre llamaba gilipollas a mi madre y decía 'no es un insulto". Cuando era pequeña esta joven creía que los mayores no se besaban. "La primera vez que vi a los padres de una amiga darse un beso, pensé, 'estos papás son distintos de los míos", cuenta.

Lorena y Beatriz -hijas únicas- no conocen a Vanessa y a Miriam. Nunca han hablado entre sí. Sus historias, sin embargo, y algunos de sus gestos tienen mucho en común. Sus padres presionaron, intimidaron y forzaron hasta lograr que sus familias se aislaran del mundo. "Es lo mismo que hacen con las mujeres, las separan de sus amigos, de sus familias, de todo su entorno para que estén solas y sean dependientes. Para que no tengan nadie a quien recurrir y piensen que no tienen nada", explica Paz.

Vanessa, Miriam y sus hermanas nunca fueron a casa de sus compañeros de colegio. "No podíamos ir a casa de nadie ni ellos venir a la nuestra. Ni siquiera para hacer un trabajo en grupo", cuenta Miriam. Las órdenes eran claras: del colegio a casa. Igual que Lorena. Su padre había cronometrado que llevaba solo 10 minutos llegar de su portal a la escuela. "Y no podía tardar ni un minuto más". Una vida sin amigas, aisladas. "Solo recuerdo ir al parque con mis abuelos. No tenía a nadie más. Vivía en una burbuja", dice Lorena.

Miriam relata que en su casa ni siquiera había juguetes en Reyes o regalos en sus cumpleaños. "Nuestro padre no nos daba unas palizas de muerte. No hacía falta, nos maltrataba psicológicamente", aseguran las hermanas. Estaban totalmente anuladas. "Hasta que yo un día decidí dejar de comer", cuenta Vanessa cruzando resuelta los brazos. "Pensé: 'no como, me muero y ya está", dice. Fue eso lo que hizo a su madre darse cuenta de que, además de las palizas constantes que ella sufría, su verdugo también estaba maltratando a sus hijas.

Así, salieron a la luz las violaciones. Y las cinco mujeres se fueron. Las hermanas, sentadas en un sofá, se miran. Hace ya ocho años de la huida. Han rehecho sus vidas y son felices. Miriam sonríe al recordar un detalle que ahora se le antoja surrealista. "Antes de irnos, mi madre le dejó la cena hecha a mi padre. Y dinero, por si acaso", cuenta. "Estas mujeres no son víctimas, son supervivientes", dice Paz. Ella lo sabe muy bien. Ve cada día casos como el de estas cuatro mujeres. "La capacidad de reponerse del ser humano es inmensa", dice.

"¿Cuántos niños están viviendo ese horror sin que nadie se dé cuenta?", se plantea Abril, que sostiene que hay que fomentar los mecanismos de detección y prevención de la violencia de género. El delegado para la violencia de género explica que los profesores y los médicos de atención primaria juegan un papel fundamental. Miriam, que ahora que es docente, ve el asunto también desde el otro lado, explica que, si están pendientes, los indicios se pueden ver. "Hay que abrir los ojos. Si un niño se comporta de manera extraña, si se aísla de sus compañeros, no hace los trabajos o no trae los libros, si nunca se va con nadie... hay que investigar por qué". En su caso nadie se dio cuenta. Tampoco en el de Lorena. Ellas tampoco pudieron contarlo.

"Es muy difícil decir nada. Tú también estás cegada, porque es tu padre, se supone que te tiene que querer", dice Lorena. Beatriz estuvo a punto de llamar a la policía: "Tuve el teléfono marcado miles de veces. Pero no lo haces. Se lo llevan a comisaría, ¿y luego qué? Te dan una solución inmediata, pero necesitas una que te salve la vida". No puede evitar un sollozo audible al otro lado del teléfono al preguntarle por su padre: "Por mucha terapia psicológica que haga, me ha quitado el derecho al cariño de mi padre. Y ha sido decisión suya".

Muchas víctimas solo empiezan a vivir su vida tras la rehabilitación. Lorena disfrutó como nunca durante unas vacaciones con sus amigas en Tenerife. De repente salir de noche o apagar el móvil era la felicidad. "Es como si viviese de verdad por primera vez".

