martes, 27 de abril de 2010

¿Quieres chatear con la Ministra de Sanidad y Política Social sobre la Ley de Dependencia?


El periódico El País propone un chat con Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Política Social, sobre la sostenibilidad de la Ley de Dependencia. Podemos enviar preguntas a través del siguiente enlace:


Trinidad Jiménez es la titular de Sanidad y Política Social, desde cuyo ministerio se coordina el desarrollo de la Ley de Dependencia. ¿Por qué hay esas diferencias en la aplicación de la ley entre unas comunidades y otras? ¿Por qué el tiempo medio de espera de los dependientes para recibir sus ayudas va de los 8 a los 12 meses? Jiménez charlará con los lectores de estos asuntos el Jueves, 06 de Mayo de 2010 de 17:00 a 18:00.





La cobertura de las ayudas a dependientes en Galicia es inferior a la media del Estado

FarodeVigo.es, del 27/04/2010

SELINA OTERO - VIGO Ninguna comunidad autónoma ha logrado en los tres años de aplicación de la Ley de Dependencia dar cobertura a todos sus ciudadanos con derecho a prestación. La escasez de presupuesto para materializar las ayudas en un plazo razonable es un mal generalizado y todas las autonomías acusan listas de espera. Pese a las trabas comunes, el nivel de gestión de las subvenciones no es igual en todo el territorio nacional, de modo que algunas administraciones autonómicas consiguen salir más airosas que otras. Galicia se sitúa por debajo de la media en la cobertura a dependientes con dictamen favorable. Aunque se aproxima a la media en el nivel de gestión, representada por Extremadura y Cataluña, todavía viaja en el furgón de cola.

Cantabria, La Rioja y Andalucía son, por este orden, las comunidades que están ofreciendo una mejor cobertura a sus ciudadanos dependientes, según los últimos datos hechos públicos por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Ministerio de Sanidad y Política Social. Analizando el porcentaje de ciudadanos con derecho a prestación atendidos, es decir, que ya la perciben y en una horquilla del 0% al 2%, el Gobierno cántabro ocupa el primer puesto, con un 1,96% y el andaluz (1,88%), el tercero (ver gráfico).

El listado de las que mejor gestionan prosigue con Aragón, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Cataluña, todas ellas por encima del 1,17% de dependientes atendidos de media nacional (sobre un 2%), con un cómputo total de 546.610 prestaciones concedidas hasta ahora en España (30.694 en Galicia).

La comunidad gallega ocupa el octavo puesto en nivel de cobertura, con un 1,10%. Las autonomías con peores resultados y un claro suspenso en la atención a dependientes son, según las estadísticas del Gobierno central: Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Asturias y Murcia.
Tramitación lenta

Más allá de la financiación y del volumen de solicitudes en función de la población, es crucial, para agilizar la gestión, el plazo de tramitación de la ayuda: desde la solicitud hasta el ingreso del dinero en cuenta. Si, hasta ahora, este proceso se demoraba entre 12 y 18 meses de media, la mayoría de comunidades se están esforzando en acortar los tiempos de valoración de las solicitudes, elaboración de dictámenes y, finalmente, abono de la prestación. Mientras que un castellano leonés alcanzó los nueve meses de espera para recibir una prestación, en Cataluña se llegó a tardar 15 meses, en Galicia o Extremadura año y medio y en Baleares más, según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Para Galicia, 2010 se presenta como el año del desbloqueo y la descongestión de miles de solicitudes que quedaron aparcadas en 2009 e incluso 2008. Son 18.000 los gallegos con dependencia severa los que todavía esperan a que se haga efectiva su prestación.

En lo que va de año, la Administración autonómica ha comenzado a pagar atrasos. Ahora están empezando a cobrar personas que realizaron su solicitud en 2008. Con la agilización de plazos fijada por decreto y la actualización de expedientes, en junio, la cifra de los que esperan la ayuda será de 14.000, cuya gestión tocará en el segundo semestre del año.

En cuanto al volumen de solicitudes en función de la población, Galicia tampoco es de las primeras. Al contrario, es sexta por la cola, con un total de 66.309 peticiones. Si hay una comunidad protagonista en dependencia es Andalucía: a la cabeza en solicitudes y en nivel de cumplimiento. Uno de cada tres dependientes solicitantes, valorados y atendidos en España es andaluz.

En Extremadura solo 150 dependientes reclaman al no estar de acuerdo con su ayuda


El Periódico de Extremadura, 27/04/2010

Solo 150 personas han recurrido sus planes individuales de atención (PIA), es decir, los documentos en los que se definen sus ayudas a la dependencia. Así lo aseguraron ayer el director gerente del Sepad, Juan Carlos Campón, y el director general de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Miguel Simón, que añadieron que también es posible solicitar una nueva valoración si no se está de acuerdo con el resultado inicial y, de mantenerse el desacuerdo, recurrir a los tribunales, si bien aseguraron que el número de casos "no es significativo".

También en relación a los recursos a las prestaciones concedidas, Campón señaló que es una cifra mínima en comparación con las 38.563 solicitudes de valoración registradas en Extremadura. En cuanto a las posibles reclamaciones por el incumplimiento del plazo de seis meses previsto en la normativa regional y acordado también a nivel nacional, explicó que de momento no se están registrando quejas, aunque admitió que es posible cursarlas.

Sin embargo, asociaciones del ámbito de la discapacidad en la región no se muestran demasiado partidarias de fomentar ese tipo de procedimientos, conscientes de las dificultades que entraña una normativa tan novedosa como la ley de dependencia. Es el caso de Cermi o FEAPS, cuyo presidente, Jesús Gumiel, y gerente, Carlos González, respectivamente sí que solicitan que se agilice la aplicación de la norma, pero afirman no tener constancia de casos graves de retraso.

En cambio, Cristina Herrera, portavoz del PP en el área de Dependencia, sí anima a los afectados a poner en marcha sus reclamaciones, al considerar inaceptable el elevado retraso de la ley de dependencia cuatro años después de su puesta en vigor. Sin embargo, reconoce que mucha gente tiene miedo de tomar este tipo de medidas, al temer que pueda perjudicarles a la hora de obtener la ayuda.

