En los últimos días, la prensa ha recogido diferentes aspectos cuestionables que se están produciendo en el proceso de implantación de la Ley de Dependencia.
Una de esas cuestiones radica en que, actualmente, se desconoce con exactitud el número de personas que se están beneficiando de las ayudas. Los datos de 1 de septiembre de 2009 muestran que hay 654.035 beneficiarios, y la misma cifra de prestaciones, entre las concedidas y las que están por concederse. Por tanto, se está equiparando el número de personas con el número de ayudas concedidas. Pero esto no es así, porque miles de ancianos están recibiendo más de una ayuda. Por ejemplo, van a un centro de día y además perciben el servicio de ayuda a domicilio.
El Gobierno está equiparando el número de beneficiarios con el de prestaciones. "La cifra no puede ser muy diferente", aventuran fuentes del Ministerio de Sanidad y Política Social. Pero las comunidades autónomas reciben dinero por esas personas y, de paso, sus estadísticas regionales salen maquilladas.
El sistema de información ha permitido que en las estadísticas hubiera casi 55.000 personas fallecidas, por las que el Gobierno libraba dinero a las comunidades autónomas. Ya se corrigió. Ahora hay unas 40.000 personas, al menos, que aparecen repetidas.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ley/Dependencia/financia/forma/irregular/miles/usuarios/elpepisoc/20090914elpepisoc_3/Tes
El pago de la dependencia también ha reabierto el debate sobre la Ley. La mayoría de comunidades autónomas exigen que el Estado reparta el dinero por el tipo de ayuda que prestan y no por el grado de autonomía. El coste de atender a un dependiente es muy dispar. No es lo mismo pagar los 1.800 euros mensuales de media que cuesta una plaza en una residencia que los 519 euros que recibe, como máximo, un cuidador no profesional cada mes. La teleasistencia aún es más barata: 20 euros mensuales.
Fuente: Público.es del 22/09/2009Una de esas cuestiones radica en que, actualmente, se desconoce con exactitud el número de personas que se están beneficiando de las ayudas. Los datos de 1 de septiembre de 2009 muestran que hay 654.035 beneficiarios, y la misma cifra de prestaciones, entre las concedidas y las que están por concederse. Por tanto, se está equiparando el número de personas con el número de ayudas concedidas. Pero esto no es así, porque miles de ancianos están recibiendo más de una ayuda. Por ejemplo, van a un centro de día y además perciben el servicio de ayuda a domicilio.
El Gobierno está equiparando el número de beneficiarios con el de prestaciones. "La cifra no puede ser muy diferente", aventuran fuentes del Ministerio de Sanidad y Política Social. Pero las comunidades autónomas reciben dinero por esas personas y, de paso, sus estadísticas regionales salen maquilladas.
El sistema de información ha permitido que en las estadísticas hubiera casi 55.000 personas fallecidas, por las que el Gobierno libraba dinero a las comunidades autónomas. Ya se corrigió. Ahora hay unas 40.000 personas, al menos, que aparecen repetidas.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ley/Dependencia/financia/forma/irregular/miles/usuarios/elpepisoc/20090914elpepisoc_3/Tes
El pago de la dependencia también ha reabierto el debate sobre la Ley. La mayoría de comunidades autónomas exigen que el Estado reparta el dinero por el tipo de ayuda que prestan y no por el grado de autonomía. El coste de atender a un dependiente es muy dispar. No es lo mismo pagar los 1.800 euros mensuales de media que cuesta una plaza en una residencia que los 519 euros que recibe, como máximo, un cuidador no profesional cada mes. La teleasistencia aún es más barata: 20 euros mensuales.
Por último, destacamos otra noticia que presenta a la Ley de Dependencia como perpetuadora del cuidado de los ancianos en casa. El 51 % de las ayudas concedidas es una paga para las mujeres que atienden a sus mayores. Así, la dirección que están tomando las cosas es justo la contraria de lo que prevee la ley. La ayuda al cuidador familiar debería ser excepcional y siempre que se den las condiciones adecuadas en la vivienda. Pero dos factores han dado la vuelta a la tortilla: las preferencias de los ciudadanos, guiados aún por modelos tradicionales de cuidados a la vejez, y lo barata que les sale a las comunidades autónomas esta prestación, mucho más que una plaza en un geriátrico. A ello se añade la escasez de servicios, que aboca a los profesionales, en ocasiones, a recetar esta ayuda económica con tal de que el ciudadano reciba algo. Los trabajadores sociales reconocen que, a veces, no es lo más adecuado para el anciano, pero no hay otra cosa que ofrecer. La ley prevé, además, formación para el cuidador, que tampoco está recibiendo.
Una plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda más concedida, con casi un 20 % de los casos. Pero esto es engañoso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geriátrica (86.220 en total) ya estaban atendidas allí antes incluso de que se aprobara la ley. Las comunidades autónomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables autonómicos.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ley/Dependencia/perpetua/cuidado/ancianos/casa/elpepisoc/20090922elpepisoc_2/Tes
Una plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda más concedida, con casi un 20 % de los casos. Pero esto es engañoso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geriátrica (86.220 en total) ya estaban atendidas allí antes incluso de que se aprobara la ley. Las comunidades autónomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables autonómicos.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ley/Dependencia/perpetua/cuidado/ancianos/casa/elpepisoc/20090922elpepisoc_2/Tes
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