La diputada autonómica del PP Teresa Tortonda criticó hoy el "sobrecoste" que a su juicio supone el actual "macrosistema" extremeño de gestión sociosanitaria para la aplicación de la Ley de la Dependencia, y propuso al Ejecutivo autonómico que utilice la plantilla de trabajadores sociales de base de la comunidad para el desarrollo de los servicios y prestaciones que se contemplan en dicha normativa.
Según defendió, es "necesario" que la Junta se replanteé la actual "macroestructura" del Sepad que para su formación "no ha funcionado", así como que en la línea de los "recortes" que a su juicio son necesarios en el actual contexto económico sea eliminada la "barbaridad en burocracia" existente en la actualidad para la valoración y tramitación de las ayudas y servicios.
En rueda de prensa en Mérida, Tortonda criticó igualmente el funcionamiento del sistema y lamentó que, según dijo basándose en los últimos datos del Ministerio de Política Social a fecha 1 de abril, actualmente en la comunidad existan "aproximadamente 6.000 personas" en el "limbo de la dependencia".
Se trata de personas, según explicó, que cuentan con la pertinente valoración y determinación del servicio que deben recibir pero que aún no son beneficiarios "reales" del mismo.
DATOS DE BENEFICIARIOS
En concreto, basándose en dichos datos, indicó que en Extremadura hay actualmente 38.533 solicitantes de la Ley de la Dependencia, de los cuales 28.686 cuentan con una valoración (y de ellas 21.667 son personas beneficiarias con derecho a prestación).
Asimismo, apuntó que hay 15.919 personas que ya reciben una prestación o servicio "real", lo que evidencia que "en Extremadura existen 6.000 personas aproximadamente que se encuentran en lo que se ha denominado el limbo de la dependencia".
Se trata, explicó, de personas a las que "se les ha valorado, cumplen con los requisitos de ser una persona dependiente, y que se saben la prestación y el servicio que deben tener pero que por esa mala política de aplicación, por esa macroestructura que se ha creado están sin recibir ningún tipo de servicio o de prestación".
INICIATIVA PARLAMENTARIA
La propuesta de reestructuración del servicio de aplicación de la ley será planteada en la próxima sesión plenaria por parte del Grupo Popular a través de una iniciativa mediante la cual mostrará su disconformidad con que actualmente en Extremadura se concedan servicios dentro de la Ley de Dependencia "de manera excepcional" mientras que las prestaciones son "la generalidad".
Asimismo, según avanzó Tortonda, su partido criticará el "retraso" que a su juicio se aplica en la comunidad en el pago de las prestaciones, y que asciende a entre 8 y 16 meses para la valoración de dependencia, y a entre 8 y 15 meses para la recepción de un servicio o prestación, afirmó.
ESTUDIO
Además, el PP solicitará a la Junta un replanteamiento de la estructura del Sepad en favor de otra que evite el actual "sobrecoste" de un sistema que es "tremendamente caro".
Sobre este respecto, la diputada 'popular' se hizo eco de un estudio del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales --facilitado a los medios--, según el cual el sistema equivalente al Sepad ha sido "ineficaz" en otros países y conlleva "un sobrecoste de gestión que tendrá sus consecuencia no tardando".
El mismo estudio establece no obstante "en positivo" que la gestión de entrega de prestaciones y servicios de los tres últimos meses de 2009 ha reducido "considerablemente" el "elevadísimo limbo" de personas en espera que tenía Extremadura.
FALLOS DEL SISTEMA
Asimismo, en su intervención, Tortonda calificó como "una barbaridad en burocracia" el número de unidades de gestión y de gerencias territoriales del Sepad y, si bien no reclamó su desaparición, sí planteó la "necesidad" de que sufra una replanteamiento de su organización mediante el empleo en sus labores de la red de 214 trabajadores sociales de base que, según Tortonda, ya existían en Extremadura antes de su puesta en marcha.
Para la diputada, dichos trabajadores sociales de base "son los que realmente conocen las necesidades de la familias y de los recursos existentes".
"La ley de la Dependencia en su aplicación en Extremadura no ha aportado nada nuevo porque del sistema de servicios sociales de base plenamente establecido se ha pasado a un sistema que no ha funcionado", dijo.
Finalmente, insistió en que "en algo estarán fallando (la Junta y el PSOE en la región) cuando se está en estos niveles" (de espera para la valoración y consecución real del servicio o prestación por dependencia.
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