Para José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Gerente y Directoras de Servicios Sociales, la cifra de reclamaciones no es muy elevada porque el volumen de gestión de casos de la comunidad no es muy elevado. A su juicio, el problema reside más en la dificultad de la región para cumplir los plazos y lamenta que la región, de la que admite que está intentando aplicar "bien" la ley (a diferencia de otras que la boicotean), esté fallando por el modelo elegido para ponerla en marcha, del que discrepa por marginar a los servicios sociales.






lunes, 26 de abril de 2010

Jornadas de intercambio de experiencias comunitarias para la transformación social en el Aula Abierta de San Antón

Los días 22 y 23 de abril hemos llevado a cabo una nueva edición del Aula Abierta de Trabajo Social que ha alternado las sesiones de trabajo entre las aulas de nuestro centro universitario y las calles del barrio conquense de San Antón. Precisamente ahora que sus vecinos han vuelto a manifestar con contundencia la grave situación por la que atraviesa el barrio y denuncian el inmovilismo de las instituciones (El Día de Cuenca, 16 de abril de 2010).

Entre los diversos temas que se han tocado, destacan la desprofesionalización de lo social, las alternativas de economía solidaria, el papel de los movimientos sociales en la transformación social y la lucha contra la exclusión en barrios periféricos (o de la "supervivencia con dignidad", como prefieren llamarle en el colectivo El Parke de Valencia).


En las diferentes actividades, contamos con la presencia de personas vinculadas a pequeñas organizaciones de base procedentes de Málaga, Valencia, Salamanca, Gasteiz, Madrid, Cáceres, Guadalajara, Cuenca....muchas de ellas enredadas en BALADRE (Coordinadora Estatal de Luchas contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social). Conocer gente e intercambiar experiencias e ideas es una necesidad básica para las personas que intentan aportan cambios en sus ciudades, barrios o pueblos desde una perspectiva critica con el mercado capitalista y que buscan alternativas para vivir en comunidad.


viernes, 23 de abril de 2010

Hace ahora una semana que finalizó el VIII Congreso de Departamentos y Escuelas de Trabajo Social celebrado en Gijón



Hace ahora una semana que finalizó el VIII Congreso de Departamentos y Escuelas de Trabajo Social, celebrado en la Laboral de Gijón entre el 14 y el 16 de abril. Nos ha gustado la introducción que la directora de la Escuela de Trabajo Social de esa ciudad, María Jesús Capellín, ha elaborado para la publicación de las comunicaciones del Congreso. Deseamos a todas sus profesoras, con un montón de años de experiencia docente, que encuentren en el reconocimiento que merecen en la Universidad de Oviedo, responsable de iniciar, durante el próximo curso, el Título de Grado.


La Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón tiene el honor de acoger el VIII Congreso de Departamentos, Escuelas y Facultades de Trabajo Social de España, como directora de la misma es una satisfacción haber participado en todo su proceso desde el inicio como Escuela Municipal hasta su cierre paulatino que comenzará este año.

La formación en Trabajo Social tiene una larga trayectoria en nuestra región, hace más de 50 años que las Hermanas de la Caridad abrían un centro la Escuela Pio XII para formar Asistentes Sociales y daban un salto cualitativo en la concepción de la beneficencia de la época. En un marco político y social muy duro, supieron formar excelentes profesionales que contribuyeron a transformar con su trabajo los modelos de atención entonces destinados a los sectores más excluidos de la sociedad. Algún tiempo después la Diputación abría otra escuela en Oviedo que ha venido trabajando hasta hace poco tiempo.

En el año 1981 el Ayuntamiento de Gijón asume “provisionalmente” los estudios de Asistencia Social, por un lado eran los duros tiempos de la reconversión industrial que golpeaba a la ciudad, por otra parte la democracia abría nuevas perspectivas una de las más significativas era la transformación de la concepción de la beneficencia en derechos sociales que no dependían de la caridad de algunos sino del deber de garantizarlos por parte del Estado. En esa idea la formación en asistencia social se transforma en la concepción del Trabajo Social y se incluye ya en la oferta universitaria.

La provisionalidad de la Escuela Universitaria de Trabajo Social municipal ha durado 28 años. En este tiempo la escuela ha tenido varias sedes, configurándose como una escuela itinerante instalada siempre en lo provisional. No es una mala base para formar profesionales del trabajo social en la era de la incertidumbre. Estructuras demasiado confortables no facilitan la comprensión de la vulnerabilidad y la exclusión.

El próximo año los estudios afrontan otro cambio transformándose en un título de Grado que se impartirá en la Escuela Jovellanos, nuevos retos como el marco Europeo, el fenómeno de la globalización la configuración de un país multicultural obligarán a encontrar otras respuestas.

Este Congreso que reúne a los centros de formación en Trabajo Social representa también los avances en el conocimiento y en las técnicas que el conjunto de profesorado y alumnado de Trabajo Social hemos venido construyendo.

El lema del Congreso “El derecho a la ciudad” está vinculado al hecho que en un mundo que sufre su primera gran crisis global, tiene que buscar las respuestas en el “aquí y ahora” en el espacio donde las personas viven sus problemas y pueden encontrar las soluciones. Frente a procesos excluyentes, ciudades integradoras, frente a discursos xenófobos, ciudades acogedoras, ciudades de mujeres y para la infancia, ciudades en fin socialmente sostenibles.

Con nuestro trabajo contribuiremos a crearlas.

María José Capellín
Directora de la EUTS de Gijón


La Escuela de Trabajo Social de Cuenca estuvo presente a través de Fernando Casas, como un miembro muy activo del comité científico. Myriam Gutiérrez y Ana Vázquez han presentado un par de comunicaciones y un póster tituladas “¿Espacio obesogénico o ciudad cuidadora? Un estudio de la calidad de vida en escolares de la provincia de Cuenca” y "La igualdad de género en la formación de los trabajadores sociales".

Por último, presentamos una comunicación sobre "La Consulta Participativa en el Barrio de San Antón (Cuenca) como instrumento para abordar las necesidades sociales desde la comunidad", a partir del trabajo desarrollado en sus prácticas de tercer curso, durante 2008/2009, por Enrique García Escamilla, Laura Guijarro Martín, María Busquier Sebastiá y Estefanía Martínez Esteve.

