Primeras horas en una de las 468 oficinas de Cáritas en la diócesis de Madrid. Acaba de entrar una muchacha. Tiene 28 años, pero aparenta menos. Llega con dos chiquillos. Vive en la barriada de Carabanchel y acaba de quedarse sin casa. Tampoco tiene trabajo. Y ha perdido, además, al padre de sus hijos. Se ha marchado. Nada, no tiene nada. La mujer parece asustada, como un perrito apaleado. Ha acudido antes a las puertas del Estado. En realidad, llega a Cáritas remitida por los servicios sociales municipales. Es evidente que tiene derecho a una atención urgente, de emergencia, por parte de la Administración Autonómica o Municipal (una vivienda de integración, la renta social básica, el salario social, etc...), pero los servicios sociales están saturados. Ahora mismo tardan meses -un mínimo de dos, a veces más de cinco meses- en tramitar esas ayudas, así que la propia trabajadora social ha tomado la decisión de remitir el caso a Cáritas.
La situación se repite miles de veces en toda España. "Es el pan nuestro de cada día", lamenta Carmelo Corada, de Cáritas Bilbao. "Nosotros llegamos a dónde podemos, pero no podemos con todo", añade. La mayoría de las veces, el problema no es el dinero, sino la burocracia. "Esas personas tienen derecho a las ayudas oficiales, que terminan cobrando. Pero la administración tarda meses en dar una respuesta, así que nos piden que, mientras tanto, solucionemos la emergencia y adelantemos el dinero. Hemos pedido a la Administración que busque las respuestas adecuadas. No puede funcionar ahora con los mismos medios y los mismos esquemas", sentencia Corada.
"Los trámites en las ayudas públicas para estos casos de emergencia (también para las tramitaciones ordinarias) son desesperantes. A veces, la persona en apuros debe esperar un mes para ser escuchada (lo llaman "cita previa"), y otros tres o cuatro meses (ahora, incluso más), hasta que la burocracia toma una determinación, casi siempre favorable. Pero hay que comer cada día, o hay que pagar el alquiler, así que acuden a nosotros, que podemos decidir en cada momento. A veces son las propias trabajadoras sociales del Ayuntamiento las que nos llaman con la recomendación. Es verdad que lo normal es que nos repongan ese dinero, pero el problema no debe resolverse así. Cuando llegan a nosotros, esas personas están enfadadas por tanto vete allí o vete allá. están angustiadas y se enfadan. Es normal. Los trámites administrativos deben cumplirse bien, pero no puede ser que se prolonguen durante tanto tiempo", lamenta el dirigente de Cáritas Bilbao.
A la muchacha de Carabanchel que llegó con dos críos la atendió personalmente Concha García, coordinadora técnica de Cáritas Madrid. "Nos preocupa el número creciente de personas que llegan a nosostros enviados por los servicios sociales públicos. Pueden representar el 54%, incluso el 56%", afirma.
(Extracto del artículo "Trampas y miserias del Estado del bienestar", escrito por Juan G. Bedoya publicado en EL PAÍS del domingo 5 de julio de 2009, pp. 38 y 39. El artículo relata el hecho de que los servicios públicos, atascados por la crisis, desvían a miles de ciudadanos hacia Cáritas, al mismo tiempo que recoge la denuncia de que España destina a gasto social 74.000 millones menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo).
No hay comentarios:
Publicar un comentario