En el Informe 2010 de Amnistía Internacional se recogen una serie de vulneraciones o falta de garantía de los derechos humanos en España. Extraemso algunas de esas denuncias:
Derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Migrantes y solicitantes de asilo seguian arriesgando la vida al intentar llegar a España a través de peligrosas rutas maríimas y terrestres, aunque los datos oficiales reflejaron un descenso del 45 por ciento en el numero de llegadas en patera en comparacion con el ano anterior. Espana seguía teniendo una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo mas bajas de la UE.
En febrero, sindicatos policiales informaron de que agentes de la comisaría de policía de Vallecas, en Madrid, habían recibido ordenes de cumplir un cupo mensual especifico de detenciones de inmigrantes irregulares; según los informes, otros agentes denunciaron haber recibido instrucciones parecidas en otras partes del país. El ministro del Interior negó públicamente que existiera semejante política. Según informes de ONG de toda España, a lo largo del año aumentaron los controles policiales de identidad por motivos raciales, se pensaba que como consecuencia de las medidas de control de la inmigracion.
En octubre, España ratificó el Protocolo num. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros. La reforma de la Ley de Asilo, aprobada en octubre, ampliaba los motivos para reconocer la condición de refugiado o para conceder protección subsidiaria a las personas que sufrían persecución por motivos de genero u orientación sexual. Sin embargo, también excluía a los ciudadanos de la UE del derecho a solicitar asilo, eliminaba la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas españolas en el extranjero y ampliaba los motivos para excluir a alguien de la condición de refugiado en función de criterios imprecisos, como “constituir un peligro para la seguridad nacional”.
La Ley de Extranjería se modificó en octubre. Las reformas aprobadas garantizaban el acceso de las ONG a los centros de detención de inmigrantes, pero elevaban de 40 a 60 días el periodo máximo de detención para los inmigrantes en situación irregular.
Derechos de la infancia
Los niños y niñas que residían en los centros de protección de menores estaban expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos. Hubo denuncias de abandono, medicación forzada, uso excesivo de la fuerza y abusos psicológicos y físicos por parte del personal de estos centros. El Defensor del Pueblo español puso de relieve preocupaciones parecidas en un informe publicado en 2008.
Violencia contra mujeres y niñas
A pesar de algunos avances en los ultimos anos, continuaron muriendo mujeres a manos de su pareja o ex pareja. Las mujeres migrantes que sufrían violencia en el entorno familiar seguían enfrentándose a dificultades adicionales para obtener justicia y acceder a servicios especializados. La respuesta institucional a otras formas de violencia basadas en el genero, incluida la trata de seres humanos para fines de explotación sexual, aun era insuficiente. No existía un sistema institucionalizado para identificar a las victimas de trata de personas para el comercio sexual, ni para remitirlas a los servicios de asistencia.
Las victimas de violencia de genero que intentaron obtener resarcimiento se encontraron con numerosos obstáculos, entre ellos la falta de indemnizaciones por
las secuelas psicologicas de la violencia. Ocho años después de recibir 15 puñaladas y ser atropellada por su ex marido, Ascension Anguita aun no había sido indemnizada por el ataque, y la falta de apoyo institucional dificultaba su recuperación. Seguía sin poder trabajar, tenia diagnosticado un trastorno de estrés postraumático y vivía de una pensión mensual de 401 euros por discapacidad. En julio de 2008, su exmarido obtuvo el derecho a salir de prisión con permisos de seis días al mes, tiempo durante el cual Ascensión Anguita tenia que abandonar su casa y esconderse. La policía le dijo que no disponía de recursos suficientes para protegerla.
Racismo
El Plan de Derechos Humanos, que arranco en 2008, contenía una disposición dirigida a establecer una estrategia integral para combatir el racismo en todo el territorio nacional; sin embargo, al terminar el año todavía no había empezado a aplicarse dicha estrategia, en contravención de las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, establecido por ley en 2003, no era aun operativo. Según el informe anual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE correspondiente a 2009, publicado en junio, eso situaba a España entre los cuatro únicos países de la UE que no tenían un órgano nacional de igualdad que publicara datos estadísticos sobre denuncias de racismo. España estaba también entre los seis únicos países de la UE que no recopilaban ni publicaban datos oficiales sobre delitos racistas.