Extraemos aquí un texto de esta última comunicación:

LA INTERVENCIÓN POSTERIOR A LA CONSULTA PARTICIPATIVA

La realización de una consulta participativa, aún suponiendo un importante esfuerzo, produce un documento de síntesis que, por sí sólo no tiene capacidad de producir cambios significativos en la comunidad. A continuación, se describen brevemente algunas de las líneas de actuación estratégica que se han llevado a cabo, aprovechando el foco de atención propiciado por la consulta participativa.

La primera línea estratégica de actuación consistió en promover la movilización vecinal. Hubo que animar a los responsables de la asociación de vecinos a realizar algún tipo de manifestación reivindicativa en la calle, con el objeto de escenificar el malestar y el empuje vecinal frente al resto de la ciudad, así como para crear un perfil de interlocutores “fuertes” frente a los responsables institucionales –que suelen tratar con cierto paternalismo, cuando no con displicencia, no exenta de corrección formal, a las personas que están al frente de las asociaciones de vecinos-. Una exitosa concentración de vecinos, en una tarde del mes de julio, cumplió estos objetivos. Consiguieron atraer la atención de todos los medios de comunicación locales y el propio alcalde nos sorprendió apareciendo en la concentración.

Por esos días, también comenzaron a aflorar propuestas de ONG´s y empresas privadas que querían hacerse con los fondos del Proyecto Urbana destinados a la formación, la acción social y la participación en el barrio de San Antón. Realizamos un trabajo de asesoramiento a los miembros de la asociación de vecinos, debido a la inseguridad con que estos se manejaban a la hora de apreciar la calidad de los proyectos que se presentaban al Ayuntamiento a través de una Mesa de Pilotaje del Proyecto Urbana (órgano consultivo de “participación” integrado por responsables municipales, y representantes de sindicatos, organizaciones empresariales y ONG´s).

A la vista de que esas ONG´s estaban presentando unos proyectos que partían de diagnósticos estereotipados del barrio, donde los vecinos figuraban como usuarios pasivos de servicios externos, decidimos apoyar a la asociación de vecinos en el diseño y presentación de un Programa de participación social en la rehabilitaciónintegral del barrio de San Antón, que articulaba 17 proyectos interconectados entorno a tres bloques temáticos: Problemas Urbanísticos, Necesidades Sociales y Convivencia. Esta batería de proyectos –inspirados en los resultados obtenidos en la Consulta Participativa- incorporaba los procesos y dinámicas internas ya existentes en el barrio, así como a las instituciones y profesionales susceptibles de intervenir en el Proyecto Urbana. La asociación de vecinos envió este Programa de participación a todas las instituciones públicas y lo presentó en una de las reuniones de la Mesa Urban del mes de agosto-2009.

Después de varios meses trabajando en el barrio y con sus gentes, comenzamos a esbozar una nueva hipótesis de trabajo: el movimiento vecinal del barrio se estaba desarrollando al margen de varios grupos de población del barrio: inmigrantes –en el barrio se concentra el mayor número de residentes magrebíes de toda la ciudad- y las mujeres con hijos a su cargo que no tienen o no pueden contar con su pareja. Ante cierta evidencia de que la asociación de vecinos podía contribuir a verticalizar aún más la estratificación social del barrio, puesto que su agenda no pasaba por responder a las preocupaciones de esos otros grupos de personas en algo que fuera más allá de cierta moral caritativa o una tibia y paternalista solidaridad entre vecinos. De ahí que, durante los meses de septiembre y octubre, en el Centro Social del barrio, tuvimos varios encuentros grupales con personas inmigrantes y mujeres en situaciones de vida muy vulnerables, con el fin de conocer mejor sus situaciones y animarlos a participar más activamente en el movimiento vecinal.

La segunda línea estratégica de actuación consistió en acercar la universidad al barrio. Partimos de la hipótesis de que el componente de prestigio del que goza la primera en nuestra sociedad, combinado con una presencia frecuente en el barrio (a la manera de los Settlement), podría proyectar una fuerte imagen simbólica tanto en los vecinos como en el resto de la ciudad, en la que cambiar la tendencia a etiquetar e incluso autodefinirse como una zona marginal o de exclusión, sustituyéndola por el de un barrio de ciudadanos activos que se percibe en lucha por su dignidad y que se alían para ello con estudiantes y profesores.

Para concretar estas ideas, hemos organizado, hasta la fecha, dos sesiones del Aula Abierta de San Antón. En la primera sesión, a comienzos de noviembre de 2003, cincuenta estudiantes y profesores de la Escuela de Trabajo Social, divididos en grupos y con una “guía de trabajo” y un plano, recorrieron el barrio para conocer el entorno físico y hablar con los vecinos. Después, concentrados en el “un punto de reunión”, un cruce de varias calles en escalera, próximo a una de las zonas más degradas del barrio,realizamos una puesta en común.

La segunda sesión –en diciembre de 2009-, consistió en una actuación reivindicativa a través de la limpieza y pintura de un solar de la zona más degradada del barrio, bajo el lema “El espacio público se degrada cuando deja de ser utilizado”.

La tercera línea estratégica ha consistido en que, todas y cada una de las actuaciones que aquí hemos descrito brevemente, han sido anunciadas a los medios de comunicación. La amplia cobertura obtenida en los medios, a nivel local y provincial, durante los últimos seis meses del año 2009, es un paso fundamental para que la percepción ciudadana no pueda concentrarse únicamente en la idea estereotipada de un barrio que se degrada ante la pasividad de sus vecinos.

miércoles, 21 de abril de 2010

Registro de Empresas de Inserción de personas en riesgo de exclusión social

La consejera de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Luz Rodríguez, afirmó hoy en Toledo que, a través del Registro de Empresas de Inserción de personas en riesgo de exclusión social aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, “queremos que estas personas salgan de esta situación a través del empleo”.

Rodríguez explicó que las empresas de inserción social pretenden precisamente eso: “ayudar a estas personas a salir de esta situación, pero a través de una política activa de empleo y no de políticas pasivas de beneficencia o ayudas asistenciales”.

La responsable de Trabajo y Empleo hizo estas declaraciones con motivo del encuentro que mantuvo esta tarde con distintas entidades sin ánimo de lucro, que han participado en la elaboración del Decreto que regula este Registro de Empresas de Inserción, a las que agradeció su participación en el mismo.

