sábado, 13 de marzo de 2010

Los trabajadores sociales asturianos se pronuncian sobre la gestión de la Ley de Dependencia


El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias está difundiendo el siguiente texto, en el que se identifican cuellos de botella en los procedimientos para la tramitación de la Ley de atención a las personas en situación de dependencia, en el marco de su comunidad autónoma.

FUTURO DEL TRABAJO SOCIAL EN DEPENDENCIA

Como representantes del colectivo profesional de trabajadores y trabajadoras sociales en Asturias queremos trasmitirle nuestra preocupación por la orientación que sigue esta comunidad autónoma, en relación al procedimiento de gestión de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y a los resultados de la misma tras tres años de implantación.

Entendemos que desarrollar una ley como la 39/06 no es una tarea fácil y en muchas ocasiones se tiene que ir haciendo camino al andar, pero desde un principio los medios disponibles no han estado relacionados con las necesidades reales, sino previsiones iniciales o disponibilidades presupuestarias para contratar personal, totalmente despegadas de la realidad.

Nuestro colectivo profesional ya se posicionó en 2006 a cerca de lo que esta norma tenía de riesgo y de oportunidad para el sistema público de servicios sociales, así como advirtió de que para sacarla adelante no solamente hacia falta personal cualificado en valoraciones, sino también para la elaboración del programa individual de atención (PIA). También advirtió a los responsables políticos del momento de los límites a la hora de encomendar posteriormente ambas tareas a un mismo perfil profesional, como ya apuntaban otras comunidades autónomas.

Tres años más tarde el modelo en el que trabajadores sociales realizan a la par valoraciones y PIAS parece ser el que consigue mejores resultados en lo que a tiempos de tramitación.
Así seguimos años después y esto lógicamente trae consecuencias negativas que se agravarán si salen adelante algunas de las nuevas propuestas que la administración intenta introducir en el procedimiento de gestión.

La intención primera que parece inspirar los modelos de gestión de esta CCAA parece ir dirigido a aminorar los plazos de tramitación. Es una preocupación que compartimos y que entendemos que es necesario reflexionar a cerca dónde está el verdadero atasco, porque, que parte del procedimiento son indispensables y cuales se pueden eliminar u optimizar para conseguir que la gente esté atendida lo más rápido posible, pero también lo más adecuadamente posible.

Es en este último punto donde discrepamos de que la trayectoria que viene siguiendo la Consejería de Bienestar Social. A estas alturas ya se disponen de datos objetivos a cerca de la gestión y del impacto de la Ley 39/06. El atasco está en los PIAS, por falta de personal. Actualmente hay alrededor de 26.500 solicitudes en toda Asturias. Hay 50 profesionales contratados para hacer las valoraciones y 8 trabajadoras sociales para entre otras funciones, elaborar los PIAs, reforzadas puntualmente por contrataciones por acumulo de tarea de 3 meses de duración.

Para acortar plazos, la administración propone un procedimiento en el que los recursos se prescriban por escrito, por la trabajadora social preferentemente, pero también encomienda esa a tarea a otros profesionales de los equipo territoriales, sin que se adjunte informe social a la solicitud, sin que las trabajadoras sociales puedan seguir realizando entrevistas previas con la persona solicitante/representantes, considerando que el derecho a la participación se garantiza con la posibilidad de que la ciudadanía manifieste por escrito su desacuerdo con el PIA.

Como es evidente el/la trabajador/a social carecerá de elementos de juicio profesional. Por eso se pretenden que los valoradores realicen paralelamente la valoración y un informe técnico complementario dónde hagan una valoración adecuada del entorno y convivencia y que propongan el recurso idóneo. En definitiva que profesionales con formación en fisioterapia, terapia ocupacional y enfermería será los que prescriban los recursos en base a un informe social al que le han cambiado el nombre pero le mantienen los contenidos básicos del mismo.

A estas alturas ya existen datos objetivos que permiten valorar la efectividad de determinadas líneas políticas. El número horas anuales de los Servicios de Ayuda a Domicilio y la ocupación de plazas de otros recursos descienden en un volumen muy significativo, con lo cual las expectativas de una ley que a demás de contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas dependientes y familias y/o cuidadores, sirva para generar empleo y proporcionar unos cuidados de calidad con personal formado, no se cumplen.

Entendemos que a esta situación se ha llegado por varios caminos, pero coincidimos en la valoración realizada el informe elaborado por el grupo de expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la ley L39/06. Consideramos que si en Asturias hay problemas para poder elaborar con unas mínimas garantías técnicas el programa Individual de Atención, estas se van a agravar. Un elemento fundamental para que las personas opten por recursos adecuados a sus necesidades, es contar con una buena información valoración y orientación, poder contar con un asesoramiento personalizado que tenga en cuenta tanto la disponibilidad y economía de los recursos, como las particularidades de cada caso concreto.

Creemos en el enfoque interdisciplinar los problemas sociosanitario y valoramos positivamente la aportación de otros profesionales. La disciplina de trabajo social tiene una dilatada experiencia en la generación de conocimiento científico y en el entrenamiento de sus profesionales en situaciones de estas características, que parece que no se están considerando por parte de la administración.

De salir adelante los cambios que la administración pretende introducir en el procedimiento de gestión, la ciudadanía no va a salir bien parada, porque este tipo de medidas no van a ser la panacea para reducir plazos y se va a privar a la gente de los mínimos derechos y principios que la Ley 39/06 establece (igualdad, decisión, universalidad e integralidad etc).


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