Migrantes y solicitantes de asilo seguian arriesgando la vida al intentar llegar a España a través de peligrosas rutas maríimas y terrestres, aunque los datos oficiales reflejaron un descenso del 45 por ciento en el numero de llegadas en patera en comparacion con el ano anterior. Espana seguía teniendo una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo mas bajas de la UE.
En febrero, sindicatos policiales informaron de que agentes de la comisaría de policía de Vallecas, en Madrid, habían recibido ordenes de cumplir un cupo mensual especifico de detenciones de inmigrantes irregulares; según los informes, otros agentes denunciaron haber recibido instrucciones parecidas en otras partes del país. El ministro del Interior negó públicamente que existiera semejante política. Según informes de ONG de toda España, a lo largo del año aumentaron los controles policiales de identidad por motivos raciales, se pensaba que como consecuencia de las medidas de control de la inmigracion.
En octubre, España ratificó el Protocolo num. 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros. La reforma de la Ley de Asilo, aprobada en octubre, ampliaba los motivos para reconocer la condición de refugiado o para conceder protección subsidiaria a las personas que sufrían persecución por motivos de genero u orientación sexual. Sin embargo, también excluía a los ciudadanos de la UE del derecho a solicitar asilo, eliminaba la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas españolas en el extranjero y ampliaba los motivos para excluir a alguien de la condición de refugiado en función de criterios imprecisos, como “constituir un peligro para la seguridad nacional”.
La Ley de Extranjería se modificó en octubre. Las reformas aprobadas garantizaban el acceso de las ONG a los centros de detención de inmigrantes, pero elevaban de 40 a 60 días el periodo máximo de detención para los inmigrantes en situación irregular.
Derechos de la infancia
Los niños y niñas que residían en los centros de protección de menores estaban expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos. Hubo denuncias de abandono, medicación forzada, uso excesivo de la fuerza y abusos psicológicos y físicos por parte del personal de estos centros. El Defensor del Pueblo español puso de relieve preocupaciones parecidas en un informe publicado en 2008.
Violencia contra mujeres y niñas
A pesar de algunos avances en los ultimos anos, continuaron muriendo mujeres a manos de su pareja o ex pareja. Las mujeres migrantes que sufrían violencia en el entorno familiar seguían enfrentándose a dificultades adicionales para obtener justicia y acceder a servicios especializados. La respuesta institucional a otras formas de violencia basadas en el genero, incluida la trata de seres humanos para fines de explotación sexual, aun era insuficiente. No existía un sistema institucionalizado para identificar a las victimas de trata de personas para el comercio sexual, ni para remitirlas a los servicios de asistencia.
Las victimas de violencia de genero que intentaron obtener resarcimiento se encontraron con numerosos obstáculos, entre ellos la falta de indemnizaciones por
las secuelas psicologicas de la violencia. Ocho años después de recibir 15 puñaladas y ser atropellada por su ex marido, Ascension Anguita aun no había sido indemnizada por el ataque, y la falta de apoyo institucional dificultaba su recuperación. Seguía sin poder trabajar, tenia diagnosticado un trastorno de estrés postraumático y vivía de una pensión mensual de 401 euros por discapacidad. En julio de 2008, su exmarido obtuvo el derecho a salir de prisión con permisos de seis días al mes, tiempo durante el cual Ascensión Anguita tenia que abandonar su casa y esconderse. La policía le dijo que no disponía de recursos suficientes para protegerla.
Racismo
El Plan de Derechos Humanos, que arranco en 2008, contenía una disposición dirigida a establecer una estrategia integral para combatir el racismo en todo el territorio nacional; sin embargo, al terminar el año todavía no había empezado a aplicarse dicha estrategia, en contravención de las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, establecido por ley en 2003, no era aun operativo. Según el informe anual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE correspondiente a 2009, publicado en junio, eso situaba a España entre los cuatro únicos países de la UE que no tenían un órgano nacional de igualdad que publicara datos estadísticos sobre denuncias de racismo. España estaba también entre los seis únicos países de la UE que no recopilaban ni publicaban datos oficiales sobre delitos racistas.
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