Las empresas de inserción se dedican a la inserción sociolaboral de aquellas personas que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, y constituyen un mecanismo para intentar ese tránsito de vuelta a la sociedad mediante el empleo, “ya que es la principal herramienta de participación e inclusión social”, indicó.

Con el Registro aprobado esta mañana, el Gobierno de Castilla-La Mancha da cumplimiento a la normativa estatal que encarga a las comunidades autónomas la regulación específica del procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral de personas en situación de exclusión social.

Las empresas de inserción son promovidas o participadas por entidades sin ánimo de lucro que, si bien son empresas y como tales buscan la obtención de beneficios, “estos se revierten en los procesos de inserción sociolaboral de las personas en riesgos de exclusión social”.

Entre los colectivos que se marcan en el Decreto como personas en riesgos de exclusión social se encuentran entre otros, por ejemplo, jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores; drogodependientes o personas con trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo o menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, y que estén, todos ellos, en proceso de rehabilitación o reinserción social.

Por su parte, el director de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha, Carlos Usías, valoró muy positivamente que Castilla-La Mancha cuente ya con este Registro, además de agradecer al Gobierno regional la inclusión de gran parte de las propuestas realizadas desde las entidades sin ánimo de lucro en la elaboración del mismo.

martes, 20 de abril de 2010

Campaña Mundial por la Educación


La educación es un derecho fundamental, y es imprescindible para romper el círculo de la pobreza. Pero en la actualidad hay 72 millones de niños y niñas sin escolarizar y 775 millones de personas adultas no tienen competencias básicas de lectura.

La Campaña Mundial por la Educación (Global Campaing for Education) es una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo. Todos nosotros coincidimos en reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos de la "Cumbre de Dakar" del año 2000, donde la comunidad internacional se comprometió a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas antes del año 2015.

La Campaña Mundial por la Educación nació para que este compromiso internacional, valioso y necesario, no pasara desapercibido. Por eso, su objetivo es movilizar a la ciudadanía para que exijan a sus gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan sus promesas y se responsabilicen del destino de millones de personas a los que se excluye del derecho a la educación.

La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está formada por Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras y Entreculturas, quien asume la coordinación de la misma.


Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)


Anualmente, la Campaña lleva a cabo en todo el mundo la denominada Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME).

¿Qué es la SAME?

Una de las principales actividades de sensibilización y movilización social de la CME es la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se organiza anualmente desde 2001 durante el mes de Abril. La SAME es una semana de movilización ciudadana, fundamentalmente de niños, niñas y jóvenes, que pretende acercar las reivindicaciones de la Campaña a la sociedad en general y a los responsables políticos de cada país, y llamar su atención sobre la necesidad de hacer real el derecho a una educación básica de calidad.

¿Cuándo y por qué se celebra?

La Semana de Acción Mundial por la Educación se celebra todos los años en la última semana de abril, coincidiendo con la fecha en la que tuvo lugar la firma de la Cumbre de Dakar en el año 2000. Aunque las principales actividades de la SAME tienen lugar durante el mes de abril, en realidad se realiza un trabajo continuado a lo largo del año, especialmente en los colegios

… queda mucho por hacer:

    • Aproximadamente el 54% de los 72 millones de niños sin escolarizar son niñas.
    • De los 71 millones de adolescentes sin escolarizar en 2007, el 54% eran niñas.
    • Dos terceras partes de los 759 millones de adultos que carecen de estudios básicos son mujeres.
    • Las diferencias de género son más acusadas en los estados árabes y en el centro, sur y oeste de Asia.
    • Si existiera paridad de género, el número de niñas sin escolarizar disminuiría en más de 6 millones.

¡Infórmate y participa!

http://www.cme-espana.org/news.html



20 de abril de 2010: Participa en la Lección por la Educación de Todos y Todas de 1 GOL:

La Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación tiene lugar todos los años en abril y representa una oportunidad para que todos los niños y niñas, docentes, madres, padres y personas de todo el mundo exijan colectivamente el derecho a la educación. El año pasado la campaña fue La Gran Lectura, en la que participaron 14 millones de personas.

Este año, la campaña llevará a cabo la Lección por la Educación de Todos y Todas de 1 GOL y el tema será la 'financiación de una educación pública de calidad: un derecho de todas las personas'. Consigamos entre todos que 2010 sea el año en que todas las personas accedan a la educación.

¡INSCRÍBETE! Envía un correo electrónico a khanyi@campaignforeducation.org con los datos siguientes y te inscribiremos:

• Tu nombre
• Nombre de la escuela/colegio u organización
• Código postal, ciudad, región, país
• N.º de teléfono
• Número de fax
• Fecha y hora de la lección
• N.º de personas que se prevé que asistirán
• Otros datos (incluir los nombres de políticos, famosos, futbolistas o temas en que los medios de comunicación puedan estar interesados).



lunes, 19 de abril de 2010

El Partido Socialista Madrileño apuesta por impulsar una Ley de Servicios Sociales que consolide el "cuarto pilar" de Bienestar en la región de Madrid

El PSM apostó hoy por impulsar una Ley de Servicios Sociales que recoja y consolide el "cuarto pilar" de Bienestar en la región, es decir, "los derechos recogidos en la Ley de Dependencia y unos servicios sociales integrales" Esta formación celebró hoy el segundo y último día de la Convención de Políticas Sociales, que congregó a más de 150 representantes de colectivos, asociaciones, plataformas de dependencia, trabajadores sociales, profesionales o responsables de diversas administraciones que, a través de ponencias y mesas redondas, compartieron y debatieron las propuestas y necesidades sobre esta materia en la región.
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, clausuró este mediodía las jornadas, donde pidió un Madrid "lleno de derechos". Además, insistió en que la Comunidad de Madrid "tiene la obligación de liderar la puesta en marcha del cuarto pilar del Estado de Bienestar", dado que en estos momentos "está a la cola en aplicación de la Ley de Dependencia" mientras que comunidades como la andaluza, la asturiana, la aragonesa, la extremeña o la vasca "son referentes en servicios sociales".
Gómez destacó que los Servicios sociales no son sólo un gasto social sino que son, por encima de eso, "servicios generadores de riqueza y de empleo".
Además, el secretario general del PSM señaló que ninguna de las entidades y colectivos que trabajan en torno a la Dependencia y los servicios sociales pueden "depender de subvenciones o convenios", y en este sentido indicó que "hay que establecer un sistema de financiación permanente" para las políticas sociales, del mismo modo que existe para la Sanidad o la Educación.
Finalmente, recordó el compromiso del PSM de que un 10 por ciento de los trabajadores de la Administración regional serán discapacitados cuando los socialistas gobiernen la Comunidad, superando el ratio establecido por Ley en un 5 por ciento.
La jornada de hoy contó con la ponencia del presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José María Ramírez, que habló sobre el 'Desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid'.
Asimismo, se celebró una mesa redonda que debatió sobre 'Las comunidades autónomas y las políticas sociales', y que contó con la participación del secretario general de Política Social del Ministerio de Sanidad y Política Social, Francisco Moza; del secretario general de Dependencia de la Junta de Andalucía, Julio Coca; de la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana María Fernández Abadía, y del viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Fernando Fantova.