Igualdad y comunidades autónomas han firmado un convenio para dedicar más fondos a la atención de los hijos de las víctimas de la violencia machista. El ministerio estudia, además, fórmulas jurídicas para que la retirada de la custodia de los hijos sea automática para los maltratadores condenados. Algo que Abril considera fundamental y que estaba entre las propuestas de mejora de la ley integral que la comisión de Violencia de Género del Congreso mandó a Igualdad. Lorente aclara que ahora los jueces pueden retirar la custodia. "Se trataría de simplificar la fórmula. La custodia debe ejercerse siempre en beneficio del menor. Los niños se ven enormemente afectados por la violencia. Necesitan una toma de distancia de esa situación", dice.

Vanessa y Miriam temen el día que su padre salga de la cárcel en tercer grado. Beatriz tiene una orden de alejamiento de un kilómetro del suyo y un teléfono de emergencia. El de Lorena ha muerto. "Te da tranquilidad en cierta manera porque es él o yo. Pero en cierto modo también le quieres".

Fallida enseñanza en valores

Educación para la Ciudadanía se ha quedado reducida a una 'maría'

Publicado en El País, por CARLOS CARABAÑA - Madrid - 28/06/2010

Varios directores de instituto relatan la siguiente historia. Llega la hora de impartir Educación para la Ciudadanía: el Partido Popular y parte de la Iglesia recomiendan la objeción de conciencia y algunas familias solicitan al centro que sus hijos no reciban la materia.

Varios directores de instituto relatan la siguiente historia. Llega la hora de impartir Educación para la Ciudadanía: el Partido Popular y parte de la Iglesia recomiendan la objeción de conciencia y algunas familias solicitan al centro que sus hijos no reciban la materia. Pero no la tienen ese curso y al siguiente, con las protestas ya apagadas, los chavales asisten sin problemas a esas clases. La Generalitat valenciana amenazó con impartir esa materia en inglés. Dos años después, se le dedican escasas horas, como si se tratara de una maría.

Alejandro Tiana, secretario general de Educación cuando se implantó Ciudadanía con la LOE en 2006, está convencido de que "la sombra de sospecha arrojada" ha perjudicado a la asignatura. "En la mayor parte de las comunidades autónomas las horas de clase se dejaron al mínimo impuesto desde la Administración [35 sesiones por curso]", explica. "Lo normal es aumentarlas". Para el filósofo Fernando Savater, prologuista del texto para Ciudadanía de la Fundación Cives, "una clase es poco, pero menos es nada". Y reflexiona: "Si la religión estuviera donde debe de estar, fuera de la escuela pública, habría más horas para una asignatura que es muy importante".

Solo en Castilla-La Mancha y Galicia, gobernadas entonces por el PSOE, Educación para la Ciudadanía tiene dos horas a la semana. Los docentes señalan la escasa carga lectiva como la lacra de la asignatura. "Se convierte en una maría[sin tiempo, fácil de aprobar y poco valorada por el alumnado]", dice Fernando Ventura, profesor en Pamplona. "Para desarrollarla harían falta, como mínimo, dos horas".

"Además", recuerda Tiana, "es una recomendación de las instituciones europeas". Casi la mitad de estos países ha concretado la enseñanza en valores como una materia independiente. Los contenidos son cuatro círculos concéntricos: convivencia con el entorno próximo, principios de vida en una sociedad democrática, ejercicio de la ciudadanía en un contexto global y situación y relación del individuo consigo mismo. Las lecciones relativas a la identidad afectivo sexual fueron las más cuestionadas.

Con el libro de texto Joven@s Ciudadanos (Alhambra Pearson), María Pilar Torrijo, filóloga que imparte Educación para la Ciudadanía, cuenta las páginas de la discordia. "Tres de 143, que se titulan Quién Soy, chico y chica, hombre y mujer, el resto del temario -derechos humanos, convivencia, respeto al otro- es indiscutible". Los docentes preguntados aseguran que ya estaban incluidos estos temas en la Ética de 4º de ESO, que, como la filosofía de Bachillerato, ha adquirido el apellido "y Ciudadanía".

