El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dedicó, en su primera intervención en el Debate del Estado de la Región, un espacio relevante a las políticas sociales, sanidad, atención a los mayores y servicios sociales, como seña de identidad del Gobierno que preside. En este contexto anunció la Ley de Derechos y Deberes de las personas en relación con la Salud y la Ley de Servicios Sociales que desarrolla la Renta Básica de Ciudadanía.
Con la la Ley de Servicios Sociales se pretende definir el Sistema de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, los servicios sociales como un derecho de ciudadanía, no como una prestación graciable, y concretar la cartera de servicios y los sistemas de garantía de calidad para los usuarios de los mismos. En el marco del Pacto por Castilla-La Mancha, esta Ley también va a desarrollar la Renta Básica de Ciudadanía.
José María Barreda destacó que las políticas sociales, además de su interés asistencial, son generadoras de empleo, tal es así que en los últimos años en Castilla-La Mancha se han creado 13.000 empleos directos e indirectos en estas áreas.
Consciente de las dificultades que conlleva la aplicación de la atención a la dependencia, explicó que ya son más de 20.000 los beneficiarios de la misma. En este marco convocó a la sociedad a articular un programa de desarrollo futuro: el Plan de Salud y Bienestar Social 2011-2020 que va a diseñar el sistema sanitario de Castilla-La Mancha para que sea referente europeo en 2020.
El Plan de Salud y Bienestar Social diseñará el modelo de cuidados que asegure la continuidad de la atención a lo largo de la vida de las personas y a lo largo de los diferentes procesos de enfermedad o discapacidad. Fijará los modelos de participación de las personas, que deben ser protagonistas en la gestión del proceso de atención. Contemplará también los sistemas de mejora continua de la calidad y la forma en que todas las políticas públicas deben contribuir a la salud y el bienestar de las personas.
El Plan de Salud y Bienestar Social diseñará el modelo de cuidados que asegure la continuidad de la atención a lo largo de la vida de las personas y a lo largo de los diferentes procesos de enfermedad o discapacidad. Fijará los modelos de participación de las personas, que deben ser protagonistas en la gestión del proceso de atención. Contemplará también los sistemas de mejora continua de la calidad y la forma en que todas las políticas públicas deben contribuir a la salud y el bienestar de las personas.
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