El PP extremeño propone a la Junta utilizar los trabajadores sociales de base para la aplicación de la ley

MÉRIDA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP Teresa Tortonda criticó hoy el "sobrecoste" que a su juicio supone el actual "macrosistema" extremeño de gestión sociosanitaria para la aplicación de la Ley de la Dependencia, y propuso al Ejecutivo autonómico que utilice la plantilla de trabajadores sociales de base de la comunidad para el desarrollo de los servicios y prestaciones que se contemplan en dicha normativa.
Según defendió, es "necesario" que la Junta se replanteé la actual "macroestructura" del Sepad que para su formación "no ha funcionado", así como que en la línea de los "recortes" que a su juicio son necesarios en el actual contexto económico sea eliminada la "barbaridad en burocracia" existente en la actualidad para la valoración y tramitación de las ayudas y servicios.
En rueda de prensa en Mérida, Tortonda criticó igualmente el funcionamiento del sistema y lamentó que, según dijo basándose en los últimos datos del Ministerio de Política Social a fecha 1 de abril, actualmente en la comunidad existan "aproximadamente 6.000 personas" en el "limbo de la dependencia".
Se trata de personas, según explicó, que cuentan con la pertinente valoración y determinación del servicio que deben recibir pero que aún no son beneficiarios "reales" del mismo.
DATOS DE BENEFICIARIOS
En concreto, basándose en dichos datos, indicó que en Extremadura hay actualmente 38.533 solicitantes de la Ley de la Dependencia, de los cuales 28.686 cuentan con una valoración (y de ellas 21.667 son personas beneficiarias con derecho a prestación).
Asimismo, apuntó que hay 15.919 personas que ya reciben una prestación o servicio "real", lo que evidencia que "en Extremadura existen 6.000 personas aproximadamente que se encuentran en lo que se ha denominado el limbo de la dependencia".
Se trata, explicó, de personas a las que "se les ha valorado, cumplen con los requisitos de ser una persona dependiente, y que se saben la prestación y el servicio que deben tener pero que por esa mala política de aplicación, por esa macroestructura que se ha creado están sin recibir ningún tipo de servicio o de prestación".
INICIATIVA PARLAMENTARIA
La propuesta de reestructuración del servicio de aplicación de la ley será planteada en la próxima sesión plenaria por parte del Grupo Popular a través de una iniciativa mediante la cual mostrará su disconformidad con que actualmente en Extremadura se concedan servicios dentro de la Ley de Dependencia "de manera excepcional" mientras que las prestaciones son "la generalidad".
Asimismo, según avanzó Tortonda, su partido criticará el "retraso" que a su juicio se aplica en la comunidad en el pago de las prestaciones, y que asciende a entre 8 y 16 meses para la valoración de dependencia, y a entre 8 y 15 meses para la recepción de un servicio o prestación, afirmó.
ESTUDIO
Además, el PP solicitará a la Junta un replanteamiento de la estructura del Sepad en favor de otra que evite el actual "sobrecoste" de un sistema que es "tremendamente caro".
Sobre este respecto, la diputada 'popular' se hizo eco de un estudio del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales --facilitado a los medios--, según el cual el sistema equivalente al Sepad ha sido "ineficaz" en otros países y conlleva "un sobrecoste de gestión que tendrá sus consecuencia no tardando".
El mismo estudio establece no obstante "en positivo" que la gestión de entrega de prestaciones y servicios de los tres últimos meses de 2009 ha reducido "considerablemente" el "elevadísimo limbo" de personas en espera que tenía Extremadura.
FALLOS DEL SISTEMA
Asimismo, en su intervención, Tortonda calificó como "una barbaridad en burocracia" el número de unidades de gestión y de gerencias territoriales del Sepad y, si bien no reclamó su desaparición, sí planteó la "necesidad" de que sufra una replanteamiento de su organización mediante el empleo en sus labores de la red de 214 trabajadores sociales de base que, según Tortonda, ya existían en Extremadura antes de su puesta en marcha.
Para la diputada, dichos trabajadores sociales de base "son los que realmente conocen las necesidades de la familias y de los recursos existentes".
"La ley de la Dependencia en su aplicación en Extremadura no ha aportado nada nuevo porque del sistema de servicios sociales de base plenamente establecido se ha pasado a un sistema que no ha funcionado", dijo.
Finalmente, insistió en que "en algo estarán fallando (la Junta y el PSOE en la región) cuando se está en estos niveles" (de espera para la valoración y consecución real del servicio o prestación por dependencia.

miércoles, 14 de abril de 2010

Claves para la construcción del espacio sociosanitario en España



El informe "Claves para la construcción del espacio sociosanitario en España", que ha sido realizado por la compañía Antares Consulting, hace una extrapolación de la atención sociosanitaria en los hospitales de Estados Unidos (en concreto de la red conocida como Medicare) y lo traslada al sistema sanitario español.

Antares Consulting es una empresa de consultoría especializada en servicios de salud, ciencias de la vida y servicios sociales y sociosanitarios.

A continuación, extraemos el posicionamiento de los autores del informe (capítulo 2):

No tenemos que insistir en la importancia de las consecuencias del cambio de la pirámide demográfica en las sociedades avanzadas. Sería redundante y no queremos dedicarle más de una línea a reiterar su importancia. Lo que realmente nos interesa, es analizar su impacto sobre los servicios sanitarios (el cambio de paradigma epidemiológico a la “cronicidad”) y sociales (el impacto simultáneo del incremento del número de personas con dependencia y la disminución del cuidador familiar tradicional). Y en ello queremos centrarnos.