Álvaro Marchesi, secretario de Estado de Educación cuando se incluyó Ética en la LOGSE así como la educación en valores de forma transversal a todas las materias, cree que esa asignatura, era "mucho más fuerte, se hablaba de la vida, la muerte y el sexo". "Creer que dos horas a la semana van a transformar a las nuevas generaciones", explica Marchesi, "es no entender el impacto de una disciplina, o cómo va a competir con la influencia de la familia". Savater, que opina que la transversalidad "es una forma de zafarse", cree que "es disparatada la idea de que solo los padres pueden transmitir valores".

Pero esa parte del temario interesa a los chavales. Como la solidaridad, los diferentes sistemas políticos en Europa, los derechos humanos, los impuestos... O eso aseguran los docentes. A Marta, alumna asturiana, le ha gustado "la parte de la violencia contra las mujeres y la explicación de que a una chica le puede gustar otra chica". Los profesores precisan que impartirla es difícil.

Los estudiantes entre 13 y 14 están comenzando a desarrollar el pensamiento abstracto. La metodología es activa: material audiovisual, debates, charlas, discusiones... y un poco de exposición teórica. Juana María Serrano, directora de un centro en Toledo, ve la dificultad de impartir estos conceptos a esas edades, "pero con la tasa de abandono [30%], si pretendemos de verdad formar ciudadanos, hay que hacerlo antes de que dejen los estudios".

Tiana recuerda que las negociaciones no fueron complicadas. "Hablamos con los religiosos docentes (la FERE) y se marcó una posición intermedia, que no es fácil y nunca se sabe dónde está". Una línea roja, verbalizada en el enunciado La familia en el marco de la Constitución española. "La reacción de parte de la Conferencia Episcopal, solicitando la retirada y la objeción -un absurdo jurídico-", explica, "fue una sorpresa parcial". Uno de los miedos era convertir la pizarra en un púlpito. Pero los profesores defienden su profesionalidad.

La materia se completa con actividades paralelas. Un instituto de Asturias tiene un comité de alumnos, formados en gestión de conflictos, que supervisados por los docentes, decide las sanciones a sus compañeros; en Cantabria pueden participar al principio de las evaluaciones y expresan sus quejas, muchas referidas a los deberes excesivos; en varios centros, los alumnos han ayudado a elaborar el reglamento interno y reciben charlas de ONG como Movimiento por Paz; se hacen visitas a los Parlamentos autonómicos y los alumnos juegan en los sillones a defender diferentes posturas.

Yolanda Barros, profesora en el País Vasco, valora la asignatura: "Superan la resistencia de ir, por ejemplo, a un cineclub, y aprenden". Un opositor a profesor de historia y máster en Educación para la Ciudadanía la resume: "Es como hacer que un chaval vea el telediario y lo entienda". Marchesi puntualiza el enunciado: "Interpretar el telediario de acuerdo con los derechos humanos".

Claves sobre la igualdad y la no discriminación en España

La Fundación Luis Vives ha publicado en la web el documento Claves sobre la igualdad y la no discriminación en España, elaborado por Esther Camuñas y Lorena Álvarez de Sotomayor.

La igualdad es un término multidisciplinar que abarca diferentes ámbitos más allá del género, como son la orientación sexual, la raza o etnia, las creencias religiosas, la discapacidad y la edad, y que hace referencia al derecho de todas las personas que componen la sociedad a tener las mismas posibilidades de acceso al bienestar social.

Las características que rodean a este derecho fundamental están en constante evolución, igual que la sociedad, gestándose así nuevas terminologías para explicar todos sus aspectos, evolucionando la legislación y creándose nuevos organismos de medición y control.

Para construir una sociedad igualitaria es necesario desarrollar una legislación contra la discriminación que se complemente con la aplicación de una serie de medidas legislativas como la acción positiva o los ajustes razonables, encaminados a prevenir y compensar la discriminación sufrida por algunos colectivos.

Además, la información y sensibilización juegan un papel fundamental a la hora de prevenir y combatir actitudes como la homofobia, la misoginia, el racismo o la xenofobia.

En España se están llevando a cabo importantes avances en el ámbito de la igualdad pero aún queda mucho trabajo por hacer. El objetivo de esta guía es contribuir a este proceso, poniendo a disposición de todas las personas interesadas en este ámbito información sobre las distintas facetas que engloban este término y mostrando la realidad actual a partir de datos, ejemplos, órganos de referencia y legislación.

The Giving Pledge (El compromiso de dar)

En la noticia publicada más abajo, que hemos encontrado en El País de 4/08/2010, nos sorprende ver a algunos de los personajes más ricos del mundo comprometiéndose a donar la mitad de su fortuna al ámbito de la filantropía. Suena generoso, pero no suficiente. Están en su derecho a ocupar parte de su tiempo libre en hacer obras de caridad y lo respetamos. Pero sería más interesante, y posiblemente más útil, verlos comprometidos en un alianza que presionase a los especuladores, a las multinacionales y a los gobiernos para promover un mundo socialmente más justo, donde la riqueza no esté tan desigualmente repartida y en el que las personas adquieran educación, salud y vivienda por derecho, y no por limosna.

Millonarios y filántropos

Bill y Melinda Gates forman un club con otros potentados que se comprometen a donar la mitad de su fortuna a causas humanitarias

SANDRO POZZI | Nueva York 04/08/2010

Hace algo más de un año, Warren Buffett y Bill Gates, los hombres más ricos en Estados Unidos, cenaron en secreto en Nueva York con una docena de grandes fortunas del país para hablar de todo lo que podría llegar a hacer si juntaban su dinero. Fue un encuentro sin precedentes, que muchos llegaron a sospechar se trataba de una reunión clandestina para, en plena crisis financiera, ver cómo podían dominar el mundo.

Nada de eso. Se trataba justamente de lo contrario. En plan de amigos, los asistentes discutieron ideas para ver lo que podría hacer con sus fortunas en el ámbito de la filantropía. A ese encuentro siguieron otros, para dar forma entre bastidores a la campaña The Giving Pledge (El compromiso de dar). Hoy, casi medio centenar de multimillonarios se han sumado a la iniciativa y han hecho su manifiesto: destinar al menos la mitad de su riqueza a obras de caridad.

Se trata de un movimiento sin precedentes en el ámbito de la filantropía. Los primeros en apuntarse en esta especie de nuevo club fueron el constructor Eli Broad, el inversor John Doerr, el empresario Gerry Lenfest y el ex presidente de la tecnológica Cisco Systems John Mordridge. Hoy se han sumado el alcalde neoyorquino Michael Bloomberg, el fundador de Oracle, Larry Ellison, el magnate Boone Pickens y el emperador mediático Ted Tuner.

Buffett y Gates son desde hace años firmes defensores de devolver a la sociedad gran parte de la fortuna que fueron amasando con sus negocios durante el paso de los años. Y rechazan de plano, y públicamente, que sus herederos sean los principales beneficiarios de esa masa de dinero. De hecho, Buffett se comprometió en 2006 a destinar el 99% de su riqueza a alimentar, entre otras, la misión benefactora de la Fundación Bill y Melinda Gates.

EE UU es, de acuerdo con el último ranking de la revista Forbes, el país que más multimillonarios concentra, con una fortuna combinada que asciende a 1,35 billones de dólares (un billón de euros). Bill Gates es el primero de la lista, con 53.000 millones, seguido por Warren Buffett, con 47.000 millones. Desde que la fundación del matrimonio Gates empezó a funcionar en 1994, movilizó unos 22.000 millones a programas destinados a la lucha contra la pobreza y la salud.

Si todos ellos dieran la mitad, se movilizarán unos 675.000 millones a caridad. Se trata, como señaló en junio pasado la revista Fortune, cuando se dio a conocer la iniciativa, de la "mayor campaña de recaudación de fondos de la historia". Pero aunque el objetivo de Buffett y Gates se concentra en los 403 hombres y mujeres más ricos de EE UU, para que donen la mayor parte posible de su legado, su obra es un amplificador para el resto de la sociedad.

El momento para lanzar esta campaña no puede ser más oportuno. La recesión sigue causando estragos entre millones de familias en EE UU, que no tienen empleo, no pueden conservar sus hogares ni costearse la atención médica mínima. Las dificultades financieras están provocando, además, que el dinero destinado a caridad esté cayendo, de los 315.000 millones en 2008 a los 303.750 millones el pasado, según la fundación Giving USA.