No vamos a exagerar el peligro, más evidente que nunca en estos momentos de fuerte crisis del crecimiento económico, que suponen para el estado del bienestar las consecuencias del cambio demográfico en proceso.

Pero tampoco vamos a negarlo. Los nuevos reconocimientos de derechos en España como el de la protección social de la dependencia tropiezan, casi antes de implantarse, con la constatación unánime de que han nacido cortos, nos tememos que muy cortos, de recursos. Y la situación de las arcas públicas no augura muchas alegrías en los próximos años. Las tensiones financieras puede que constituyan la mayor amenaza a corto plazo de la recién estrenada LAPAD pero también a la capacidad del sistema sanitario de responder a una demanda en crecimiento cuantitativo y en cambio cualitativo hacia nuevos perfiles.

Ante las dificultades, la respuesta técnica no puede ser otra que la de extremar la eficiencia en la gestión. El uso inadecuado, la duplicidad de servicios, el mal uso de recursos en suma, es más inaceptable que nunca en tiempos de dificultad. Y es aquí donde centramos nuestra preocupación: En España padecemos, de forma muy especial, un problema de coordinación de los recursos sanitarios y sociales. Si en todos los sistemas del mundo la integración de servicios de “long term care” es un tema de debate, en nuestro país es un problema nuclear. Las rigideces de ambos sistemas son un pozo de generación de ineficiencias, duplicidades de servicios e inequidades entre los ciudadanos.

Y lo que más nos preocupa no es ni la profundidad del problema, ni las evidentes dificultades
de abordaje. Lo que preocupa es la sensación de que, a pesar de las numerosas
experiencias y voluntades puestas en el tema, no parece que las políticas puestas
sobre la mesa tengan capacidad de cambiar la situación en un futuro ni próximo ni
lejano.

La LAPAD constituye sin duda un gran motivo de alegría en el desarrollo del estado del bienestar. No nos gustaría amargar la fiesta de su advenimiento. Pero hemos de constatar que en su redacción, lejos de contribuir a abordar el espacio sociosanitario, ha soslayado esta cuestión limitándola a un par de menciones sin ningún contenido y apenas intenciones en su articulado. Y en este caso mucho nos tememos que todo lo que no contribuye a la solución contribuye a aumentar el problema. La LAPAD está determinando sin duda un significativo crecimiento de los servicios sociales.

Un crecimiento que nuevamente consolidará y ampliará las duplicidades, ineficiencias y descoordinación entre el sistema sanitario y el social.

Un país con el nivel de recursos de España ¿puede permitirse el lujo de hacer crecer un sistema nuevo plagado de ineficiencias e inequidades? ¿No hay ninguna alternativa mejor?

Cuando repasamos las experiencias y conocimiento sobre el tema, aparecen otras perspectivas:

• Las proyecciones demográficas predicen un futuro en que la dependencia y la salud de las personas mayores serán, de hecho comienzan a serlo ya, el hecho dominante en la prestación de servicios personales públicos y privados. Pero también los estudios demuestran que estas consecuencias son gestionables. Si el crecimiento demográfico tiende al crecimiento exponencial de la utilización de servicios sanitarios y sociales, también es conocido el fenómeno de la compresión de la morbilidad: en determinadas sociedades, el envejecimiento de la pirámide demográfica ha ido acompañado por un aumento mayor de la salud de la población con lo que el número total de años de vida con discapacidad se reduce. El potencial de la intervención preventiva sobre los hábitos de las personas parece más que rentable ante esta evidencia.

• Otros cambios importantes nos inclinan a evitar las premoniciones más catastrofistas: en pleno cambio hacia poblaciones cada vez más envejecidas y con mayores tasas de utilización de servicios sanitarios, los ratios de camas hospitalarias por habitante están descendiendo en todas las sociedades occidentales. La oleada substitutoria de la hospitalización tradicional por recursos alternativos ha conseguido reducir drásticamente el peso del recurso de mayor coste en el sistema sanitario. Experiencias equivalentes se han producido también en el sector social con resultados evidentes de mejora de la eficiencia de los recursos. Aunque la tendencia al incremento del gasto sanitario y social sea evidente, las respuestas de la gestión pueden en gran medida minimizar este impacto al optar por servicios más eficientes.

• Por último, desde el campo de las experiencias en prestación de servicios sanitarios y sociales integrados y de gestión de la enfermedad crónica, se apuntan a otras formas diferentes de gestionar la cronicidad y la dependencia. Los modelos de atención integrada que hemos estudiado, ofrecen siempre unos resultados más que excelentes en integración del paquete de servicios, resultados asistenciales, satisfacción del usuario y disminución de la utilización de servicios. Si los estudios sobre disminución de costes no son concluyentes, al menos sí que sabemos que es posible hacerlo mucho mejor al mismo o a menor coste.


Sin embargo estos nuevos sistemas no surgen por generación espontánea. En todos los casos implican abordajes innovadores ensayados desde la voluntad de cambio de las políticas de servicio. Estos cambios tienen claras implicaciones en el trabajo y la cultura profesional, incluyendo la creación de nuevas “profesiones” y cambios radicales en los sistemas de información y la forma de entender el servicio al ciudadano.

Una política más eficiente de servicios requiere, por ejemplo, que los flujos financieros se desplacen en unos sentidos muy claros: desde el hospital hacia los servicios ambulatorios y comunitarios, y desde los servicios sanitarios hacia los sociosanitarios y sociales. Muchas veces, los importes de estos flujos son ínfimos comparados con el gasto sanitario y en especial con el hospitalario.

Este cambio, no es, como muchas veces se postula, un cambio genérico por principio de los recursos hospitalarios a comunitarios. Más bien al contrario, se trataría de reubicar recursos para una serie de programas muy concretos en que un cambio de enfoque ha demostrado sobradamente su eficiencia.

Cuando se analiza este fenómeno con números, los cambios no parecen en absoluto inabordables. Reorientar los servicios es factible en la práctica, pero ¿dónde están los incentivos para que estos flujos necesarios se produzcan? ¿Existe voluntad política para estos cambios?

Lo que nos preocupa, y es en gran parte la motivación que ha engendrado este documento, es que los cambios de la pirámide demográfica no se vean acompañados de las políticas necesarias de adaptación de los servicios.

La aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) no dudamos que ha tenido el efecto, enormemente positivo, de aumentar los derechos subjetivos de los ciudadanos ante una contingencia devastadora como es la dependencia.

Pero también nos tememos que por lo restrictivo de su enfoque, pueda parecer mucho más la ley que habría sido un gran avance hace 20 años, y no la que permita encarar con éxito el futuro de la dependencia. Con esto queremos decir que reconocer el derecho a la atención a la dependencia es un paso muy importante……que seguramente debería haberse realizado hace veinte años. Al abordarse ahora, el reconocimiento de este derecho pensamos que el enfoque debería haberse centrado también en otros aspectos, entre estos el eternamente pendiente del espacio sociosanitario; pero no sólo éste. Así, preocupa el enormemente escaso peso que se ha destinado a las medidas de gestión de la implantación. Más adelante veremos cómo determinados aspectos, como la evaluación interdisciplinar o los sistemas de información de nueva generación son factores de éxito fundamentales en todas las experiencias innovadoras.

La cicatería con que han sido tratados hasta ahora estos aspectos en la implantación de la LAPAD es quizá tanto o más preocupante que la posible insuficiencia de los recursos destinados a prestaciones.

Probablemente es normal que la LAPAD haya nacido con mayor o menor limitación de recursos para su despliegue. Y quizás se argumentará que, de otra forma, quizás no habría sido económicamente abordable. Pero no abordar algunos de los temas clave del futuro, como es el del espacio sociosanitario, o determinadas medias de acompañamiento no es tanto un problema de recursos como de enfoque. El que esta ley se desarrolle sin abordar la construcción del espacio sociosanitario sí que consideramos es un serio “handicap”.

¿Estamos a tiempo? ¿Por qué no? Perder una oportunidad no es perder para siempre el tren. Podemos abordar nuevas políticas sociosanitarias, de ello estamos convencidos.

Pero para hacerlo primero hay que tenerlas claras. En este documento de posicionamiento queremos evitar el pontificar u ofrecer recetas. Lo que buscamos es contribuir a una reflexión que estamos convencidos es imprescindible, y cada día más en los tiempos que corren.

Para ello tratamos, en este documento, de enfocar el problema del espacio sociosanitario, de identificar las barreras para su abordaje, de sintetizar algunas experiencias internacionales importantes, y de proponer elementos de abordaje para la construcción del espacio sociosanitario en España.

Si te interesa el resto del informe:

lunes, 12 de abril de 2010

OFICINA DE DENUNCIAS EN INTERNET PARA DELITOS DE ODIO

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

NOTA DE PRENSA

Denuncia a grupos en Facebook que promovían el asesinato y la violencia hacia Esteban Ibarra. Movimiento contra la Intolerancia crea una

Oficina de Denuncias en Internet para Delitos de Odio.

denunciamci@gmail.com

Alertados por una periodista del diario Publico.es, Movimiento contra la Intolerancia y su presidente, Esteban Ibarra, tuvieron conocimiento de que se había conformado un grupo de 61 personas en Facebook denominado “Yo también pienso que Esteban Ibarra debe morir” desde donde se realizaban comentarios hacia su persona de tinte racista que incluían la disposición de financiar su asesinato y se alentaba la violencia contra su persona.

Con una evidente participación de neonazis se comprobó que también algunos de estos también alentaban el grupo “Muerte al Islam” desde donde se amenazaba a una ciudadana rumana y gitana, afiliada al PSOE. A su vez se detectó otro grupo con 793 participantes denominado “Odio a Esteban Ibarra” que promovía a la violencia, el racismo y la xenofobia. Y más grave aún, la constatación de numerosos casos de agresiones por internet.

Durante el día de ayer, Movimiento contra la Intolerancia informó a la Delegación de Gobierno y se procedió a denunciar a estos grupo en la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha cursado la correspondiente denuncia al Juzgado e investiga quienes son los autores y promotores de esas webs y grupos en Internet.

Tras la constatación de la incesante comisión de delitos de odio y racismo, Movimiento contra la Intolerancia informa que de manera inmediata pone en funcionamiento una Oficina de Denuncias en Internet (denunciamci@gmail.com) asistida por un letrado de la asociación que canalizará hacia las Fiscalías de delitos de odio y discriminación recién creadas en Barcelona, Madrid y Audiencia Nacional las denuncias que se recojan de los usuarios de Internet por incitación al odio, discriminación y violencia por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, situación familiar, pertenencia a una etnia, origen nacional, sexo y orientación sexual o cualquier otro motivo discriminatorio.

Durante las últimas horas cientos de internautas han mostrado su indignación y se ha producido una reacción reclamando un BASTA YA! a la impunidad neonazi en Internet. Esteban Ibarra ha recibido entre otras reacciones, la solidaridad de Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino, asesinado por un neonazi, y presidenta de la Asociación de Víctimas del Fascismo y del Racismo, de la Asociación de Solidaridad con los Inmigrantes, de la Comunidad Judía de Madrid, de la Federación de Musulmanes en España, Asociación para la Concordia (ACOM) y de la Plataforma contra la Impunidad que agrupa a decenas de asociaciones afectadas y víctimas de la intolerancia criminal.

En esta foto teneis una muestra del odio y la agresividad de esta gente. Aunque hayan borrado perfiles, tenemos todo capturado. Aquí os dejo una muestra de los comentarios racistas, antisemitas e islamófobos de una imagen que colgaba el tal Panzer Acab contra los judíos.


Publicado en Baxtalo´s Blog, BLOG DEDICADO A LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA ROMAFOBIA Y EL ANTIGITANISMO.

El pueblo gitano se siente “marginado” en Cuenca

La Ceremonia del Río, una de las más significativas del pueblo gitano, tuvo lugar ayer en San Antón

Publicado en El Día de Cuenca, 11 de abril de 2010

Los gitanos de la capital conquense conmemoraron ayer su Día Internacional con el que pretenden acercar su cultura y sus tradiciones al resto de ciudadanos. Como no podía ser de otro modo, Cuenca no se ha quedado fuera de esta celebración que cada año cobra mayor relevancia en nuestro país. La ciudad acogió ayer diversos actos organizados por la Asociación Tchachipén y MINKA y contó con la colaboración de las organizaciones gitanas de Cuenca y la Fundación Secretariado Gitano.

La jornada comenzó con la tradicional Ceremonia del Río en el Puente de San Antón, donde decenas de gitanos lanzaron al agua claveles blancos como un símbolo de libertad. Unos momentos antes, el secretario general de la Federación Regional Gitana de Asociaciones de Castilla-La Mancha, José Saavedra, presenciaba la lectura de un manifiesto en el que se denunciaba que “a pesar de ser la minoría étnica más importante de España”, los gitanos “siguen siendo unos de los grupos que soportan más rechazo, marginación y exclusión social, además de una falta de reonocimiento y apoyo a nuestra identidad cultural”. Por ello, pidieron gozar de las mismas obligaciones que el resto, pero también de los mismos beneficios y oportunidades. En concreto, aspectos como el acceso a una vivienda digna o a un puesto de trabajo estable siguen siendo los más demandados por este colectivo que actualmente cuenta con 1250 personas censadas en la capital conquense. Según numerosos estudios de opinión, recalcaron, “los gitanos constituyen uno de los grupos peor valorados socialmente y ese rechazo deriva en numerosas prácticas discriminatorias que frenan el ejercicio de sus derechos ciudadanos”.

El 30% de la provincia de Cuenca vive bajo el umbral de la pobreza

Ropacor. La tienda de ropa de Cáritas Cuenca


Cáritas atendió el año pasado en Cuenca a 1.336 familias, y en el primer trimestre se sumaron 117

Publicado en El Día de Cuenca, del 9 de abril de 2010

Más de 65.000 personas viven en la provincia de Cuenca por debajo del umbral de la pobreza. Cáritas Diocesana de Cuenca alertaba ayer de la dramática situación que viven miles de personas en la provincia, especialmente desde que comenzó la crisis económica.

“Es impresionante la mala calidad de vida de la gente” cuenta Marcos en relación a las personas atendidas directamente por Cáritas. “Cuando vamos a visitarles a las casas, nos damos cuenta de que viven en sitios en los que no estarían ni los animales. La situación de déficit alimenticio, sanitario y personal es enorme. Además estas personas se excluyen ellas mismas por miedo a sentirse rechazadas por los demás” recalca.

La situación es tan precaria que en la capital se han vivido ya los cuatro primeros deshaucios y Cáritas ha acogido a alguna familia que se ha quedado sin sitio donde ir: “El año pasado ya alargamos algunas situaciones ayudando a las familias a pagar los meses que debían, pero no tenemos fondos para todos”.

Recursos escasos
Cáritas Diocesana se nutre de los fondos de aquellas personas que deciden colaborar con la organización, así como de la ayuda de las administraciones, que en el caso de Cuenca sólo llega en forma de 16.000 euros entregados por Diputación. “Y llegan tarde —lamenta Silvestre— de modo que, aunque estamos agradecidos, desde el mes de enero llevamos costeando de nuestros fondos todos los servicios que damos”.

Desde la organización lamentan que no haya más instituciones que ayuden a estos colectivos, aunque por otro lado cuentan que “sí estamos muy coordinados con los servicios sociales en general, para derivarles los casos que podemos”. Insisten en que es necesario un nuevo modelo social que respete la dignidad de la persona para salir de la crisis y mejorar una situación que está en el límite y tiene a la gente contra las cuerdas.

El 10% de la población de la capital conquense vive ya gracias a la ayuda prestada por Cáritas Diocesana. Los principales destinatarios de esta ayuda son familias inmigrantes que llevan ya mucho tiempo viviendo en la ciudad y que han trabajado siempre y, sobre todo, familias conquenses de toda la vida que se han quedado en el paro y no pueden hacer frente a los gastos del hogar.

El director de Cáritas Diocesana de Cuenca, Silveste Valero, acompañado por el responsable del programa de Acción Social de Base, Marcos, y la titular del programa de Atención a Inmigrantes, Asunción, ofreció ayer una rueda de prensa en la que, además de presentar un documento elaborado a nivel regional para “la construcción de un nuevo modelo social”, ofreció datos de la situación de los conquenses en esta crisis económica que tanto se está prolongando.

Personas atendidas
“En Cáritas Regional de C-LM se han atendido un 50% más de personas en 2009 que en 2008. Hemos tenido más de 18.000 acogidas directas y 100.500 solicitudes atendidas de diferentes demandas” explica Valero, quien detalla además que en Cuenca, las respuestas en acogida y asistencia de 2008 fueron 1.335, mientras que el año pasado subieron hasta las 3.626, casi el doble.

“El número de familias atendidas ha sido de 1.336, de ellas 650 en las Cáritas parroquiales y 686 en Cáritas Diocesana” precisa. En el primer trimestre, se han añadido 117 más. Esto supone que más de 5.000 personas —o lo que es lo mismo, uno de cada diez conquenses— están ya viviendo de la caridad en la ciudad, y todo apunta a que irá en aumento. “En septiembre de 2009 se disparó el número de familias atendidas y ahora ha disminuido un poco gracias a la prórroga en los subsidios de desempleo” detalla Marcos.

Sin embargo, el hecho de que la duración sea de sólo seis meses hace temer a los responsables de Cáritas que se produzca una nueva avalancha de demandas con el final del verano. “En septiembre esto puede ser un caos —apostilla Marcos— Pero además afectará al Ayuntamiento porque hay mucha gente que está viviendo al límite y que no va a poder pagar los impuestos municipales”.

Perfil de los demandantes
Por lo que respecta a los perfiles de las personas que acuden a pedir ayuda a Cáritas, hay dos bien diferenciados. Por un lado “familias de inmigrantes, de cuatro o cinco miembros, que siempre han trabajado y cotizado desde que llegaron y que ahora tendrán incluso problemas para renovar el permiso de trabajo y residencia” cuenta Asun.

Por otro, conquenses de toda la vida “a quienes les da vergüenza venir a pedir, con situaciones familiares normalizadas y que se ven en esta situación por culpa de la crisis” precisa Marcos. Estas personas, a pesar de tener arraigos familiares aquí, tampoco pueden ya echar mano de los suyos para salir adelante.