El razonamiento de Buffett es muy simple: la gente que de alguna manera es admirada en la sociedad, como el director de cine George Lucas o el empresario hotelero Barron Hilton, debe predicar con el ejemplo en los momentos más difíciles. Es, dice, lo que hicieron las familias Carnegie y Rockefeller, y por eso quizás EE UU sea la gran potencia también en el ámbito de la filantropía.

Ellison, por ejemplo, es una de las figuras que más destinó de su fortuna a obras benéficas y proyectos sin ánimo de lucro en el ámbito de la educación y la investigación médica. Pero como él mismo admite, lo ha hecho hasta ahora de una forma callada, porque pensaba que la caridad era una cosa privada. Ahora, siguiendo a Buffett, cree que con su ejemplo puede influir en otros.

Consentimiento informado sobre interrupción voluntaria del embarazo

El Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo persigue el doble objetivo de regular, en cumplimiento de los mandatos contenidos en el artículo 16.4, y 17.2 de la Ley Orgánica, por un lado, las especificidades de funcionamiento del comité clínico encargado de confirmar el diagnóstico de las enfermedades extremadamente graves e incurables del feto que puede originar el supuesto de interrupción del embarazo referido en el artículo 15, letra c), de aquélla, y, por otro, la información requerida por el artículo 17 para la prestación del consentimiento de la mujer que haya solicitado la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo.

Así, en lo referente al comité clínico, el presente real decreto define su naturaleza, su composición, el carácter de su actuación y regula su régimen de funcionamiento y el procedimiento necesario para la emisión de su dictamen, que se limitará a constatar la existencia o no de la enfermedad extremadamente grave e incurable del feto, previamente diagnosticada.

Con relación a la información previa al consentimiento de la mujer gestante, y con carácter general, la regulación contenida en la presente norma trata de asegurar que la prestación se realice con las garantías establecidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. En este sentido, desarrolla el propósito fundamental de la misma de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer a través, principalmente, de un proceso de información previo, claro y objetivo, en el sentido de que la información es la circunstancia determinante de la decisión de la mujer embarazada de seguir adelante con la gestación o de proceder a su interrupción. No puede olvidarse que esta información tiene como fin asegurar esta determinación y la protección de los intereses en presencia, desde la vida prenatal a la salud de la mujer gestante, garantizando, a su vez, a la mujer su intimidad y confidencialidad.

De acuerdo con la ley, el Real Decreto regula el proceso de información previa al consentimiento a lo largo de tres fases sucesivas, cuyo conjunto garantiza la información objetiva y personalizada a la mujer gestante.

Cada una de estas fases persigue una finalidad diferente. En un primer momento –artículos 17.1 y 21.1 de la ley– se trata de información general sobre los métodos de interrupción, los centros donde se puede llevar a cabo y los trámites y condiciones. En un segundo momento, cuando la mujer inicialmente opta por la interrupción del embarazo regulada en el artículo 14 de la ley, está orientada a la protección de la maternidad, ofreciendo información sobre las ayudas públicas y derechos vinculados al embarazo y a la maternidad, y datos sobre los centros en que se puede recibir asesoramiento. Finalmente, la tercera y última fase, se corresponde con la información médica inmediatamente anterior a la prestación del consentimiento por escrito, en los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Este Real Decreto regula también, de modo específico, el deber de información establecido en el apartado cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, para el consentimiento en el caso de las mujeres de 16 y 17 años de edad. Al respecto, el artículo 8 establece que:

1. La mujer de 16 ó 17 años prestará su consentimiento acompañado de un documento que acredite el cumplimiento del requisito de información previsto en el apartado Cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. El documento será entregado personalmente por la mujer acompañada de su representante legal al personal sanitario del centro en el que vaya a practicarse la intervención.

2. En el caso de prescindir de esta información, cuando la mujer alegue las circunstancias previstas en el apartado Cuarto del citado artículo 13, el médico encargado de practicar la interrupción del embarazo deberá apreciar, por escrito y con la firma de la mujer, que las alegaciones de ésta son fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, psicológico o de profesional de trabajo social.

El artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, en su apartado cuarto dispone que:

"En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.

Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer.

Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo."